El tema de la privatización del espacio público en el texto de Gilberto Carlos Ornelas se manifiesta la incapacidad del Estado de cumplir con sus principales deberes entendidos y contenidos en el Contrato Social, en el que la población cede su soberanía ante esa responsabilidad de la autoridad y hacer de la convivencia un acto jurídico ordenado.
Aunque es entendible la importancia que tiene el espacio público, ya que es el que define la calidad de la ciudad, pues indica la calidad de vida de la gente y la cualidad de la ciudadanía de sus habitantes, es importante también la necesidad del ser humano de asumir el sentimiento de certidumbre en lo que respecta a su propia seguridad, la de su familia y la de sus bienes. Lo que nos lleva a la pregunta de la conveniencia de la creación de los llamados “cotos”, que no son otra cosa que microadministraciones organizadas por particulares en sustitución a las funciones que no cumple la autoridad más cercana a la vida de la población, que es el municipio, y que son el medio para vivir ese sentimiento de certidumbre; sentimiento al que acceden aquellos que tienen la capacidad económica de pagar por la seguridad y los servicios que deberían de proporcionar las autoridades municipales. Ciertamente es un asunto de clases sociales.
La falta de imagen de autoridad y su malograda práctica para cumplir con su deber se ha desbordado a tal grado que incluso en la ciudad de Aguascalientes en las últimas semanas se han dado casos de ciudadanos que, organizados espontáneamente ante casos de robos a comercios y casas habitación, son quienes se han dado a la tarea de detener a sus agresores. Convirtiendo a la policía local en héroes por “rescatar” a los hampones de la furia de ciudadanos, que cada vez más desprotegidos, reinician en la base de la colectividad que es la protección de sus grupos y que originó la idea actual de Estado.
Y es que la cosa de llevar a la práctica la idea del Estado no es sencilla cuando sus engranajes como la administración pública y la representación popular contenida en el Congreso son espacios ocupados por personas más preocupadas por el bienestar propio que por el interés general; además de no interesarse siquiera por prepararse para realizar de manera conveniente la función pública.
La población también atenta contra el espacio público, con la vandalización. Cuántas veces hemos visto paradas de autobús destruidas, paredes y puentes peatonales “grafiteados” (a veces por cierto a iniciativa del propio gobierno en un intento de expresión de cultura que al no ser una actividad planteada de manera correcta se distorsiona en vandalismo), juegos infantiles y aparatos para la activación física destrozados no sólo como muestra de la ausencia de educación y cultura proveniente desde la familia, sino como signo también de la necesidad ante la falta de ingresos de esas familias. El mejor ejemplo lo encontramos en el oriente de la ciudad en la Línea Verde, cuyo mobiliario se tuvo que instalar unas horas antes de la inauguración para evitar su pronta desaparición.
Hay otras situaciones que atentan de manera importante contra el espacio público, como es el ambulantaje, que además de impedir el libre tránsito, daña la imagen pública y afecta a comerciantes formales en sus ingresos; sin embargo no permitirlo afectaría el ingreso económico de miles de familias que realizan esta actividad de manera total o parcial, lo que mete otra vez en problemas al Estado por su incapacidad para generar empleos y tener salarios dignos para la clase trabajadora, mientras los altos mandos de la clase política disfrutan de sueldos de ensueño.
También existen casos que pueden generar un buen debate en cuanto a la utilización de los espacios públicos, como es el cierre de calles por actividades culturales o deportivas, desde la rodada de los martes que llevan a cabo desde hace algunos años en la ciudad capital hasta las carreras atléticas organizadas por organizaciones no gubernamentales con fines benéficos para algún sector de la sociedad, o las organizadas por radiodifusoras en términos más comerciales.
Concebir el espacio público con el objetivo de facilitar un uso social intenso y diverso, y promover actividades e incitando la presencia de nuevos colectivos humanos debe ser una prioridad, sí. Como lo debe ser que la autoridad garantice su uso razonado para el disfrute de todos. El espacio público y su promoción de manera positiva entre la población será proporcional a la calidad de vida que se tiene y la agudeza de la autoridad para cumplir cabalmente en todos los aspectos que los gobernados confiaron al ceder su soberanía.
@aguileralespron
