Durante las últimas décadas se ha intensificado el debate acerca de la necesidad de elaborar una nueva Constitución para nuestro país. Las voces que se han pronunciado a favor de esta medida, como nos lo plantea el maestro Pasillas Pineda en su colaboración para Esfera Pública, hacen énfasis en la gran cantidad de reformas a las que se ha sometido la Carta Magna, en el desvanecimiento del espíritu esencial de su contenido y hasta en el hecho de que se ha vuelto un documento difícil de manejar.
Un dato objetivo es que la actual Constitución mexicana ha sufrido más cambios que la mayor parte de las constituciones del mundo. Del texto original de 1917, según los especialistas, queda sólo un 10%. En los 99 años de vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el conteo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, se le han realizado 697 reformas, de las cuales la inmensa mayoría fueron promulgadas por los llamados gobiernos “neoliberales”: 66 durante el mandato de Miguel de la Madrid, 55 durante el periodo de Carlos Salinas, 77 por Ernesto Zedillo, 31 por Vicente Fox, 110 de Felipe Calderón y 145 por Enrique Peña Nieto, quien a la mitad de su periodo ya tiene el récord de mayor cantidad de reformas constitucionales.
La misma fuente registra que los artículos constitucionales que han sufrido un mayor número de reformas son el 27, 123 y 73, que bien pueden ser considerados como la esencia del papel del Estado, la política social y el federalismo mexicano. El texto actual es uno de los más largos del mundo: tan solo el artículo 28 es más largo que la carta magna de los EEUU. Se han incluido preceptos que en otros países se establecen en leyes secundarias y reglamentos.
Actualmente, nuestra Constitución, a decir de juristas como José Barragán, “está llena de contradicciones, como consecuencia de que los partidos políticos han vertido en su texto muchos de sus debates y su misma incapacidad de llegar a acuerdos congruentes, de tal manera que su texto mismo hace difícil aplicar un verdadero Estado de Derecho”.
Un problema adicional en la conformación constitucional es que, además de las fuerzas políticas, comenzaron a participar cada vez más los factores reales del poder, sobre todo los económicos, que siempre exigen mayores niveles de detalle.
En su momento se han celebrado reformas de avanzada como el voto femenino o la inclusión de derechos humanos. Pero en su gran mayoría, las reformas han sido para limitar la acción del Estado y algunos derechos sociales. Aunque la Constitución mexicana fue, en su momento, un gran aporte al constitucionalismo universal, se reconoce también que es muy poco aplicada y respetada. El investigador Miguel Carbonell (Nexos diciembre 2014) dio a conocer los resultados de un estudio de opinión: 54% de los encuestados cree que la Constitución “no se respeta”, un 32% cree que se “respeta un poco” y sólo el 12% que “sí se respeta”
La Carta Magna que otrora fue un orgullo nacional ahora es considerada un conjunto de declaraciones y derechos enunciados lejos aún de hacerse realidad. Se establece el salario remunerador y en la práctica se deprecia año con año, se declara obligatoria la educación preescolar y no la garantiza, reconoce el derecho al acceso al agua potable y millones de mexicanos aún no la conocen, se consagra la seguridad social y el acceso a la salud y en la práctica son derechos cancelados para grandes sectores de la población.
Por otra parte, quienes objetan o minimizan la propuesta de elaborar una nueva Constitución se apoyan en argumentos como el de que el cambiar las leyes no cambiará la realidad y no se resolverán los problemas sociales, políticos y económicos, hasta el de que nuestra actual legalidad constitucional no contiene procedimiento alguno para abrogarla, sino sólo el camino de seguirla reformando.
Llama la atención que en la celebración oficial por el 99º aniversario de la Constitución, las voces que se escucharon en el Teatro de la República en Querétaro, entre ellas las de conspicuos representantes de la oposición tradicional, fueron coincidentes en la tesis de que las reformas actualizan y dan vigencia a la Carta Magna.
Los reformadores se ven a sí mismos como prolongadores de vigencia ad infinitum, pero el análisis serio evidencia que los procesos de reforma constitucional se asemejan, más bien, a una legitimación política coyuntural y hasta sexenal. De tal manera, la Constitución ha quedado atrapada entre los compromisos de garantizar derechos humanos y sociales a los mexicanos, y mecanismos cada vez más difusos para hacerlo, así como las políticas prioritarias de los grupos hegemónicos en el poder.
Ante el debate académico y político, adquieren mayor importancia los movimientos que se han puesto en marcha buscando la elaboración de la nueva Constitución. Uno de ellos, el denominado “Constituyente Ciudadana” que lidera Raúl Vera, obispo devenido en activista, plantea refundar la “IV República” sobre los principios de la participación popular, democracia directa y autogestión social. El otro movimiento se denomina “Por México Hoy”; es encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Miguel Concha, y propone que se convoque a un Congreso Constituyente para retomar los principios esenciales del espíritu de Querétaro de 1917 en materia de derechos sociales, rectoría del estado y soberanía nacional. Esta iniciativa también aborda el asunto de la ruta de legalidad para la creación de una nueva Carta Magna, al proponer que, mediante Iniciativa Popular, se reformen los artículos 35, 36, 41 y 135 de la actual CPEUM, a fin de que pueda abrirse un procedimiento ciudadano para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que elabore un nuevo pacto fundacional, el cual sería ratificado por un referendo.
El que se esté empatando el debate por la nueva Constitución y el de la consolidación de la transición democrática no obedece a una casualidad, sino a una necesidad histórica. Son temas conectados íntimamente. El país está urgido de normas claras y estables, que no se queden en la declaración de avanzados derechos humanos y sociales, sino que garanticen su satisfacción. Eso no será posible de no crearse un nuevo modelo político para corregir el autoritarismo y centralismo que, hasta ahora, han sido la línea fatal seguida por los gobiernos del país.
La más reciente reforma constitucional que creó el nuevo estatus de la Ciudad de México, a pesar de las serias concesiones que se hicieron al Gobierno Federal y que se siguió la lógica de las reformas constitucionales anteriores: un acuerdo político de las cúpulas de las fuerzas hegemónicas llevado a la norma fundamental, bien pudiera generar un aporte al debate por una nueva Carta Magna. Esperemos que el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México no repita los esquemas tradicionales de nuestras constituciones locales, sino que sea una referencia para el futuro de nuestro derecho constitucional. Así los festejos del Centenario de la Constitución tendrán como marco un debate fortalecido con una perspectiva concreta.
