Sin duda alguna, la economía mexicana se encuentra en una situación de malaise, i.e. angustia, ansiedad, malestar, inquietud y desagosiego. Prácticamente no se divisa ninguna razón para el optimismo. Las razones son diversas, e inciden también sobre el panorama político.
El derrumbe de los precios del petróleo en el mercado internacional ha sido catastrófico para México, al igual que para otras naciones exportadoras, tales como Rusia y Arabia Saudita. El precio del barril de mezcla mexicana de crudo ronda los 25 pesos, esto es, solamente una cuarta parte del precio de venta de hace 10 años. Esto ha provocado una profunda reformulación del presupuesto hacendario, y un recorte del gasto público que incide negativamente sobre una serie de programas sociales y de obra pública, con graves consecuencias financieras, y circunscribe así el margen de acción del gobierno mexicano.
El alza de la cotización del dólar frente al peso mexicano ha significado, en los hechos, una devaluación de la moneda nacional, que en la actualidad se cotiza en alrededor de 18.34 pesos por dólar.
Lo anterior incide, a su vez, sobre las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que han debido reducirse repetidamente. Las más recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) son de apenas 2.6% de crecimiento para 2016, muy lejanas de las cifras de 5% o más que se necesitan para poder hacer frente a la necesidad de empleo. El país requiere crear 800,000 nuevos empleos al año para cumplir con la demanda del mercado laboral, pero sólo genera el 45% de esta cifra.
Esta situación provoca tensiones en el sistema político mexicano, y un rechazo generalizado de la sociedad a la lucha entre los partidos, en un año en que se celebrarán 13 elecciones por gubernaturas, en los siguientes estados de la República: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Podrían mencionarse varias opciones para superar la crisis económica, entre ellas:
- La única y definitiva solución a la recesión económica, y a la crisis social y económica permanente que vive México (la cual comenzó en 1982 y sigue a la fecha con efectos depresivos crecientes), es cambiar el modelo económico; esto es, desechar el Neoliberalismo, o al menos cambiar sus pautas y procedimientos operativos.
El “Estado Neoliberal” es una estructura social inequitativa, en la cual se dejan las decisiones a la supuesta “mano invisible del mercado” (Adam Smith), lo que es en realidad una excusa de la clase política u oligarquía capitalista dominante para facilitar la acumulación desaforada e irresponsable de ganancias privadas en unas pocas manos, a costa del bienestar de la mayoría de la población.
- Reinstalar la intervención del Estado en la economía (su “función social”), como promotor de un plan masivo de obras públicas, para incentivar el empleo y el crecimiento económico.
Hay que resucitar a John Maynard Keynes (1883-1946), economista británico, quién ante el derrumbe del stock market en Estados Unidos en 1929, cuya crisis económica se extendería al resto del mundo, preconizó la intervención del Estado para garantizar el pleno empleo, a través del aumento de las inversiones públicas (ver la obra de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de 1936).
Ante la “Gran Depresión” de 1929, el Presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, adoptó las medidas prescritas por Keynes, y que hasta la fecha siguen siendo las únicas posibles, para combatir una recesión económica. Con su política del New Deal (el “Nuevo Trato”), impulsó la inversión en infraestructura (obras públicas en gran escala, como carreteras, para crear empleos), rebajó los impuestos y los hizo más igualitarios, y garantizó el sistema bancario de su país.
En México el sistema bancario se encuentra ahora totalmente bajo propiedad extranjera, salvo por Banorte. Al respecto, México es uno de los pocos países que han permitido la extranjerización de la banca, y las estadísticas demuestran que ésta es una de las que menos recursos prestan a las actividades productivas. En todos los países del mundo el sistema bancario representa un instrumento fundamental en el financiamiento del desarrollo y éste no es el caso en México.
- No aumentar impuestos, sino reducirlos.
México es uno de los pocos países del mundo que han aumentado impuestos ante la recesión económica.
Cualquier economista, o “no economista”, sabe que, en tiempos de recesión económica, no se aumentan los impuestos, sino incluso se rebajan. Esto para que, de acuerdo con las fuerzas del mercado, la población tenga más dinero, pueda consumir más, y así impulsar al comercio, a la industria, para que éstos, a su vez, puedan producir más, y generar empleos. Pero los expertos economistas oficialistas se rehúsan a hacerlo. En las principales economías exitosas, como la de China, los impuestos a la producción se han mantenido bajos, para facilitar la generación de empleos y riqueza.
