¿A qué me refiero con “argumentación pública”? Argumentar, en general, tiene por objetivo solucionar cierto tipo de conflictos: aquellos que tienen que ver con creencias y deseos. Argumentamos con pasmosa naturalidad, y la argumentación es ubicua en innumerables de nuestras prácticas: argumentamos cuando deseamos sentar una opinión o rebatirla, cuando buscamos fundar un veredicto, cuando buscamos que una decisión personal sea lo más racional posible, cuando estamos indecisos entre adoptar o rechazar una creencia, así como en un vasto y variopinto paisaje de contextos y con incontables objetivos. Sus modos también son de lo más variados: el debate, el diálogo, la conversación, la charla. Con el término ‘pública’, deseo referirme a un tipo de argumentación que se da en ciertos contextos y con ciertos objetivos específicos: que busca atender a conflictos que tienen que ver con intereses comunes de un grupo (en oposición con conflictos estrictamente personales). Dicho grupo puede ser una familia, una comunidad, un Estado. Así, existen diversos tipos de argumentación pública, los cuales se distinguen en grado: dependiendo el tipo de intereses comunes y las características del grupo. Un par de casos paradigmáticos de argumentación pública se dan en los debates morales dentro de las relaciones internacionales, y en los referentes a los derechos humanos (pues se supone que los intereses en cuestión tienen que ver con el hecho de ser humanos, lo cual nos implica a todas y todos).
¿Por qué es necesario un modelo de argumentación pública? Como afirmó Rawls, el pluralismo es un hecho: vivimos en un mundo plural. Esto quiere decir que cada vez se nos hace más patente que las demás personas creen, desean, esperan e imaginan cosas distintas a las mías y a las de ustedes. Viven con estilos de vida diferentes, muchas veces opuestos a los nuestros. Que la pluralidad sea un hecho quiere decir que no es algo que deba gustarnos o no, es algo con lo que debemos lidiar. Las personas (ahora lo sabemos y pocos lo pondrían en duda) tienen derecho a creer y desear lo que ellas consideren adecuado para sus vidas, y con seguridad muchas veces esas creencias y deseos entrarán en conflicto con los nuestros. Frente a los inevitables (y muchas veces atroces) conflictos de creencias y deseos en nuestras sociedades plurales, tenemos dos alternativas iniciales: enfrentarlos con violencia o enfrentarlos argumentativamente. Si aceptamos que la violencia no es deseable para enfrentar (al menos no todos) nuestros conflictos, aceptaremos igualmente que debemos encontrar un camino para navegar sin colisiones a través de la pluralidad. Ahora bien, cierto tipo de conflictos no son evitables, y tienen que ver con intereses comunes de personas que creen y desean cosas distintas. Una vía obvia de resolución de dichos conflictos apela a la imposición de una de las partes (o a cualquier otro ejercicio de poder). No obstante, este camino no es deseable, pues siempre habrá alguien más poderoso que yo (al menos, tarde o temprano). Otra opción es la tiranía de la mayoría: ejercer las posibilidades de nuestra incipiente democracia, y sus múltiples defectos. Otra más es argumentar, y así resolver conflictos que involucran intereses comunes en el marco de la pluralidad. Esta opción, la menos violenta de suyo, y por ende quizá la más deseable, requiere un modelo de argumentación pública: i.e., requiere de ciertas condiciones que modelen nuestros debates y los lleven por buen camino (y no a nuevas formas de violencia).
¿A qué me refiero con un modelo mínimo de argumentación pública? Es mínimo en tanto que resulta imposible determinar las condiciones suficientes para que un debate que involucra intereses comunes en el marco de la pluralidad se resuelva exitosamente. Dichos debates contienen innumerables contingencias imposibles de prever, cada uno requiere modos y medios distintos, y cuenta con distintos recursos. Sin embargo, sí es posible determinar algunas condiciones necesarias para que dicho debate no fracase: así, no contaremos con un modelo total o unificado de argumentación pública, el cual resulta imposible, pero sí con un modelo mínimo que oriente el juicio de los que en él participan.
¿De qué tipo son estas condiciones necesarias para delinear un modelo mínimo de argumentación pública? En primer lugar, cabe decir que la argumentación es un tipo de acción: cuando argumentamos hacemos algo. En segundo lugar, existen -al menos- cuatro elementos relevantes cuando describimos o evaluamos una acción: el agente que realiza la acción, la acción en sí misma, las consecuencias de dicha acción y el contexto en el que se realiza la acción. Esta forma de presentar el marco para describir y evaluar las acciones ha llevado, dependiendo el énfasis que se dé a cada elemento, a cuatro grandes teorías morales: las teorías de la virtud, las teorías deontológicas, las teorías utilitaristas y las teorías relativistas. En el caso de una argumentación -por analogía, dado que la argumentación es un tipo de acción- podemos reparar en cuatro elementos cuando describimos o evaluamos una argumentación: en el agente argumentativo, en el argumento mismo, en las consecuencias del argumento y en el contexto de la argumentación. Con respecto al argumento mismo, cabe decir que la calidad del argumento, en tanto argumento, poco depende del tipo de práctica argumentativa. Podemos evaluar su validez deductiva -incluso, su fuerza inductiva- independientemente del tipo de argumentación. Con respecto a los objetivos específicos de los distintos tipos de argumentación pública, cabe decir que el objetivo es el mismo en todos los casos: la coalescencia. La coalescencia puede ser entendida como un rasgo de carácter del agente argumentativo (aquella actitud de quien no sólo busca vencer en la discusión), o como la consecuencia deseable de un debate público: la resolución de un conflicto que involucra intereses comunes en el marco de la pluralidad, a pesar de que persistan muchas de las diferencias entre los distintos actores que toman parte en el debate. Por tanto, las condiciones necesarias que debemos buscar para delinear un modelo mínimo de argumentación pública tienen que ver tanto con el agente argumentativo como con el contexto de la argumentación: son ciertas virtudes argumentativas y ciertas condiciones que sitúan al debate, respectivamente.
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