- La concesionaria perdió amparo contra la prohibición de cortes del servicio
- Se debe iniciar con la discusión de un nuevo sistema de distribución: Rangel de Lira
Los días para la concesionaria de agua del estado Caasa están contados. El Congreso del Estado, a través del diputado petista Jesús Rangel de Lira, solicitará al municipio de la capital la rescisión del contrato de concesión debido a las múltiples inconsistencias en el servicio e incumplimientos que Caasa ha registrado.
Rangel de Lira es el diputado promovente de la Ley de Aguas del Estado de Aguascalientes, aprobada por el pleno legislativo el 7 de julio. Dicha ley prohíbe que la concesionaria corte el servicio a los usuarios por falta de pago y dirime ciertas cláusulas que favorecían a Caasa, como la imposibilidad de romper con el contrato de concesión firmado hace 24 años.
Una vez que la ley entró en vigor, la concesionaria se amparó en contra de las medidas de modificación de la ley y solicitó su suspensión (la posibilidad de seguir con el corte del servicio y que las escuelas y los hospitales pagaran por el agua, así como que eventualmente no se le pudiera cancelar la concesión).
El Congreso del Estado solicitó el sobreseimiento de los amparos presentados. El martes pasado el juzgado tercero turnó la solicitud de sobreseimiento al juzgado cuarto de distrito del centro auxiliar de la novena región en Zacatecas, en donde el juez falló a favor del Poder Legislativo. Caasa aún puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La concesionaria perdió el amparo, significa que queda firme que no puede cortar el agua, que las escuelas y los hospitales ya no van a pagar el agua. Y se mantiene la modificación que hicimos a la ley para que se le pueda rescindir por incumplimiento el contrato a la concesionaria.”
Una modificación contenida en la Ley de Aguas al artículo 96 fracción décima, señala que “será motivo de rescisión cuando incumplan reiteradamente con las obligaciones señaladas en el título de concesión, así como cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en la esta ley o su reglamento. Para tales efectos se entiende que se incumple reiteradamente cuando en dos o más ocasiones se desentienda de las obligaciones previstas”. La rescisión de la concesión se puede realizar sin el pago de alguna indemnización de por medio.
“Lo que tenemos que hacer es, a partir de que tengamos documentadas las faltas, nosotros vamos a solicitar por escrito que inicie el proceso de rescisión, le vamos a aportar pruebas documentadas al municipio capital de muchas inconsistencias que está provocando la prestación del servicio. La ley nos faculta y como la concesionaria ha venido incumpliendo con la prestación del servicio se le puede retirar la concesión sin tenerla que indemnizar. Si es un rescate por decisión política, por encima de la ley, se le tiene que indemnizar, y hablamos de cantidades millonarias. Está claro que el actual esquema no ha sido funcional para los usuarios. La rescisión se solicita ante el municipio, al ser el órgano rector”, agregó Rangel de Lira.
El legislador apuntó que a partir de solicitar la dimisión del contrato -para lo cual no se ha estipulado ninguna fecha- se deberá comenzar a discutir nuevos esquemas para dotar del servicio a la población: “Ya debe entrar a discusión qué vamos a hacer con el tema del agua, les quedan seis años de concesión, estamos en el año 24 del contrato. Es momento de abordar el tema con serenidad, con tranquilidad, sin apasionamientos. A final de cuentas lo que importa es que haya servicio, que este sea de calidad y que se cobren tarifas justas, lo cual no se ha cumplido en todos estos 24 años. Hay tres opciones, una es que amplíe el plazo de la concesión, en lo cual no estamos de acuerdo. La segunda es que el municipio capital retome la prestación directa del servicio, o buscar un nuevo modelo de concesión del servicio, a lo mejor a empresas locales”.