- Presenta PAN iniciativa para reformar la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes
- Se reforzaría la administración municipal con funcionarios más preparados en las áreas que les corresponden
Al haber realizado un análisis a todos los códigos municipales del estado, Leonardo Montañez Castro, diputado por el Distrito X, se percató de la disparidad que hay en los requisitos para el cargo del secretario del Ayuntamiento, figura considerada como una de las más importante del Ayuntamiento; específicamente en el grado de escolaridad y áreas de estudio. Esto lo llevó junto a su equipo de asesores a que durante un par de meses se preparara una iniciativa de reforma a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, misma que fue entregada al pleno legislativo el pasado jueves.
El diputado panista destacó que aunque pareciera una propuesta sin importancia, representa un cambio importante para reforzar la administración pública de los municipios, con funcionarios más preparados en las áreas que les corresponden atender; el objetivo es reformar la fracción II del artículo 49 de la citada ley para establecer como requisito para el cargo de secretario de Ayuntamiento el contar con una licenciatura en derecho acreditada por una institución debidamente registrada.
En el análisis se encontraron con que este artículo señala como uno de los requisitos para el puesto municipal, el contar con título de licenciatura debidamente registrado, pero en el caso específico de la capital debe ser en derecho; además de no haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena privativa de libertad; o sancionado por violencia de género, familiar o discriminación, entre otros.
El legislador considera que la distinción que se hace entre el municipio de Aguascalientes y el resto de los ayuntamientos no es una situación correcta, pues se discrimina administrativamente por cantidad de habitantes y dimensión territorial: “esa diferenciación continua sin que sea justificable el que la capital sí se tengan que contar con conocimientos jurídicos y para el resto de los municipios no”, se insistió en que es una discriminación pues todos los municipios, sin importar el territorio o el número de población, tienen el derecho de contar con un secretario capacitado y con el mismo grado de responsabilidad ante la ley.
Desde su perspectiva, los avances que se pretenden tener en los ayuntamientos, tanto en políticas públicas efectivas como en funcionarios más preparados, no se pueden lograr si se continúa con este tipo de diferencias plasmadas en un marco legal que rige la vida administrativa y política del estado: “No es un tema complicado, sólo es entender que en todos los municipios las responsabilidades de los secretarios de Ayuntamiento son las mismas y por lo tanto no hay por qué diferenciar”, el panista subrayó en entrevista que el desconocer algún proceso o forma de atender un asunto, como servidor público, no los exime de alguna responsabilidad, es decir que si un secretario llega a incurrir en alguna conducta ilegal a causa del desconocimiento de la materia no podrá ser liberado de sus responsabilidades: “para evitar conflictos hay que dejar parejo los requisitos, en todo el estado tenemos mucha gente preparada en derecho para el cargo”.
El grupo parlamentario de Acción Nacional lo ha respaldado al considerar muy relevante el exigir que quien tenga el cargo cuente al menos con la licenciatura en derecho, con base en la naturaleza de sus responsabilidades, pues muchas de las que le corresponden como secretario de Ayuntamiento requieren de conocimientos de índole jurídico.
En el caso del Código Municipal de San José de Gracia, el artículo 129 fracción II dice que para ser secretario de Ayuntamiento se debe tener un título de licenciatura, preferentemente en Derecho; pero en el de Asientos, Cosío y Tepezalá, sólo dicen que debe ser un título de alguna carrera profesional de las ciencias económicas, administrativas o sociales.
Para Montañez Castro, un cargo como este necesita de más preparación en el ámbito del derecho, pues aunque los conocimientos que aportan otras licenciaturas de las ciencias sociales, económicas o administrativas resultan útiles, la primera está más enfocada en la atención de las atribuciones que le corresponden.
De aprobarse la reforma, los diez municipios del exterior estado contarán con 90 días naturales a partir de la entrada en vigencia del decreto para reformar sus Códigos Municipales correspondientes: “estoy seguro que se va a aprobar sin problema porque no es tema político es en beneficio de la ciudadanía para tener funcionarios más capacitados”. La propuesta fue remitida a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, cuyo presidente, el priista Juan Antonio Esparza Alonso, considera a simple vista una iniciativa noble con beneficios grandes, pero se analizará a fondo en próximos días.
