Aprueba Congreso local nueva normatividad en transparencia

• Por unanimidad fueron aprobadas la reforma constitucional local y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes.
• Fue reformada la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Aguascalientes.

En sesión ordinaria del Pleno Legislativo, este jueves fueron aprobadas por unanimidad las iniciativas en materia de transparencia planteadas por el titular del Poder Ejecutivo e integrantes del Congreso del Estado de Aguascalientes, tanto en lo constitucional como en la normatividad reglamentaria para la entidad.

Se sometió a debate el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelve la iniciativa por la que se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; de igual manera, se expide la Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, signada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre; así mismo, la iniciativa por la que se adiciona la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba, a nombre del Partido Acción Nacional, y la iniciativa por la que se adiciona la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por Cecilia Márquez Alvarado y Sylvia Violeta Garfias Cedillo, también del PAN.

De manera general, las propuestas tienen por objetivo armonizar la normatividad local con la reforma a la Constitución Federal en materia de Transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, así como con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y en consecuencia establecer en la Constitución local que Aguascalientes contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado.

En consecuencia, se busca efectuar los cambios estructurales y procedimentales en el organismo local garante en la materia y de los sujetos obligados, a fin de garantizar el respeto al derecho humano de acceso a la información, así como la protección de datos personales, entre otras cosas.

María de los Ángeles Aguilera Ramírez afirmó que esta reforma no debe tener ninguna paternidad, pues es producto del anhelo de la ciudadanía, dándole mayores atribuciones al Instituto Estatal de Transparencia (ITEA), al dar a conocer que la adecuación de la iniciativa contempla que ninguna dependencia u organismo estatal estén excluidos de brindar información a quien la solicite, incluso, sindicatos, universidades públicas, y cualquier ente que ejerza recursos públicos estará obligado a rendir cuentas, resaltó que esta es una reforma que propicia mecanismos que inhiben los actos de corrupción, al brindar un marco legal que garantice el derecho a la información pública de la población.

Aguilera Ramírez reconoció la labor de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que demostraron su voluntad política para impulsar y aprobar tan trascendente dictamen.

La diputada Martha Cecilia Márquez Alvarado subió a la tribuna para respaldar el dictamen, quien refirió que a pesar de que se llegó al límite temporal para actualizar la normatividad en materia de transparencia, se realizó un buen trabajo legislativo, por lo cual reconoció la capacidad política de Ángeles Aguilera Ramírez. No obstante, lamentó que el órgano encargado de garantizar la transparencia a nivel local sea el primero en caer en opacidad, y que a nivel federal el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “esté frenando la reforma total anticorrupción”, así como iniciativas como la Ley 3de3.

Por técnica legislativa, primero se dictaminó y votó lo referente a la reforma constitucional, que obtuvo la unanimidad de los integrantes de la LXII Legislatura, y posteriormente, lo referente a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes. Previamente, también se hizo la declaratoria de validez constitucional respecto a la reforma nacional, que también fue aprobada por la representación popular de la entidad.

Juan Manuel Méndez Noriega, en representación del PRI y el Verde, dijo que estamos revitalizando nuestras instituciones para continuar impulsando el sistema democrático del siglo XXI, pues se incorporan varios apartados para que la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción sean una realidad. El dictamen en mención, indicó Méndez Noriega, además de alentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, fomenta la participación ciudadana, mediante mecanismos que impulsen que la toma de decisiones de los gobiernos será en gran parte fundamentada en las demandas populares. Aseguró que estas reformas propiciarán que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones, pues está garantizado el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos aguascalentenses.

Sylvia Violeta Garfias Cedillo, señaló que México se encuentra en el ranking de los 50 países más corruptos, por lo que celebró y agradeció el apoyo de sus compañeros para la reforma en materia de transparencia, que permitirá conocer verdaderamente lo relativo al uso de los recursos públicos. La legisladora del PAN reconoció el trabajo realizado en comisiones para la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes e invitó a votar a favor del dictamen respectivo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Anayeli Muñoz Moreno, aseveró en tribuna que se da un paso importante con la aprobación de esta reforma, sin embargo dijo que la lucha por lograr la transparencia no termina aquí, pues hay un camino largo que se debe recorrer en aras de combatir la opacidad y los actos de corrupción. La diputada Muñoz Moreno celebró que en el cuerpo del dictamen se incluyó un criterio que apeló el Instituto Nacional de Transparencia para eliminar el argumento “reservar cierta información, pero ahora sí esos documentos representan actos graves que violen o atenten contra los derechos humanos, se tendrá que hacer pública la información. Señaló que este era un argumento reiterado de dependencias y actores, obstruyéndose importantes investigaciones, lo que ya no será posible, en beneficio de las y los ciudadanos.

El dictamen en mención recibió el visto de bueno de todos los integrantes de la LXII Legislatura presentes en el salón de sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.

Enseguida, fue sometido al escrutinio de la Soberanía Popular, el dictamen de las comisiones unidas de Seguridad Pública así como de Justicia, sobre la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y a la Ley para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador Lozano de la Torre.

La propuesta del titular del Poder Ejecutivo tiene por objetivo armonizar algunas de sus disposiciones con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; precisar la naturaleza del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes, como un organismo público descentralizado; entre otras cuestiones que de manera general permitirán la completa entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, mejor conocido como “los juicios orales”.

A favor de la propuesta se pronunció Enrique Juárez Ramírez, tras expresar que busca culminar la serie de reformas realizadas por el Congreso del Estado de Aguascalientes para la implementación del nuevo sistema Penal Acusatorio, que a final de cuentas tiene como meta garantizar la tranquilidad y seguridad de la sociedad, en un Estado de Derecho. El legislador priista especificó que la iniciativa contempla crear la unidad estatal encargada de la administración, ejecución y vigilancia, de las medidas cautelares y del cumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la suspensión condicional, dictadas en un proceso penal. Juárez Ramírez señaló que el paquete de leyes aprobado previamente, construye el andamiaje jurídico para poner en marcha la modalidad para la procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos, atendiendo de manera efectiva a las víctimas y protegiendo a las personas que intervienen en los procesos penales.

Invitó suscribir la propuesta, en la búsqueda de una sociedad más justa, con igualdad, mayor inclusión y que permita que las familias forjen su porvenir con seguridad.

En la votación respectiva, el dictamen obtuvo la aprobación unánime de todos los diputados presentes en la sesión.

Con información del Congreso del Estado