En 1970 el sistema político mexicano se caracterizaba por ser un sistema de partido hegemónico pragmático; es decir que el Partido Revolucionario Institucional era la institución política oficial que proveía al sistema político mexicano de los elementos humanos necesarios para llevar a cabo la labor de gobernar. El PRI no tenía un rival real puesto que gracias a su mecanismo de exclusión partidaria de la oposición e inclusión de convenientes minorías a sus filas como asociaciones civiles, sindicatos, confederaciones, etcétera, lograba mantener la cohesión de las bases aplicadas al fortalecimiento del objetivo más importante para el partido, conservar el poder político del país.
Bajo esta coyuntura, entre 1972 y 1973 el presidente Luis Echeverría Álvarez aprueba una reforma constitucional mediante la que se expide una ley electoral como parte de su proyecto denominado “apertura democrática”. Dicha ley contempló por vez primera la creación y reconocimiento participativo de nuevos partidos políticos que ya no estaban supeditados al partido en el poder, con lo que se les otorgaba verdadera independencia y libertad de acción política, de esta manera, el Estado se abre a la participación política y a la pluralidad de propuestas.
Con la llegada al Poder Ejecutivo de José López Portillo en 1977, se consolida la apertura del Gobierno Federal hacia los partidos con el afán de liberar las tensiones político electorales que a partir de 1968 habían estado acumulándose sin encontrar una válvula de escape. Esta reforma dio origen a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (por sus siglas Loppe); en ella se contempló a los partidos políticos como entidades de interés público, con lo que fue elevado a rango constitucional su derecho a prerrogativas para el desarrollo de sus actividades políticas, además se introdujeron como algo novedoso las diputaciones de representación proporcional para los partidos minoritarios que obtuvieran al menos el 1.5% de la votación.
Con esta apertura, durante el periodo entre 1979 y 1985 se crearon y registraron nuevos partidos políticos entre ellos el Partido Revolución de los Trabajadores (PRT) y el Partido Social Demócrata (PSD).
Para 1986, el ámbito político vuelve a tensarse, esta vez derivado de las ideas disidentes de algunos miembros integrantes del Partido Revolucionario Institucional, el cual sufre una escisión que da origen a la agrupación política denominada Corriente Democrática encabezada en su liderazgo por dos políticos de gran peso social y tradición política, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
En este año (1986), el gobierno del presidente Miguel de la Madrid manda una iniciativa de reforma denominada Renovación Política Nacional, de la cual surge el Código Federal Electoral que para entonces contemplaba un incremento en el número de diputados de representación proporcional subiéndolo a 200, los cuales cada tres años se renovarían por mitad. Además, creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, una figura de suma importancia dentro del Sistema Electoral Nacional.
Durante la elección de 1988 las expectativas de un cambio de partido gobernante eran altas a pesar de que no lograron concretarse, puesto que el PRI se situó en torno a 50% de la votación, en tanto que la coalición cardenista obtuvo poco más de 30% y el candidato panista cerca de 20%, así la oposición en su conjunto captó la mitad de la preferencia electoral.
Ya para 1990 el licenciado Carlos Salinas de Gortari presenta una nueva reforma que aprobó la aplicación de un nuevo Código Federal Electoral que auspició la creación del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Asimismo con la reforma a partir de 1991 el Senado se renovaría por mitades y sus integrantes durarían en el cargo seis años.
Posteriormente, las reformas de 1993 y 1994 que sirvieron de base para la organización de las elecciones de 1994 trajeron consigo la desaparición del principio de autocalificación de la elección de diputados y senadores, precepto fundamental que abrió el camino para que pronto se reconociera la total autonomía del recién creado Instituto Federal Electoral.
El 27 de enero de 1994 el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León convoca a los actores políticos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para firmar el Acuerdo por la Paz, la Democracia y la Justicia, el cual permitió discutir dos puntos: la reforma al artículo 41 constitucional para modificar la composición del Consejo General del IFE y generar una reforma definitiva dentro de los cinco ordenamientos legales en materia electoral que hasta entonces existían: el Cofipe, la Ley de Medios de Impugnación, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional y el Código Penal.
En ese año también, la reforma elimina la figura de un representante del Poder Ejecutivo como miembro integrante del Consejo General del IFE. Así, el Ejecutivo dejó de participar como presidente del Consejo y el nombramiento recayó en un ciudadano sin filiación partidista, el doctor José Woldenberg.
Con las nuevas reglas se hizo frente a los cuatro procesos electorales posteriores entre 1997 y 2006, ganándose el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral el respeto de todos los actores políticos.
En el año 2000 con la llegada a la Presidencia de la República del candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quezada, se da la alternancia del poder político y por primera vez el partido del presidente de la República ya no tenía la mayoría en al menos una de las dos cámaras.
Después de la elección presidencial de 2006, en la sociedad reaparecieron la desconfianza y las acusaciones de fraude electoral; la llamada guerra sucia y las intensas olas de descalificaciones entre los candidatos obligaron al Gobierno Federal a reconstruir las reglas del juego político y democrático del país, sobre todo en lo tocante a la prerrogativa de los partidos políticos en el tema del acceso de radio y televisión, estableciendo una serie de reglas estrictas de prohibición absoluta a los partidos para contratar tiempo en estos medios bajo cualquier modalidad, además de la prohibición a particulares y personas morales para contratar tiempos propagandísticos en estos medios.
La elección de 2012 estuvo marcada por acusaciones partidistas sobre presuntas irregularidades graves como la compra del voto, el rebase del tope de gastos de campaña, el uso de encuestas para manipular al electorado, etc. Todo lo cual obligó a una renovación de nuestro sistema electoral a través de una reforma constitucional en la materia.
La reforma 2014 es importante por muchas cosas pero sobre todo por la constitución de un Sistema Nacional Electoral con Organismos Públicos Locales como los depositarios de la actividad electoral en cada uno de los 32 estados de la República.
El estudio de las reformas no es ocioso, pues nos da la pauta para entender la evolución de nuestros procesos democráticos y cambiar la perspectiva pesimista que impera en el sentido de que la Reforma Político Electoral 2014 constituye un retroceso democrático que nos acerca al otrora centralismo de la Federación.