- Reducir el “gasto corriente” del Gobierno Federal.
El Gobierno Federal abusa del gasto corriente, que abarca gran parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En 2015 a los ramos administrativos se les destinó alrededor de 900,460 millones de pesos, de los cuales 81.7% correspondieron al gasto corriente, y sólo 18.3% a inversión. Los servicios personales dentro del gasto corriente fueron los principales destinatarios de las asignaciones, 30.2% del gasto corriente y 24.6% del PEF.
Esto es una burla con respecto a las necesidades prioritarias de la población, y a la crítica situación económica de México que es, por demás, crítica en extremo.
En México investigadores independientes calculan que mueren de hambre entre 20,000 y 30,000 mexicanos al año. Hay 9 millones 800 mil niños y jóvenes en “pobreza alimentaria,” que se despiertan y mueren con hambre. Esto es, como sentencia el articulista León García Soler: “casi 10 millones de pobres menores de edad que engañan el hambre con un tecito tibio y, cuando hay, una tortilla embarrada de frijoles.”
- Reconstruir el aparato fiscal federal, hacia un “sistema de impuestos progresivos”, simplificado.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha informado que, en 2008, los 400 más grandes grupos empresariales que operan en el país acumularon ingresos por 4 billones 900 mil millones de pesos, y sólo tributaron (gracias al “régimen especial” de consolidación fiscal) 1.7% en promedio por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esto es, sólo pagaron 85 mil millones de pesos, cuando deberían haber aportado al fisco 850,000 millones de pesos.
Si se pretende superar la recesión económica, hay que reestructurar el fisco mexicano, convirtiéndolo de un mecanismo de “terrorismo fiscal,” que esquilma a los contribuyentes cautivos y desincentiva la inversión y la productividad, en un sistema de impuestos progresivos, esto es, que deduzca más a los que más ganan.
- Eliminar, o al menos disminuir, la corrupción en las altas esferas de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Cada año México pierde en corrupción un promedio de 97,000 millones de pesos, de acuerdo con Jorge Vargas, consultor e investigador del Banco Mundial (BM), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En buena medida, se trata de “dinero público” que es dilapidado.
En China la corrupción de los funcionarios de su gobierno es castigada hasta con la pena de muerte. En Irán, cuelgan de un árbol a los corruptos.
- Emprender un Plan de Movilización Masiva de la Mano de Obra.
Bajo la dirección de los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, es vital organizar y ejecutar un “Plan de Movilización de la Mano de Obra,” al menos sobre la base del salario mínimo vigente, tanto para las mujeres como para los hombres, para ofrecerles ocupación digna en tareas de beneficio para la comunidad.
- Fortalecer y Ampliar el Mercado Interno.
Las condiciones de la economía mexicana podrían mejorar si las autoridades federales enfocan la política nacional hacia el mercado interno, es decir, fortalecer la producción de alimentos domésticos, el emprendimiento y apoyo a productores locales, lo cual haría que el país no sea tan dependiente de los precios internacionales y de las importaciones. Pero, bajo las condiciones operativas actuales, el mercado interno es un freno para la economía del país. Anualmente se genera sólo el 45% de los 800,000 empleos formales que se necesitan para cubrir a la demanda del mercado laboral.
Si la política económica se enfocara hacia el fortalecimiento de la producción local y consumo de la misma dentro de la nación, el peso mexicano predominaría por ser la moneda con mayor circulación dentro del país, provocando que el dólar tendiera a la baja, pues este sería un bien que no tendría una gran demanda y por lo tanto, no se encarecería.
60% de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuadra en el sector informal de la economía. Además, los salarios ridículamente bajos del restante 40% no les permiten incorporarse como generadores de un nivel de consumo que permitiera incentivar el mercado interno.
El poder adquisitivo real actual, a precios fijos, es el mismo que prevalecía en 1970. La “Década Perdida de 1980” fue el escenario del mayor desplome en términos reales del salario. En la actualidad, a su nivel actual de 73.04 pesos diarios, el salario mínimo, que es en realidad un mini-salario-mínimo, resulta totalmente insuficiente para permitir a la gran mayoría de las familias mexicanas adquirir la canasta básica de subsistencia.
Resulta de crucial importancia, pues, vigorizar el mercado interno, para poder superar la recesión económica.