Cuando hablamos de impunidad, la tendencia general es referir el término al ámbito de los delitos que no son castigados; la sanción y el castigo caracterizan, en esta perspectiva que predomina en nuestra cultura cívica mexicana, las violaciones al estado de derecho que están directamente relacionadas con los delitos que tienen que ver con el respeto a la vida de las personas y a sus patrimonios. Significa, entonces, que creemos, por lo común, que la impunidad está directa y estrechamente vinculada a estos delitos, constituyendo una reducción que termina por librar a otros ámbitos, a los que dejamos fuera del espacio de los derechos de la vida y patrimoniales de las personas, de ser calificados también como delitos, ámbitos en los que tampoco podríamos hablar de impunidad.
Como cultura política y tradición posrevolucionaria, este esquema jurídico ha sido benéfico y favorable para que muchos gobernantes, en el pasado y nuevamente en el presente, hayan podido manejarse en dos líneas de gobierno cuestionables: una es utilizar la corrupción para provecho personal, y, la segunda, hacer un gobierno indiferente a la baja credibilidad de los ciudadanos.
Hasta hace pocos años, la corrupción en México era considerada, prácticamente, como un elemento inherente y normal en muchos gobernantes. Los ciudadanos en general adoptábamos la actitud de forzada tolerancia ante la corrupción como un mal necesario que, considerábamos, difícilmente podría ser erradicada debido a su amplitud y volumen. La justificación consoladora que se argumentaba consistía en que esos gobernantes estaban haciendo ‘mucho bien’ a la sociedad mexicana, al sacarla del atraso y de la pobreza y al insertarla en el desarrollo y el progreso para todos, motivo por el que debíamos ser comprensivos y condescendientes con ellos ante este grave problema. La corrupción, consecuentemente y en los hechos, no era considerada como delito, por lo que tampoco podía hablarse de impunidad.
La segunda línea de gobierno cuestionable es la indiferencia del gobernante para con la baja credibilidad de los ciudadanos. En otras palabras, a muchos gobernantes no les interesa ni les preocupa que haya ciudadanos que no crean en sus mensajes, en sus discursos políticos, ni en su propaganda gubernamental; les es indiferente y, consideran, no es necesario tomar en cuenta ni en serio esas opiniones.
¿Por qué hablar de corrupción y de indiferencia? Porque ante el aumento que los ciudadanos seguimos observando que se da en ambos puntos, sin cambio y sin corrección, una consecuencia que también está aumentando es la falta de credibilidad en los gobernantes.
La información que sigue apareciendo en los medios de comunicación, desde diferentes sectores de la administración pública, parece seguir mostrando la desconexión que se da entre el desorden de la deficiencia administrativa de los gobiernos y la configuración de delitos que deben ser perseguidos penalmente. El escenario que se retroalimenta parece ser el de que la clase política sigue mostrando indiferencia ante la corrupción, por un lado, y en los ciudadanos, por el otro, sigue bajando la credibilidad en los gobernantes, sin haber señales claras de que se trabaje por la rectificación de los dos elementos señalados. La resultante penosa es un panorama que muestra la impunidad -que queda sin castigo- de los gobernantes ante la corrupción y su indiferencia para con los ciudadanos.
Si nos referimos al panorama de la economía del país, con la devaluación del peso, el paulatino incremento de la inflación por el necesario ajuste de precios, el persiste bajo nivel del PIB con los frecuentes ajustes a la baja de su pronóstico, los bajos ingresos petroleros que llevan a los recortes presupuestales, encontraremos respuestas de los gobernantes que no se apegan a la realidad que vemos, propiciando el incremento de la incredulidad.
Si recordamos las últimas noticias de la situación financiera de Pemex, CFE, IMSS, etcétera, en que vemos las deficiencias administrativas que se tradujeron en importantes pérdidas en el pasado año 2015 -Pemex por más de 500 mil millones de pesos, CFE bajando precios por motivos electorales e informando pérdidas financieras como pasivos laborales por 68 mmdp, y el IMSS con personal que ya no cuenta con uniformes y pacientes recostados en camillas ubicados en los pasillos de las salas de emergencias-, y no escuchamos que se responsabilice penalmente a algún funcionario, significa que la catalogación de delitos está muy lejos de la corrección de los defectos.
Si la misma SHCP, por ejemplo, entrega información a la Cámara de Diputados que dice que “Dependencias del gobierno federal, gobiernos de los estados, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia -para la conservación de Palacio Nacional- y la banca de desarrollo, entre otros, mantienen en distintas instituciones financieras 317 fideicomisos con fondos por 531 mil millones de pesos, que no son auditables por la Cámara de Diputados” (LJ, 10 marzo), entonces el mal uso de recursos no alcanzará a llegar al proceso penal.
El periódico El País, con fecha 26 de febrero, informa que el 97 % de denuncias por corrupción en México se pierden en el limbo, siendo la PGR un agujero negro para los expedientes abiertos a funcionarios por la Auditoría Superior de la Federación por este motivo, y la respuesta de los funcionarios responsables se queda, prácticamente, en nada.
El optimismo que muestran desde el Presidente de la República, hasta secretarios como el de Gobernación, o Hacienda y Crédito Público, o Energía, etcétera, así como gobernadores de estado y líderes del Congreso de la Unión y Congresos locales, todos ellos pertenecientes al PRI, indica la indiferencia con que manejan la realidad de los problemas del país.
Sus pronunciamientos tienen un certero efecto en muchos ciudadanos, que es la no credibilidad en sus palabras; ante el aumento de impunidad que seguimos viendo en el presente -al dejar que las cosas sigan igual o peor-, corresponde una menor credibilidad en ellos.
