Hace unos días fueron ampliamente difundidos algunos datos del Informe Legislativo 2016, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Concretamente fue reiterada por distintos medios informativos la interpretación de dos datos relacionados con el desempeño del Congreso de Aguascalientes: el primero, es uno de los más caros porque cada sesión costó más de cinco millones de pesos; y segundo, es uno de los más ineficientes porque tuvo pocas sesiones plenarias.
Estas dos afirmaciones, en principio, son falsas. Más allá de que la valoración del trabajo parlamentario no es un asunto aritmético, permítanme mostrar algunos otros datos obtenidos del mismo estudio del IMCO.
De los 32 congresos locales en el país el de Aguascalientes se encuentra en la sexta posición con el menor costo al erario público. En 2016 ejerce un presupuesto anual de 172 mdp, muy alejado de la media nacional de 401 mdp. Haciendo un comparativo con el presupuesto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (mil 820 mdp), se podrían financiar más de diez congresos con igual presupuesto que el nuestro.
Otra lámina se titula “Presupuesto por Diputado en 2016” -término impreciso, ya que no se trata del presupuesto asignado a cada diputado, sino más bien es la división total del presupuesto entre el número de diputados-, ahí se coloca nuevamente a nuestro Congreso por debajo de la media nacional, en el noveno sitio, con 6.4 mdp, mientras que los cinco estados con la cifra más alta superan 17 mdp. Un dato más, el Congreso de Aguascalientes es una de las dos únicas instituciones parlamentarias en el ámbito nacional que ha tenido una disminución real en sus presupuestos superior al 10 por ciento.
Si usted se toma el tiempo de apreciar la información del documento completo, advertirá que en nuestro Congreso la remuneración bruta mensual por diputado es una de las menores en lo nacional; sólo en Aguascalientes y en otro estado del país, los legisladores reciben un aguinaldo de 35 días o menos; está en el grupo de los diez estados que destinan más de 230 días naturales a sus periodos ordinarios de sesiones; entre otros datos.
Más allá de la información vertida en el documento del IMCO, quiero insistir que la valoración del trabajo legislativo no es un asunto aritmético, de sumas restas, divisiones y multiplicaciones. El quehacer de los congresos debe evaluarse principalmente bajo criterios cualitativos. De hecho, los indicadores de gestión de Parlamento Abierto, de acuerdo a los modelos adoptados internacionalmente, están centrados en la calidad del trabajo parlamentario, no en las cantidades que se desprenden del ejercicio legislativo.
El Congreso del Estado está lejos de ser uno de los más caros e ineficaces. Los hechos y las cifras reportadas por el IMCO no sustentan en ningún momento estos dichos. Incluso, sin tomar en cuenta muchos datos no reportados, usando únicamente los mismos números del informe, se puede afirmar que el Poder Legislativo local es uno de los menos costosos y más eficaces del país.
Debemos tener en cuenta que detrás de cada iniciativa presentada y cada asunto resuelto, existe un proceso de estudio y análisis. En cada sesión de trabajo parlamentario hay una dinámica de diálogo, deliberación e implementación de mecanismos de convergencia entre las fuerzas partidistas representadas. Partiendo de esta concepción, a cada cifra, a cada número, le corresponde un tiempo determinado de trabajo, investigación, debate y acuerdo, que permiten la construcción de mayorías con la inclusión de las minorías.
Sin duda este tiempo de cuestionamientos e incertidumbres en la esfera pública, nos impone el reto de comunicar mejor nuestro quehacer, para que los ciudadanos conozcan lo que hacen sus representantes, para convencer con la fuerza de los hechos y de las ideas.
Hace un par de años, en la sección de apoyo a las instituciones representativas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se identificaron tres áreas de incidencia para mejorar el trabajo legislativo, con el fin de revertir la desafección hacia la política e impulsar sistemáticamente la transparencia.
En primer lugar, se llamaba la atención en el comportamiento individual de los legisladores, para trabajar en la vinculación de los valores y principios de la transparencia y de la ética en quienes ejercen la representación política.
En segundo lugar, se hacía referencia al nuevo rol fundamental de los actores de la sociedad civil, para estrechar lazos de colaboración con el fin de generar condiciones de comunicación y colaboración óptimas que incidan en la mejora continua de las instituciones legislativas.
Y un tercer punto fundamental, en el cual se llamaba a atender el tema de la cobertura informativa de los medios de comunicación, con el fin de identificar qué tipo de cobertura se hace de la información parlamentaria, siguiendo “el objetivo de superar la lógica del escándalo en la que en ocasiones caen los medios de comunicación, a través del fomento de una serie de buenas prácticas de la cobertura informativa que permita un tratamiento mediático más institucionalizado y cercano a la función de servicio público”.
Partiendo del consenso de que estamos ante una nueva forma de mirar el trabajo legislativo, donde coincide la viralidad de la política con la bidireccionalidad de la comunicación entre los ciudadanos con representación pública y los ciudadanos emisores y propagadores de la información, será fundamental amalgamar un compromiso mutuo entre los representantes y los periodistas, para construir una mejor sociedad: combatiendo las distintas formas de corrupción, denunciando abusos, evaluando a las instituciones públicas con el fin de mejorarlas, comunicando con compromiso social.
Cuando esté en nuestras manos, siempre vayamos a la fuente original. T. S. Eliot se preguntaba: ¿Dónde está la sabiduría que extraviamos en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información?
