Acompaño la reflexión pública de Adriana Álvarez Rivera con estas líneas y explico.
Como director editorial de La Jornada Aguascalientes recibo y encuentro muchas denuncias en contra de la autoridad, no todas son publicadas, en especial aquellas en las que no encontramos fundamento alguno en los hechos que acusan o, bien, intentan una agresión contra quien denuncian en la confusión entre venganza y justicia; en ningún caso se relaciona con mis filias o fobias personales.
El caso que expone Adriana Álvarez Rivera me llamó la atención porque ejemplifica cabalmente el desorden administrativo del Instituto Cultural de Aguascalientes y el trato que se le da a la comunidad artística de la entidad, así como a quienes colaboran con el ICA. Además, me explicó que su intención era realizar una propuesta para establecer un diálogo entre afectados y autoridades. Durante el tiempo que conversamos sobre el incumplimiento del pago a un grupo artístico me quedó claro que la intención de Adriana no es afectar a una persona, ni siquiera emplear a los medios de comunicación como herramienta para el chantaje, en verdad creo que su intención es establecer una conversación sobre la relación entre la institución y los artistas.
Adriana Álvarez ha escrito un texto donde, en el afán de buscar el diálogo, ha eliminado toda connotación personal para así evitar que se confunda su propuesta con un ataque; ese es el sentido de su denuncia, en la que yo me apoyo para escribir estas líneas, con el riesgo de que la respuesta de los funcionarios del ICA sea desestimar cualquier señalamiento por considerar que es un asunto personal.
En la Reflexión pública se cita una carta de la directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes en respuesta a la petición de pago; no extraña que en ella se conmine al grupo artístico a que considere que es un honor el simple hecho de ser considerado para participar con el ICA; así ha sido durante todo este sexenio, son excepcionales los casos en los que se retribuye el trabajo que realizan los creadores para el Instituto, si se trata de una conferencia o presentación de libro, nos debería bastar con el honor de ser considerados, ni pensar en honorarios; peor aún, la cita de la carta remite a un vicio de la dirección del ICA en la que se acostumbra confundir el servicio público con la lealtad partidista, como dejó claro el oficio ICA-DG-V-400-15 por Dulce María Rivas Godoy (Nota de Mónica Cerbón del 14/08/2015 http://www.lja.mx/2015/08/censura-ica-a-sus-trabajadores/ ) en la que se intentó censurar a los trabajadores del ICA, conminándolos a actuar en redes sociales “de forma leal, discreta, y cautelosa, sin hacer escarnio, difamando y prestándose a seguir propagando mensajes, videos y realizando acciones contrarias a la propia función de quienes trabajamos y nos identificamos con una forma de pensamiento y ejercicio de gobierno”, no sólo eso, además, amenazando a los servidores públicos: “se les hace un exhorto para que tengan a bien hacer del conocimiento de su personal, que eviten realizar este tipo de acciones que vulneran la imagen de nuestras instituciones, obstaculizando el progreso de nuestro estado pues, actuar en el mismo sentido, representa una deslealtad que atenta contra la visión que hoy compartimos, lo que nos obliga que si se encuentra fuera de ella, por ende, no comparte este proyecto de gobierno del cual orgullosamente formamos parte”.
Esa es la idea de los directivos del ICA, no sólo con sus trabajadores: conmigo o contra mí.
El necesario disenso para el establecimiento de un diálogo es considerado un ataque. La solicitud de una retribución por el trabajo realizado para el Instituto, como una falta de solidaridad con el proyecto de gobierno, uno que, por cierto, no tiene establecida una clara política cultural; así se explica el silencio cómplice de quienes colaboramos con el Instituto, si te niegas a colaborar gratuitamente, no vuelves a ser considerado, pierdes los “beneficios” de la justa valoración que el ICA cree que es trabajar con ellos.
Por supuesto, la culpa recae sobre los creadores, por aceptar esas reglas no escritas; además, los directivos del ICA han asumido un discurso en el que cualquier crítica se desestima por falta de voluntad de la comunidad artística. Ejemplos sobran, ante inexistencia de una política editorial por parte del ICA y el magro número de títulos publicados, la directora editorial del Instituto, Patricia Guajardo Garza, justifica lo que sucede al señalar que existe poca participación por parte de los creadores y escritores locales cuando “No es complicado publicar, más bien falta promoción, o falta participación, o falta interés, pero el instituto tiene medios para apoyar a las personas que quieran publicar, no es complicado”, y todo lo reduce a la convocatoria anual del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Aguascalientes (PECDA), pero no es capaz de explicar la razón por la que la revista oficial Parteaguas cambió su línea editorial, la desaparición de convocatorias para publicar un primer libro a través de la editorial estatal o cuál es el procedimiento para realizar una coedición, entre muchas otras líneas de acción que nunca han sido claras (nota en La Jornada Aguascalientes del 13/07/2015 p. 15).
