- La administración estatal fue deficiente y poco transparente en el manejo de recursos
- Las ministraciones federales se ejercieron con lentitud
- La Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de la cuenta pública de 2014
La Auditoría Superior de la Federación entregó ayer a la Cámara de Diputados la revisión de la cuenta pública de 2014. Aguascalientes tiene múltiples observaciones, sobre todo en el renglón de la salud.
El organismo inspeccionó el ejercicio del cien por ciento de los recursos entregados a Gobierno del Estado a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, mil 293 millones 316 mil pesos.
Las observaciones por aclarar rebasan los 58.6 millones. Resulta que 44.4 no fueron devengados para el 30 de noviembre de 2015, mientras que los intereses de las cuentas bancarias del ejecutor produjeron desembolsos por cuatro millones 384 mil pesos.
Otros nueve millones 803 mil pesos corresponden a la devolución de una serie de cheques cancelados: “En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia del destino de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal”.
No obstante la ASF anota que la administración de Aguascalientes realizó un manejo “razonable” del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Además fueron auditados los recursos federales depositados a través del acuerdo de coordinación celebrado con la Secretaría de Salud. 337 millones 224 mil pesos -la totalidad de la aportación- quedaron bajo la lupa tanto del auditor superior como del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes.
Se encontró que más de 74 millones de pesos no fueron devengados a más tardar el 31 de julio de 2015, conforme marcaban las reglas del convenio firmado.
El destino de 74 millones 458 mil pesos aún está pendiente de aclarar: “En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión transparente y eficiente de los recursos del programa, apegada a la normatividad que regula su ejercicio”.
El Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud también entró en proceso de evaluación.
Los 62 millones 239 mil pesos depositados fueron auditados por la autoridad federal y resultó un “monto por aclarar” que supera los 42 millones 300 mil, más dos millones once mil pesos por concepto de intereses bancarios.
En este caso tampoco se cumplió con la temporalidad marcada para el ejercicio de las ministraciones, cuyo límite era el 31 de julio de 2015.
En su mensaje a la Cámara de Diputados, Juan M. Portal, titular de la ASF, informó sobre la aplicación de 748 auditorías de cumplimiento financiero, 897 de desempeño, ocho evaluaciones de políticas públicas y cinco estudios en el ámbito nacional.
El gasto federalizado absorbió el 72 por ciento del trabajo.
El organismo “ha identificado en diversas revisiones la práctica consistente en la adjudicación directa que otorgan las dependencias y entidades en los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos de educación y otras instancias, sin que posean la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida y, además de que exceden el límite permitido de subcontratación, lo que genera sobreprecios e, inclusive, en diversos casos se ha determinado que los servicios subcontratados no fueron prestados, lo cual se ha convertido en una clara fuente de corrupción”.
Juan M. Portal hizo un “llamado claro pero respetuoso” a no echar por tierra el Sistema Nacional Anticorrupción: “Muchas de las inquietudes que probablemente surjan a raíz del informe del resultado que presentamos hoy, tienen respuesta con el sistema”.
En conclusión la administración estatal fue deficiente y no hay transparencia.
Un gobierno que brinda desconfianza, corrupción e ineptitud.