- Se reforma la Constitución local para garantizar al acceso a internet gratuito como derecho de conectividad
- Se deberán crear mecanismos para garantizar la educación a adolescentes embarazadas en todos los niveles educativos
Con la participación de los 27 diputados, el día de ayer el Congreso del Estado aprobó por unanimidad los cuatro puntos establecidos en la orden del día, en la que se destaca el acceso a internet como derecho de conectividad, iniciativa presentada por la LXI Legislatura, y el apoyo a madres adolescentes y jóvenes para la conclusión de su educación, presentada por la entonces diputada suplente Rosa Elena Anaya Villalpando.
El primer punto a tratar fue el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre la iniciativa del PRD en la legislatura pasada que solicitaba adicionar un párrafo cuarto al artículo sexto de la Constitución local, para garantizar el acceso a internet como derecho de conectividad.
Esto generará la obligación de establecer puntos de conexión inalámbrica de uso gratuito, por parte de Gobierno del Estado y de los municipios, en relación al número de habitantes y demanda real de cada uno de los territorios; para cumplirlo tendrán un tiempo indefinido, pues deberá ser de forma progresiva y gradual, ello para evitar afectaciones económicas a las finanzas del estado y sus municipios.
El representante del PRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, defendió la propuesta al recordarse que en la actualidad el internet es una herramienta indispensable de las sociedades contemporáneas, además de ser un aspecto fundamental de los derechos humanos que favorece el desarrollo de vida de las personas: “de aprobarse, representará un gran avance en la consolidación de los derechos humanos, pues esto es equivalente a los que contemplan el acceso a la educación, a la salud y al ejercicio de la libertad de expresión”. La votación fue en sentido positivo con la unanimidad de los presentes.
Sin más participaciones, se continuó con el segundo dictamen de la Comisión de Educación y Cultura con la iniciativa de reforma al artículo 29 de la Ley de Educación, presentada por Rosa Elena Anaya Villalpando, quien fuera la diputada suplente de María de los Ángeles Aguilera Ramírez en julio del año pasado.
El documento establece que las autoridades educativas tendrán que prestar servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago, tanto en el nivel básico como en el medio y superior; se le tendrá que otorgar facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso con especial atención a las mujeres.
Tendrán que desarrollar programas generales y especiales con perspectiva de género para otorgar apoyos económicos a quienes enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; y por último, la obligación de crear mecanismos para garantizar el ejercicio del derecho a la educación a estudiantes embarazadas, mismos que se enfatizarán en agilizarle su ingreso y permanencia en los diferentes niveles y modalidades de estudio, con un apoyo de cuidados médicos hasta concluir su embarazo.
El presidente de la comisión dictaminadora, Salvador Dávila Montoya, manifestó su respaldo a la iniciativa al tener la experiencia como docente, que en esas condiciones las madres no pueden concluir sus estudios y en consecuencia una falta de desarrollo profesional que le genere una mejor calidad de vida.
Minutos antes de la votación, Aguilera Ramírez consideró tratarse de una iniciativa que promueve la equidad y la justicia para todas la mujeres, en especial aquellas que enfrentan una situación complicadas que las obligan a truncar su educación. Leyó algunos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI, en donde el estado ocupa el lugar 18 en adolescentes embarazadas en un rango de edad de 12 a 19 años: “decir que la iniciativa promoverá los embarazos es no conocer la realidad de las circunstancias, pues por el contrario, de ser negada se propiciará la deserción escolar y el rezago educativo”. Al no presentarse debates ni participaciones en lo particular, el dictamen fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.
En un ritmo acelerado se dio lectura al dictamen resuelto por la Comisión de Educación y Cultura con el que se reforma la Ley de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, presentada por el gobernador con la finalidad de facultar a esta Institución a brindar servicios de asesorías, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería, supervisión, estudios; así como actividades en materia de seguridad, salud, medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, exploración, explotación y producción de hidrocarburos.
Se le incrementan sus facultades para realizar investigaciones en las áreas de su competencia para avanzar en el conocimiento de los alumnos y estudios especiales de la propia Institución, mismos que fortalecerán la enseñanza tecnológica y el aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales a favor de un mejoramiento de la calidad de vida.
Dávila Montoya explicó la necesidad de clarificarse los procedimientos para la designación del rector de la Universidad, a efectos de evitar algún conflicto posterior; el Consejo Directivo interno será quien proponga al gobernador el candidato a ocupar el cargo para que éste a su vez tome una decisión; este Consejo tendrá la facultad de opinar en el caso de que el rector renuncie o sea removido. El cargo se incrementa de tres a cuatro años y se establece que en las ausencias menores a 15 días del rector, será sustituido por el servidor público que él designe, y en las mayores a dicho plazo, por la persona que acuerde el Consejo Directivo.
También se aclara que son ingresos propios y parte del patrimonio de la Universidad aquellos que se obtengan por concepto de cuotas de alumnos, donaciones, derechos, servicios que preste y remanentes.
En seguimiento a la reforma realizada la semana pasado a la Ley de Vialidad, Verónica Sánchez Alejandre presentó un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a capacitar a los agentes de tránsito municipal con el fin de generar un criterio razonable para la aplicación de la reforma que los faculta a retirar los vehículos de la vía pública, cuando estos obstruyan los espacios y rampas exclusivas para personas con discapacidad.
La promovente explicó que la capacitación los preparará sobre casos eventuales en donde se demuestre de parte del conductor o acompañante alguna discapacidad o alguna otra condición que impida su normal desplazamiento, y que por tal motivo sea necesaria la ocupación del espacio de estacionamiento especial, esto sin necesidad de que el vehículo cuente con una placa especial de discapacidad.
El representante de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Rodríguez García, se sumó a la petición recordando que la reforma se creó para evitar el abuso de quienes no requieren de estos espacios y fomentar la equidad entre los ciudadanos sin una discriminación por condición de vida. Sin votos en negativo, se remitió a favor, concluyendo así con la orden del día; el presidente de la Mesa Directiva citó a la próxima sesión del pleno el jueves 4 de febrero, fecha en la que posiblemente se den a conocer las licencias de los dos diputados que se registraron en sus respectivos partidos políticos para participar como candidatos en la contienda electoral del mes de junio.
