El Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “De las Garantías Individuales”, en su artículo 9º, establece que: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.”
En el contexto de operación actual, una de las formas de asociación más extendidas y compartidas por la ciudadanía son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), conocidas anteriormente como Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Durante los últimos años, las organizaciones sociales se han multiplicado en México. Cientos de OSC constituyen hoy una opción de canalización de demandas. Se estima que el número de OSC en México es de alrededor de tres mil 500. Algunas de sus áreas de injerencia son: derechos humanos, equidad de género, ecología, desarrollo humano, discapacitados, agua, desarrollo regional, interlocución con partidos políticos, interlocución con las diversas áreas de acción del gobierno en sus tres niveles, y derechos de los pueblos indígenas.
En México las OSC han sido un factor de peso en el proceso de transición hacia la democracia, y en el impulso a las formas de organización popular y de autogestión, la construcción de espacios de organización sindical, campesina y popular independientes, y la defensa de los derechos humanos y civiles. Se han destacado por promover campañas de educación cívica, que a su vez han contribuido a fortalecer el sistema electoral.
Las OSC han generado normas reconocidas en la propia sociedad, que han servido para apuntalar el Estado de Derecho y las garantías individuales. También han promovido procesos políticos y jurídicos que puedan conducir a una más sólida gobernabilidad. Han facilitado las prácticas de solidaridad que hacen posible la promoción de los derechos ciudadanos. Y buscan el reconocimiento y la satisfacción de las exigencias y demandas de la sociedad. Finalmente, actúan como un vínculo vital entre la sociedad y el gobierno.
Las OSC se fortalecen para aumentar su campo de acción e incidencia, en términos de: lograr una mayor profesionalización; procurar una mayor visibilidad e incidencia en sus acciones; buscar siempre la transparencia y la rendición de cuentas en sus Mesas Directivas y, cuando es el caso, a los Consejos a los que algunas se integran para lograr un mayor impacto en sus acciones hacia la sociedad; facilitar el acuerdo en las modalidades de competencia por los escasos recursos a los que pueden acceder; obtener las capacidades de conocimiento técnico-especializado de la problemática a la que hacen frente en sus áreas de injerencia; promover las aportaciones por los ciudadanos, ante las dificultades para obtener financiamiento gubernamental y el recelo de los donantes corporativos; e impulsar el reconocimiento de las OSC, por parte de los funcionarios públicos y corporativos, como interlocutores legítimos.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera prioritario el objetivo de fortalecer y promover las actividades de las OSC. En este tenor, aporta a las OSC herramientas para integrar proyectos de participación ciudadana, que les permitan fortalecer sus acciones en beneficio de la comunidad. Dos de estos son el Taller “Cómo Preparar Proyectos Exitosos”, diseñado con objeto de profesionalizar el trabajo de las organizaciones civiles, y el curso “Responsabilidades y Obligaciones Fiscales de las OSC. Ambos se inscriben dentro del Programa de Profesionalización de las OSC, organizado e impulsado por el PRI.
Se trata de sumar esfuerzos para, juntos, abanderar las demandas sociales, a través de mecanismos permanentes de vinculación, de manera que puedan dar seguimiento permanente a sus actividades, en sus diversos campos de injerencia, y mantener contacto operativo con las mismas. Al estimular las actividades de la sociedad civil, se contribuye a crear una sociedad informada informada y capacitada, como colectividad con poder de convocatoria.
El PRI comparte con las OSC el objetivo de prestar atención permanente a los problemas sociales que el gobierno no puede resolver. Promueve la intervención de la sociedad civil para impulsar el desarrollo integral de México y el bienestar de su pueblo.
A través de su participación, las OSC son un motor importante de la transformación y el cambio. Con sus acciones, abren la perspectiva de tiempos nuevos, de formas de democracia directa, toma de conciencia, transparencia de la información, consultas públicas, fiscalización y control de aquellos elegidos por los votantes para representarlos en el gobierno, toma de conciencia generalizada.
Sociedad Civil implica diversidad, en su razón de ser, sus metas y sus medios para lograrlos. La diversidad hace la fuerza de la sociedad civil. El PRI asume y hace suya esta consigna, en la convicción de que es causa y efecto de la transición hacia la democracia plena.
Los autores del brillante y atractivo libro Why Nations Fail (Por qué las Naciones Fallan), Daron Acemoglu y James A. Robinson, preguntan: ¿por qué países cercanos a menudo, con la misma cultura y geografía, son unos ricos y otros pobres? Tratan de responder a esta cuestión, que ha dejado perplejos a innumerables expertos e investigadores. La clave, afirman, se encuentra, en que son mundos moldeados por diferentes instituciones.
Esto es, ¿por qué algunas naciones son ricas y otras pobres, divididas por la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, la abundancia de alimentos y la hambruna? Acemoglu, economista turco del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Robinson, de la Universidad de Harvard, basados en 15 años de investigación original, recurren a la economía y a la historia, para explicar por qué algunas naciones tienen éxito en la acumulación de poder y prosperidad, mientras que otras fallan irremisiblemente.
Las instituciones son la columna vertebral de cualquier sistema de gobierno, su firmeza, su carácter. Fundamentalmente, afirman los autores, hay dos tipos de instituciones: instituciones excluyentes e instituciones inclusivas. Y a su vez, dividen cada una estas dos categorías en instituciones económicas e instituciones políticas.
A continuación, incluimos algunos pasajes del libro, con ciertas modificaciones.
