- Entre de 2010 y 2015, la entidad recibió 42 mdp para concretar la reforma penal, cuatro veces menos que la Ciudad de México
- El presupuesto federal destinado a subsidios fue recortado en 29% en 2016, año en que entró en vigor el NSJP
Aguascalientes es el estado con el subsidio más bajo asignado hasta el momento por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) para la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de 2010 a 2015.
De acuerdo a un análisis elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), en ese periodo la entidad recibió un monto de 42 millones 930 mil 869.65 pesos para invertir en los rubros de infraestructura, tecnología y equipamiento, capacitación, gestión y organización, difusión y transparencia, planeación, seguimiento y evaluación y normatividad necesarios para la implementación, operación y consolidación del sistema de justicia acusatorio.
El estudio titulado Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal detalla que entre 2010 y 2015, la Setec distribuyó tres billones 510 millones 92 mil 861.60 pesos a las entidades federativas.
En ese lapso los estados que más recursos federales han recibido fueron la Ciudad de México, con 187 millones 465 mil 234.29 pesos; Baja California, con 187 millones 279 mil 21.02 pesos; el Estado de México, con 187 millones 94 mil 435.29 pesos; Guanajuato, con 177 millones 471 mil 283.70 pesos; Nuevo León, con 154 millones 200 mil 399.07 pesos y Chihuahua, con 152 millones 345 mil 776.72 pesos.
En contraste, las entidades que recibieron la menor cantidad de recursos -además de Aguascalientes, que ocupa la última posición- fueron Nayarit, con 50 millones 470 mil 680.23 pesos; Quintana Roo, con 52 millones 220 mil 831.44 pesos; Baja California Sur, con 56 millones 171 mil 69.26 pesos y Querétaro, con 59 millones 205 mil 225.00 pesos.
En 2015, las entidades federativas que en mayor medida fueron beneficiadas con el subsidio de apoyo para la implementación del nuevo sistema, fueron el Estado de México, con 60 millones 975.09 pesos para 24 proyectos; la Ciudad de México, con 43 millones 132 mil 364.85 pesos para 21 proyectos y Nuevo León, con 38 millones 913 mil 505.40 pesos para 15 proyectos. Por su parte, los estados con menor monto fueron Baja California Sur, con 16 millones 815 mil 328.97 pesos para 17 proyectos; Colima, con 18 millones 861 mil 436.27 pesos para 32 proyectos y finalmente Aguascalientes, con apenas 17 millones 667 mil 940,26 pesos para 18 proyectos.
Cabe recordar que a partir de 2010 -un año y medio después de la publicación de la reforma constitucional en materia de justicia penal- el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempló un monto asignado para apoyar los procesos de implementación del sistema de justicia penal, a través de un subsidio, cuyo otorgamiento y aplicación corresponde a la Setec. Entre 2010 y 2016, el Congreso de la Unión asignó un total de cinco billones 235 millones 718 mil 382 pesos al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de los cuales el 81 por ciento -cuatro billones 241 millones 312 mil 422 pesos- se destinaron al otorgamiento de subsidios.
En el estudio de Cidac también se señala que en 2016 -año en que el Nuevo Sistema de Justicia Penal arrancó en todo el país- el presupuesto destinado al otorgamiento de subsidios sufrió un recorte del 29 por ciento: “Esto podría indicar dos cosas: primero, que los legisladores dieron menor prioridad a las necesidades financieras en materia de justicia y, segundo, que prevalece la idea de que la implementación culminará en junio de 2016, sin tomarse en cuenta las enormes necesidades que se tienen de manera posterior al cumplimiento del plazo constitucional”.
