Gilberto Carlos Ornelas
Algunos acontecimientos y opiniones se reflejan en los medios de comunicación como si lo que se declara o escribe en ellos fuera cosa de una realidad aparte, distinta a la que nos rodea. Así sucedió con el video recientemente divulgado en televisión y redes sociales que muestra a dos mujeres policías militares y una federal torturando a una mujer detenida, luego se supo, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Gro. Ese video provocó indignación en la opinión pública y fue causa de una inédita disculpa del general secretario de la Defensa Nacional que luego secundaron los altos mandos policiacos del país.
Sin embargo, a despecho de la supuesta indignación pública, en la vida cotidiana la mayoría de las personas que han tenido contacto con nuestro sistema de seguridad pública y procuración de justicia saben o suponen que la tortura es una práctica recurrente. Mucho tiempo fue oficialmente inexistente pero generalmente aceptada. Se comenzó a combatir tímidamente en las últimas décadas del siglo pasado -cuando se instituyeron las figuras del ombudsman- y se legisló expresamente contra esos “mecanismos de investigación”, pero nunca disminuyó realmente su práctica.
Apenas a principios de este siglo se empezó a crear conciencia pública a favor de un sistema de justicia sin tortura. No obstante, la crisis de seguridad y la política de guerra contra el narcotráfico, desatada desde 2006, ha llevado a que las corporaciones policiacas y militares en funciones de seguridad justifiquen los excesos de uso de fuerza ante las organizaciones criminales, aun en casos donde las víctimas del abuso sean ciudadanos inocentes. Los retenes anticonstitucionales, arraigos, detenciones arbitrarias, enfrentamientos, “balaceras” y “desaparición de personas” han sido una constante durante la última década.
Bajo el argumento de garantizar la seguridad pública se afectó la protección a los derechos humanos y especialmente la garantía constitucional de “presunción de inocencia”. Así, la década de “guerra contra el narco” puede dar miles de historias del terror provocado no sólo por los criminales, sino muchas veces por quienes deben combatirlos.
Por eso, muchos hemos oído hablar de la “chicharra”, el “pocito”, “la prieta”, el “tehuacanazo” y otras técnicas que se dice aplican en las “cocinas” de algunas corporaciones de seguridad para extraer información y confesiones. Y no es de extrañarse que, al publicarse ese video de tortura, mientras algunas personas comentaban en redes sociales que en realidad eso era tortura leve, otras opinaran que “eso y más merecía” la detenida, acusada de pertenecer a una organización criminal.
En realidad la opinión pública no se impactó porque un video haya revelado que en México hay tortura. Lo que impactó es que existiera un video y se haya dado a conocer en el ámbito internacional, demostrando algo que la autoridad niega aunque todos lo sepamos.
Hace unos meses, Amnistía Internacional denunció que la tortura “alcanza en México niveles catastróficos”, y el relator de la ONU contra la Tortura informó que es una “práctica generalizada” en nuestro país. La semana pasada, el Departamento de Estado de EUA presentó en su reporte anual un panorama desolador para los derechos humanos en México, y el propio Peña Nieto, en su visita a Alemania y Dinamarca recibió reclamos diplomáticos por ese tema.
Resulta obligado preguntarnos si la disculpa del general secretario de la Defensa Nacional estuvo dirigida a los ciudadanos de nuestro país o realmente fue orientada hacia la comunidad internacional. Es notorio que el calendario de ese asunto no muestra el interés de la autoridad para dar una satisfacción doméstica. La tortura videograbada sucedió en febrero de 2015, la Sedena detuvo por “desobediencia” a las militares torturadoras el 10 diciembre de 2015, la PGR “conoció” los hechos el 5 de enero de 2016 y “detuvo” a las policías torturadoras después de conocido el video, que fue subido a las redes sociales el 12 de abril y la disculpa del general Cienfuegos se dio el 16 de abril, haciendo lo propio los altos mandos policiacos los siguientes días.
Debemos suponer que la disculpa ofrecida por el general secretario pudo estar motivada por alguna o varias posibles razones: o la Sedena ya decidió combatir en sus ámbitos esa práctica y frenar el deterioro en la imagen del Ejército Mexicano, o es una respuesta mediática para detener el alud de críticas, o es una posición ante la comunidad internacional, que hoy ve estupefacta cómo el gobierno mexicano expulsa a los expertos internacionales que investigaban los crímenes de Iguala y ahora su ejército es exhibido con prácticas dignas de sus célebres símiles del cono sur.
Lo mejor para el país sería que la disculpa del general anuncie el inicio de una ruta para rescatar el prestigio del Ejército Mexicano, y un intento verdadero para comenzar a erradicar, en serio, ese vergonzoso lastre de crueldad y engaño que es la tortura. Y si ese ánimo existiese, ojalá alcanzara para impedir la exoneración en marcha de los militares que realizaron las ejecuciones de Tlatlaya.
Posdata. Comienzo hoy a publicar mi colaboración semanal para La Jornada Aguascalientes. La he denominado Cosas veredes…, expresión que se origina del Romance de Mío Cid cuando el Rey Alfonso VI dice a Ruy Díaz de Vivar: “Cosas tenedes, mío Cid, que farán fablar las piedras, pues por cualquier niñería facéis campaña a la Iglesia”. Hoy retomo esa frase para expresar el saludable asombro ante las cosas y los hechos que nos sorprenden diariamente. Mi agradecimiento a la generosa hospitalidad de nuestro director Paco Aguirre Arias y su genial equipo de “jornaleros”.
@gilbertocarloso