Los países difieren en el grado de su éxito económico debido a sus diferentes instituciones, a las reglas que influyen sobre la forma en que funciona la economía, y a los incentivos que motivan a la gente.
Las instituciones económicas inclusivas son las que permiten y fomentan la participación por parte de los sectores mayoritarios de la población en actividades económicas que hacen el mejor uso de sus talentos y habilidades; que ofrecen incentivos; que habilitan a los individuos para realizar las decisiones que desean. Asimismo, abren el camino para otros dos motores de prosperidad: la tecnología y la educación.
Para ser inclusivas, las instituciones económicas deben incluir: la certeza y seguridad de la propiedad privada; un sistema de derecho imparcial; y un suministro suficiente y eficaz de servicios públicos que provea la igualdad de condiciones, gracias a la cual las personas puedan interactuar y contratar; asimismo, deben permitir la incorporación de nuevos negocios y admitir que la gente escojan sus carreras.
Las instituciones económicas inclusivas promueven la actividad económica, el crecimiento de la productividad y la prosperidad económica.
La seguridad de los derechos de propiedad, la ley, los servicios públicos, y la libertad para contratar e intercambiar, todos dependen del Estado, que es la institución con la capacidad coercitiva para imponer el orden, prevenir el robo y el fraude, y hacer respetar los contratos entre grupos privados. Para funcionar bien, la sociedad también necesita otros servicios públicos: caminos y una red de transporte para que los bienes y productos puedan trasladarse de un lugar a otro; una infraestructura pública a través de la cual la actividad económica pueda prosperar; y algún tipo de regulación básica para prevenir el fraude y la malversación.
Aunque algunos de estos servicios públicos pueden ser proveídos por los mercados y por ciudadanos privados, el grado de coordinación necesario para hacerlo en gran escala a menudo elude a otros actores, excepto a una autoridad central. De esta manera, el Estado se encuentra inexorablemente entrelazado con las instituciones económicas, en su papel de hacer cumplir las reglas, la ley y el orden, otorgar protección a la propiedad privada y a los contratos, y a menudo como proveedor de servicios públicos. Las instituciones económicas necesitan y utilizan al Estado.
Por el contrario, las instituciones económicas extractivas no proveen la igualdad de condiciones; a amplios sectores de la población no se les permite tomar o adoptar las decisiones económicas que prefieren; son sujetos de coerción. El poder del Estado no se utiliza para proporcionar los servicios públicos que la población demanda y que promueven la prosperidad. El sistema legal no es sino un arma de grupos privilegiados. Las instituciones económicas extractivas no generan los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove. En corto, están diseñadas para extraer riqueza de algunos grupos para entregársela a otros. El resultado es el estancamiento económico. Las instituciones económicas extractivas que expropian y empobrecen al pueblo¸ y bloquean el desarrollo económico, son comunes en África, Asia y América del Sur.
Hay una fuerte sinergia entre las instituciones económicas y las políticas. Las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una estrecha élite, e imponen pocas restricciones y limitaciones para el ejercicio de dicho poder. A menudo las instituciones económicas extractivas son estructuradas por la élite para extraer recursos del resto de la sociedad. Naturalmente, las instituciones económicas extractivas acompañan a las instituciones políticas extractivas. De hecho, para sobrevivir dependen en forma inherente de las instituciones políticas extractivas.
Por otro lado, las instituciones políticas inclusivas, que se confieren amplios poderes, tenderían a desarraigar a las instituciones económicas que expropian los recursos de las mayorías. A lo largo de la historia, las instituciones políticas de algunas sociedades instauraron instituciones políticas inclusivas que promueven el crecimiento económico, pero las políticas de la vasta mayoría de las sociedades han conducido, y lo siguen haciendo, a generar instituciones extractivas que obstaculizan el crecimiento económico.
En resumen, la razón más común por la cual hay naciones fallidas es porque tienen instituciones netamente extractivas, con las consecuencias económicas y sociales subsecuentes.
Gobernabilidad “ideal”. Aquí se mantiene un equilibrio puntual entre demandas sociales y las respuestas gubernamentales a través de las instituciones, lo cual neutraliza los conflictos y consolida la capacidad de respuesta gubernamental.
En este sentido, un elemento clave para asegurar la gobernabilidad es la estabilidad institucional que genera la credibilidad de las instituciones y que posibilita la capacidad para mantener el juego político dentro de ciertos parámetros prefijados.
En concreto, el “régimen político” es el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder, y de los valores que animan la vida nacional. Un régimen político posee tres elementos fundamentales:
- Las relaciones Estado-Sociedad, que dan lugar a un sistema de instituciones políticas formales e informales;
- Un sistema que norma estas instituciones; y
- Un esquema ideológico que sustenta el funcionamiento de las instituciones.
Se impone un paréntesis de recapitulación, un ejercicio de introspección, una profunda auscultación del estado de la nación, de las condiciones sociales, económicas y políticas prevalecientes, y del sentir de la población. Es necesario repensar las opciones disponibles, en función de un sistema de mercado incluyente, que se complemente con una política social activa. Se impone un paréntesis de recapitulación, un ejercicio de introspección, una profunda auscultación del estado de la nación, de las condiciones sociales, económicas y políticas prevalecientes, y del sentir de la población. Es necesario repensar las opciones disponibles, en función de un sistema de mercado incluyente, que se complemente con una política social activa y cohesionadora. Sólo el Estado puede coordinar esta tarea impostergable, con el apoyo de las fuerzas organizadas de la sociedad.