Otro ejemplo de cómo se exige guardar silencio para no molestar a la autoridad es el caso del despido de la titular de la Dirección de Promoción y Difusión, María Concepción Ramírez Gómez, a quien se separó del cargo en castigo por la realización de un acto proselitista durante la presentación de una obra en el Teatro Aguascalientes, pero que Dulce María Rivas Godoy justificó como la sanción que Concepción Ramírez merecía por no hacerse responsable de la seguridad de los asistentes (nota de Itzel Acero en La Jornada Aguascalientes del 27/08/2015, http://www.lja.mx/2015/08/ica-cony-ramirez/ ), cuando el incumplimiento con el contrato fue por parte de la empresa y los panistas que aprovecharon la ocasión para festejar al presidente municipal Antonio Martin del Campo. A la funcionaria injustamente castigada se le pidió guardar silencio en lo que se negociaba su salida, al día de hoy, no se le ha pagado su indemnización.
Otro caso, más los que se vayan acumulando.
En la reflexión de Adriana Álvarez Rivera se menciona a la coordinadora de Fondos y Programas Mixtos, Arcelia Martín Jáuregui, sobre el desempeño de esa área hay más ejemplos evidentes de que la conducta negativa hacia los artistas y la negligencia son una constante, lo subrayo pues me consta.
Al estar relacionada con el PECDA, Arcelia Martín Jáuregui es la responsable directa de cancelar los beneficios de la beca que habían obtenido en 2013, en la categoría de Jóvenes Creadores, Arely Joselín Jiménez Hurtado y Diego Andrés Reyes, a quienes a partir de una cláusula absurda y que sólo forma parte de la convocatoria en Aguascalientes, canceló el monto al que se habían hecho acreedores para la realización de los proyectos Jaula para la noche y Un día con los muchachos. ¿Dónde está ese dinero que se les quitó a los becarios?
La ignorancia y la incapacidad (casi siempre van de la mano y las hace indistinguibles) no justifican que con un afán protagónico, la encargada de Fondos y Programas Mixtos realice una aplicación diferente a la que están destinados los fondos públicos, eso es malversación de fondos y es un delito; si la titular del ICA no le pide cuentas a su empleada, básicamente está siendo cómplice; de ahí la importancia de la reflexión de Adriana Álvarez Rivera, pues evidencia que el presupuesto en el Instituto Cultural se maneja al antojo de los directivos, ¿cómo es posible que como explicación se diga que se realizó un pago de servicios gracias a un préstamo?, ¿personal?, ¿de fondos etiquetados para otra cosa?
En mi caso, obtuve la beca del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico Aguascalientes en la categoría Creadores e Intérpretes con Trayectoria, a pesar de haber solicitado en varias ocasiones las fechas del depósito de la beca, nunca se me respondió. Además, la tercera ministración de la beca se me retuvo con el pretexto de que no cumplía con los requisitos impuestos por el personal del ICA, aunque he subido en tiempo y forma los reportes y documentos que se me solicitan en la plataforma del PECDA, pero como no he ido a rendir pleitesía a Arcelia Martín Jáuregui se justifica el retardo en el pago señalando que no he cumplido con el burocrático proceso de entregar impresos los reportes.
Febrero es el último mes en que estoy comprometido con el PECDA, entregué ya mi reporte final, la plataforma Tempus señala que tengo un porcentaje de avance del 100%, a unos días de que finalice este mes, no me ha sido depositado la última ministración de la beca que obtuve, por la misma razón burocrática con que anteriormente se me retuvo el pago de un bimestre: no he entregado mi reporte impreso y engargolado para la realización del papeleo del que el ICA es responsable.
Mi relación con la tutora asignada ha sido una agradable experiencia, contar con el apoyo de una institución para desarrollar un proyecto sólo merece mi agradecimiento; al negarme a hacer la tarea a los funcionarios del ICA estoy perdiendo un beneficio que me gané y un compromiso con el que cumplí, está de más decir que lo de menos es el dinero, pero la reflexión de Adriana Álvarez Rivera me hizo pensar que si me quedo callado y no señalo que no sé a dónde destinen ese dinero, estoy siendo cómplice, estoy entrando en la dinámica perversa de quienes usan un cargo público para ejercer una influencia indebida para usufructuar de manera ilegítima el trabajo de los creadores y condicionar la participación ciudadana en el desarrollo de actividades artísticas con base en las afinidades personales.
El dinero de la beca que me corresponde, se lo pueden quedar, sólo que en esta ocasión tendrán que aclarar a dónde se fue, porque es dinero público.
¡La Valentía y la Verdad van de la mano!
Congratulaciones por la denuncia.