- En ambos casos se decidió por 21 votos a favor, con votos en contra de tres panistas y dos abstenciones
- Consideraron que el mensaje en el Informe de Gobierno no se trató de una acción premeditada y dolosa
El Congreso del Estado de Aguascalientes determinó, por acuerdos legislativos, emitir una amonestación privada y una pública al gobernador Carlos Lozano de la Torre por su conducta durante las elecciones pasadas; en el primer caso, el paseo en el Progrebús de los candidatos del PRI que resultó en la anulación de la elección del Distrito I; y por organizar un evento público para la difusión de un mensaje relativo a su Informe de Gobierno durante el tiempo de campañas de la elección extraordinaria.
El primer asunto en el orden del día de la sesión del pleno fue la votación del acuerdo legislativo de la Comisión de Gobierno por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SRE-PSC-277/2015, de tramitar el procedimiento especial sancionador al gobernador, pues contravino el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución federal, así como el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE. Jorge Varona Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobierno, fue el encargado de dar lectura al dictamen correspondiente.
Los diputados convinieron que el 27 de noviembre de 2015 Lozano de la Torre no tomó las medidas necesarias para evitar la cobertura por parte de medios de comunicación social del evento correspondiente a su quinto informe anual de labores, y luego de realizar la ponderación a que se refiere el artículo 82 de la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consideraron que como no existen antecedentes similares imputados al gobernador y que no se trató de una acción premeditada y dolosa, sino del incumplimiento de un deber de cuidado, por lo que se sugirió imponerle una sanción de amonestación privada al gobernador
La diputada del PAN Martha Márquez Alvarado calificó la resolución del INE como “histórica”, ya que “la actitud dolosa con la que actuó el gobernador para favorecer a su partido político y emplear recursos públicos con el propósito de incidir en el electorado”, por ello consideró que el Congreso del Estado debe emitir una sanción acorde a la conducta, la cual, insistió, “fue al margen de la ley electoral”. Señaló que las sanciones que hoy se pretenden imponer son irrisorias, pues basta recordar que la repetición de la elección federal del Distrito I costaron al erario público 46 millones de pesos.
El también panista Mario Álvarez Michaus afirmó que las amonestaciones aprobadas en la Comisión de Gobierno “pareciera que son regaños con sonrisa o llamadas de atención acompañadas de abrazos”, al señalar que los castigos cuando no son ejemplares ocasionarán reincidencias; enfatizó que no se puede atentar contra esta democracia, en la misma que participan priistas, panistas, perredistas y de otros partidos.
Por el contrario, el petista Jesús Rangel de Lira, respaldó el dictamen a nombre del Partido del Trabajo al considerar que se dictaminó de manera correcta pues los oficios recibidos no ordenan un juicio político, y acusó a los panista de hablar de democracia sin entenderla; en el mismo sentido fue la intervención de Salvador Dávila Montoya, diputado de Nueva Alianza, quien dijo que los encargados de la organización del quinto informe no tomaron las medidas necesarias para cumplimentar con las restricciones ordenadas por INE.
Adolfo Suárez Ramírez, integrante de la Comisión de Gobierno, manifestó que los temas no fueron analizados a profundidad ya que los expedientes eran extensos y que sólo se votó la propuesta de los legisladores del PRI.
El Legislativo emitirá la amonestación privada correspondiente, de la que deberán ser notificados la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación y Lozano de la Torre, tras aprobar el dictamen por mayoría, con 21 votos, la abstención de Ulises Ruiz Esparza y Adolfo Suárez Ramírez, así como el rechazo de Martha Márquez Alvarado, Sylvia Garfias Cedillo y Mario Álvarez Michaus.
Enseguida se procedió con el análisis del acuerdo legislativo de la Comisión de Gobierno por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dentro del expediente UT/SCG/Q/SRM/142/PEF/157/2015.
El Consejo General ordenó dar vista al Congreso local del asunto en estudio, para los efectos de que se imponga la sanción que proceda al gobernador de la entidad, por la inobservancia de los principios de imparcialidad y equidad que deben regir toda contienda electoral en detrimento de lo dispuesto por los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución federal y 449, párrafo 1 inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Tal infracción se tuvo por actualizada, ya que a juicio de las autoridades electorales se demostró que el gobernador en el pasado proceso electoral federal ordinario asistió el día de la jornada comicial a centros de votación diversos al que le correspondía votar, usó la página oficial de internet http://www.aguascalientes.gob.mx para promocionar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, a través de Twitter, y usó un vehículo oficial el día de la jornada electoral para acompañar a emitir su voto a los candidatos del partido de referencia.
La Comisión de Gobierno, según se expresa en el texto del acuerdo legislativo, luego de realizar la ponderación a que se refiere el artículo 82 de la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, considerando que durante más de cinco años de ejercicio constitucional la conducta imputada a Lozano de la Torre no ha sido recurrente, pues sólo existe un precedente similar relacionado con faltas de naturaleza administrativa-electoral, sugirió imponerle sanción de amonestación pública.
La diputada del PAN Sylvia Garfias Cedillo afirmó que “nos quedamos cortos, como Poder Legislativo no estamos actuando de manera imparcial”, por lo que señaló que el Congreso del Estado no debe ser Oficialía de Partes, tras adelantar que esta actitud asumida es una advertencia de que la elección de este año será una “elección de Estado, pero le decimos al PRI y a su gobierno que en Acción Nacional estamos preparados”. Garfias Cedillo insistió en que sí se violó la ley y la sanción que se pretende emitir es laxa, porque “lo que ocurrió fue grave ya que derivó en la repetición de una elección federal, en la que se gastaron varios millones de pesos, los cuales se pudieron invertir para el mantenimiento y rehabilitación de escuelas públicas”; anticipó que la autoridad electoral no permitirá la intromisión de gobiernos en los próximos comicios.
La diputada priista Norma Adela Guel Saldívar argumentó que la autoridad electoral realmente no posee facultades sancionadoras a servidores públicos, razón por la que el Congreso del Estado procedió a emitir una resolución administrativa, pese a que las lagunas legales existentes no contemplan supuestos específicos como el que se ordenó sancionar. Mientras que Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz, a nombre del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, dijo que pretender ir más allá de lo que marca el acuerdo es irresponsable y protagonista, y sí el INE dio la facultad al Congreso del Estado para que decidiera el tipo de sanción al gobernador, por qué insistir en castigos extremos, pues qué no es mejor enseñar que castigar, no hay más castigo que perder la elección federal del Distrito I, al reiterar que el Congreso del Estado no puede extralimitarse en sus funciones, no puede ni debe estar por encima de otros poderes y por ello avaló que la sanción acordada en la Comisión de Gobierno es más que suficiente.
Oswaldo Rodríguez García manifestó que el ejercicio del trabajo legislativo institucional no implica convertirse en verdugos o sádicos para ver “rodar cabezas” de supuestos “enemigos”. Insistió en que solamente se procedió en términos de las leyes aplicables en Aguascalientes acorde a la resolución del Instituto Nacional Electoral. El legislador de Movimiento Ciudadano calificó como exagerada la solicitud del INE, que, a su ver, magnificó los hechos y sobrevaloró los efectos de la supuesta falsa del gobernador.
Con 21 votos a favor, fue aprobado el acuerdo legislativo con los votos en contra de los diputados Mario Michaus, Sylvia Garfias y Martha Márquez, además de las abstenciones de los legisladores Ulises Ruiz Esparza y Adolfo Suárez Ramírez.
