El término campaña se deriva del vocablo francés campaigne (campo abierto), tiene una connotación militar siendo el significado relacionado con el tiempo en que un ejército podía sostenerse en el campo de batalla. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define campaña como un “período de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado”.
Hoy en día, las campañas electorales se definen como las acciones que realizan los partidos políticos (y ahora también los candidatos independientes) con el objetivo de captar las preferencias del electorado y ganar el voto de acceso a los cargos públicos en contienda. Durante el proceso de campañas se despliegan intereses partidistas que involucran el ejercicio de recursos económicos públicos y privados fiscalizados, en nuestro caso actual, por el Instituto Nacional Electoral como una más de las facultades asumidas en el ámbito nacional y estatal por esta institución.
Las campañas electorales han pasado por varias transformaciones. Cuando se iniciaron allá por el siglo XIX las campañas eran locales, descentralizadas y llevadas a cabo principalmente por voluntarios de los diferentes partidos políticos. Sin embargo, a partir de la década de los sesenta y hasta los ochenta del siglo pasado las campañas implicaron una coordinación nacional, su profesionalización y regulación institucional. A partir de la década de los noventa, las campañas electorales sufrieron un cambio radical y ahora son más versátiles, complejas, costosas y controversiales.
En la actualidad, debido a la naturaleza dinámica propia de los procesos electorales y a las innovaciones tecnológicas, las acciones realizadas durante estas etapas de campañas en la búsqueda del poder político a través del voto ciudadano se multiplican, lamentablemente no siempre se cimientan en la ética y el ciudadano muchas veces ha tenido que ser el receptáculo de los ataques, insultos y malas prácticas políticas de los candidatos en campaña, lo que, obviamente, demerita su credibilidad y propuesta frente a la ciudadanía.
Una acción que distingue a las campañas es el uso de la propaganda. Este concepto no es ni novedoso ni fue acuñado por los publicistas o mercadólogos, pues tiene su origen en los albores de las luchas religiosas de corte evangelizador aunque algunos investigadores lo sitúan en las ciudades-Estado griegas del año 500 aC. Ligándose entonces la propaganda, a la Iglesia y al Estado para promover o incentivar una conducta social específica.
Ahora bien, no se deberá confundir la publicidad política con la propaganda electoral, algo muy común en estos días. La diferencia es clara: la publicidad es un recurso para vender un producto; la propaganda se utiliza para “vender” una idea, un programa o una persona, ambas recurren a técnicas similares pero se confunde al consumidor con el elector. Mientras que la publicidad está dirigida a las personas para que compren, usen y consuman, la propaganda política intenta crear, convencer o reafirmar conceptos e ideas.
Para no confundir, los legisladores y los organismos electorales establecieron las reglas del juego para regular los procedimientos en la ejecución de las campañas comiciales. En el ámbito federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, capítulo IV, De las campañas electorales, las define como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto”.
En el mismo tenor, precisa que propaganda electoral es “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”. Asimismo, establece que ésta deberá “propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado”.
Si bien se establece que la propaganda electoral deberá contemplar el respeto a la vida privada de los candidatos, las autoridades, las instituciones y los valores democráticos, absteniéndose de usar expresiones que calumnien a las personas; sabemos por experiencia que las malas prácticas en este sentido han sido un ardid muy socorrido en las últimas campañas políticas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Ahora bien, recordemos que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como inconstitucional el artículo 69 de la Ley Local Electoral de Sinaloa, que impedía a los candidatos insultar a sus contrincantes en el transcurso del desarrollo de las contiendas electorales, argumentando que restringe la libertad de expresión de los mismos. El 4 de diciembre de ese año, el Diario Oficial de la Federación publicó la sentencia del ministro ponente, José Ramón Cossío, que concluye: “no existe en la Constitución una finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda política y electoral de los partidos políticos y los candidatos independientes las expresiones ofensivas, difamatorias o denigrantes”.
En el mismo tenor, el párrafo segundo del artículo 160 del Código Electoral para el Estado de Aguascalientes establece que en la propaganda política o electoral que lleven a cabo los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos: “deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”. ¿Será posible afirmar que dicho precepto “no supera un examen de escrutinio estricto y, por tanto, es inconstitucional”, como lo señala la sentencia anterior?
No obstante lo anterior, esperamos que en las campañas electorales que dieron inicio el pasado domingo en nuestra entidad se distingan por su civilidad, por propuestas atractivas y debates inteligentes, finalmente el ciudadano tiene hoy un mayor abanico de posibilidades de voto y gracias a los medios de comunicación no tradicionales como las redes sociales, tiene también una mayor posibilidad de conocer y acercarse a las propuestas políticas de partidos y candidatos independientes.
