Una vez terminados los cómputos derivados de la jornada electoral celebrada el pasado domingo 5 de junio del presente año, los partidos políticos y candidatos independientes, tuvieron a su alcance la posibilidad jurídica de impugnar las constancias de mayoría, emitidas por las distintas autoridades electorales, ya sea por parte de los Consejos Municipales tratándose de la elección de Ayuntamientos, de los Consejos Distritales y la elección de diputados, o bien del propio Consejo General , en lo que se refiere a la elección de Gobernador del Estado o de las curules y regidurías de representación proporcional.
Al final del día, una vez fenecidos los plazos legales para impugnar los resultados de los cómputos, la coalición denominada Aguascalientes, grande y para todos, finalmente impugnó las elecciones a Diputados de los distritos 13 y 18, así como la elección de ayuntamiento del municipio de Aguascalientes, siendo la fuerza política que más elecciones impugnó; por otra parte Acción Nacional impugnó las elecciones de los ayuntamientos de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos; en ese mismo sentido, el PVEM impugnó la elección del Ayuntamiento de Asientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, mientras que Nueva Alianza impugnó la elección del ayuntamiento de Pabellón de Arteaga.
En cuanto hace a la elección de gobernador, como bien lo sabemos, se recibieron tres medios de impugnación, uno por parte de la coalición Aguascalientes, grande y para todos, así como por Morena y Movimiento Ciudadano, esté último al final del día fue retirado de la mesa por parte de su dirigencia en el Estado.
Del lado de los candidatos independientes, se recibieron cuatro impugnaciones, todos en elecciones de Ayuntamientos: Jesús María, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Aguascalientes, en los cuales dichos ciudadanos buscan les sea reconocido su derecho para participar de la repartición de regidurías por el principio de representación proporcional.
Mucho se ha analizado y manifestado respecto a la decisión de impugnar los resultados de una elección. Algunos lo rechazan tajantemente, arguyendo una falta de respeto por las reglas del juego o a la decisión popular y por la generación de una eventual división social, parálisis productiva en el comercio local y en general que no abonan a un ambiente social pacífico.
Otros por su lado, manifiestan violaciones graves en alguna parte del proceso electoral y señalan que por las mismas el resultado de la elección pudo ser distinto, se realizan de manera paralela señalamientos de acontecimientos, declaraciones, situaciones a las cuales les atribuyen la debacle electoral, se acusa la comisión de delitos e infracciones electorales que aparentemente coaccionaron la voluntad libre del electorado y en el peor de los escenarios se arguyen violaciones de fondo que hacen nula toda una elección.
Como podemos ver, ambas partes tienen algo de razón, por un lado es válido solicitar se respeten los resultados, basados en la simple idea de que el sistema democrático en que se desarrolla todo el sistema electoral, implica que hay ganadores y perdedores, que un voto puede ser la diferencia entre acceder a un cargo de elección popular o no y que esa simple regla la conocían todos los contendientes aún antes de inscribirse en el proceso electoral, por lo que concluyen su razonamiento, rechazando la decisión de impugnar los resultados. Por el lado de los que fungen como la parte actora en la eventual impugnación, defienden su decisión en una defensa del voto legítimo, argumentan su decisión en la idea de representar al universo que emitió su voto a su causa y que precisamente por el elector es que buscan corregir las posibles fallas en el proceso electoral.
Lo cierto es que no nos debe sorprender que los partidos políticos y, a partir de esta elección los candidatos independientes, presenten sendos medios de impugnación buscando la nulidad de la elección o bien corregir alguno de los resultados. Lo anterior en virtud de que los medios de impugnación constituyen una parte fundamental en el diseño del sistema electoral mexicano; sin la intervención del órgano jurisdiccional, no se entiende el mismo, la revisión por parte de un tribunal resulta pues casi obligatoria, máxime si consideramos la importancia que representa la elección de autoridades en una entidad federativa.
Lo que también resulta importante señalar, es que la presentación de medios de impugnación en una elección no resulta extraordinaria, en cada uno de los procesos electorales recientes en Aguascalientes, se han presentado recursos de nulidad para acusar y solicitar la intervención del órgano jurisdiccional buscando revertir los resultados arrojados en las urnas. Aquí algunos datos, en el último Proceso Electoral 2009-2010, de las elecciones comúnmente denominadas como “completas”, es decir, que implica la totalidad de cargos de elección popular en un mismo proceso electoral, se recibieron 26 recursos de nulidad en contra de los resultados arrojados en los cómputos del Instituto Estatal Electoral, incluida por supuesto, la entrega de la constancia de mayoría al candidato electo al cargo de Gobernador del Estado; otro dato, en la última elección local celebrada en el año 2013, en la cual se renovaron los Ayuntamientos y el Congreso del Estado, se interpusieron un total de 12 recursos de nulidad en contra de los cómputos realizados por los organismos del Instituto Estatal Electoral.
Como vemos, es una constante que los resultados de una jornada electoral sean impugnados por los partidos políticos y en mi particular punto de vista considero que inclusive resulta ser una práctica que fortalece al sistema democrático en México, debemos entender que la existencia de los tribunales especializados en la materia resulta ser una vía idónea para dirimir controversias. Es por ende preferible a todas luces, que los conflictos post electorales se resuelvan en los tribunales y no en las calles – lo he repetido en múltiples escenarios-, considero que el que los partidos políticos y candidatos independientes acudan a los tribunales a dirimir sus controversias es una señal de la existencia de un sistema electoral cada vez más sólido, al final de cuentas, los tribunales se han especializado en la materia.
Así pues, al encontrarnos en la etapa litigiosa del proceso electoral, el papel que como sociedad nos corresponde adoptar, es de paciencia y respeto a los tiempos. Tenemos un robusto sistema de medios de impugnación en materia electoral, dejemos que los tribunales electorales realicen su función y al final del día seamos respetuosos del sentido de las eventuales sentencias. Estoy cierto que con la emisión de cada asunto puesto a su consideración, se fijarán nuevos precedentes que servirán para futuras reformas legales a nuestra legislación local electoral.
/landerosiee | @LanderosIEE
