- Los municipios deben ganarse la confianza de los ciudadanos con mejores servicios públicos
- Los alcaldes tienen que priorizar su gasto y crear políticas públicas efectivas no sólo incrementar impuestos
El conflicto que ha generado la reforma a la Ley del Agua del Estado, que prohíbe los cortes del servicio a pesar de los adeudos, tiene como base la falta de creatividad de los municipios y su habilidad para administrar los recursos y priorizarlos, aunado al desinterés que tiene la concesionaria de la capital (Proactiva Medio Ambiente Caasa) de servir a la ciudadanía y no sólo llenarse los bolsillos a costa de un pésimo servicio.
Para Jesús Rangel de Lira, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el asunto aquí es cómo se administra un gobierno, ya que desde hace décadas los gobernantes se acostumbraron a sólo subir y gastar, es decir, a gastar cada vez más sin razón, subir más los impuestos, sin que busquen alternativas y ejercicios de políticas públicas que no lleven a generar más peso de gasto económico en los ciudadanos; desde esa perspectiva, se insiste en que los alcaldes tienen que priorizar su gasto: “no pueden estar sólo pensando en gastar más en personal, en viajes y viáticos en lugar de mejorar los servicios públicos que deberían ser su prioridad”.
Hasta el momento la única solución que se toma cuando tiene problemas económicos es un incremento de impuestos, endeudándose o con solicitudes de subsidios: “esas no son ninguna salida imaginativa de parte de los alcaldes, más bien es una actitud irresponsable”, reiteró que su obligación es priorizar los recursos con base en las necesidades y exigencias de la ciudadanía.
Mientras los alcaldes reclaman la disminución de la recaudación a causa de la reforma, el diputado subraya que el problema no es la ley sino la desconfianza ciudadana que tienen hacia sus gobernantes y su incapacidad administrativa, pues por años se les ha cobrado impuesto tras impuesto sin que se vean reflejados en un buen servicio del agua u otros del sector público: “el problema es que no confían en que con darles más dinero obtendrán mejor servicios, ya no confían en la autoridad”. Bajo esas condiciones de “te pago pero me entregan un buen servicio” habría una mayor participación de la ciudadanía, sin embargo ni las administraciones municipales ni Caasa tienen interés de solucionarlo, según lo reclamó el diputado representante del PT.
Desde su perspectiva, la salida fácil que observan los alcaldes es culpar a un tercero o como en la capital, privatizar el servicio del agua y dejarle una responsabilidad suya, a una empresa privada que sólo ve al derecho del agua como un elemento comercial para enriquecerse.
En el caso de la capital se ha demostrado que el tema de haber privatizado el servicio no ha resultado favorable ni para el ciudadano ni para el propio municipio, pues al analizar el gasto que se hacía en inversión directa con lo que aporta ahora a la concesión, resultan ser cantidades muy parecidas: “no hay cambios porque de todos modos el municipio le pone una enorme cantidad y la concesionaria no le reinvierte”, lo que concluye en ganar-ganar.
El ciudadano siempre le pierde porque paga su recibo y además al municipio con sus impuestos, se enfatizó que ese esquema de concesión “ha salido fatal para Aguascalientes”, es por ello que insiste en que sería un error terrible extender el título de concesión a la empresa: “el camino no es la privatización y menos de un producto tan vital como lo es el agua”.
El diputado propuso que en lugar de elevar los impuestos, quejarse por no poder cortar el servicio y privatizar algo que por ley le corresponde al gobierno municipal; los gobernantes deben trabajar en ganarse la confianza de los ciudadanos entregándoles un mejor servicio, pues cada persona es consciente que no puede recibir todo gratuito, hay servicios en los que se requiere de dos partes pero si el esquema sólo beneficia a la concesionaria o a la administración, es cuando dejan de contribuir y aprovechan el tema de los no cortes.
