Normales Rurales, entre el desprecio y el abandono
Gilberto Carlos Ornelas
La educación pública, la salud pública y la seguridad social fueron quizá las propuestas más valoradas de la Revolución mexicana, en su postulado general de disminuir las condiciones de desigualdad social. De tal manera, en el plano educativo, los gobiernos “emanados de la revolución” crearon importantes instituciones, tales como la misma SEP, la Conaliteg, el IPN y las Escuelas Normales Rurales.
En su apogeo, como instrumentos de educación y construcción de un proyecto nacional, llegaron a ser 36 las escuelas que formaron profesores. El propio gobierno asignaría a los docentes el papel de organizar variados aspectos de la vida en las comunidades y poblaciones rurales. Ello debido a que el gobierno nacionalista revolucionario requería llevar a todos los rincones del país el mensaje-evangelio del Estado benefactor.
Sin embargo, ya en los años 60 y 70, el gobierno mexicano, atrapado en sus propias contradicciones, ante la efervescencia estudiantil y el papel del normalismo rural en los movimientos sociales ejecutó un golpe represivo al cerrar la mitad de las ENR. En aquel momento quedaron sólo 14, que penosamente sobrevivieron entre carencias, abandono y un mal disimulado desprecio de las cúpulas gobernantes.
Es absurdo que una política pública del Estado mexicano se desarrolle en esas condiciones: crear escuelas para dotar de educadores al Estado y, en vez de conducirlas, atenderlas y fortalecerlas, éste decidió debilitarlas sistemáticamente hasta llevarlas a una clara posición marginal. Primero fue el golpe de mano que cerró la mitad de los planteles, prosiguieron el aislamiento político y propagandístico para desprestigiarlas por todos los medios e incluso la infiltración policiaca y provocadora para hacer ver a tales planteles como nichos de subversión; posteriormente, los convenios de descentralización educativa las dejaron a merced de los gobiernos locales y, en el siglo XXI, se expresaron con toda claridad las intenciones de desaparecerlas como formadoras de educadores. Recordemos que cuando se decidió el cierre de la ENR de El Mexe, Hgo., en 2008, la dirección del SNTE pronosticó la conversión de esos planteles en escuelas politécnicas. Finalmente, se les ha perjudicado en un aspecto medular: los educadores que forma el Estado mexicano no tienen trabajo asegurado. Una vez egresados, deben sumarse al proceso aún incierto de los megaconcursos para competir por los escasos espacios libres y accesibles que deje la burocracia educativa y sindical.
Así han subsistido esas escuelas, otrora orgullo de la pedagogía mexicana: entre el desprecio oficial mal disimulado y la terquedad de sus estudiantes, que insisten en ser educadores comprometidos con las causas sociales. Están expuestas para ser señaladas como focos de conflicto permanente y a la espera de las coyunturas para su desaparición. Sólo al considerar que el 70% de los alumnos y alumnas de las ENR provienen de familias campesinas con ingresos menores a la línea de bienestar, podemos explicar la razón por la cual se niega a morir el normalismo rural. Pese a lo que se diga, aún es necesario ese mecanismo de educación, movilidad social y acceso a mejores formas de vida para grandes sectores del país.
El normalismo rural siempre ha estado activo en la vida nacional, aportando educadores sobresalientes y liderazgos influyentes, desde Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas hasta Othón Salazar y Enrique Olivares Santana. Ha vuelto al centro de la opinión pública y del debate nacional debido a la tragedia de Iguala y la agresión criminal contra los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El Gobierno Federal ha negado la intención de cerrar los planteles e incluso en 2015 su presupuesto de egresos incluyó una partida especial de 400 millones de pesos para mejorar esas escuelas. No obstante, la realidad es terca y las intenciones no pueden ocultarse: hasta el 30 de septiembre pasado, tal partida especial no se había concretado en ninguna de las actuales 16 normales rurales sobrevivientes y el presupuesto 2016 ya no la incluye.
Así pues, no es casual la falta de tacto, atención y consideración con la que se trata a la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes. Aunque se presente a las alumnas como transgresoras, una lectura puntual del más reciente conflicto nos llevará a la conclusión de que se debe a una deficiente atención a la situación de la institución. Es deseable que subsista esta escuela, emblemática en Aguascalientes, y se consolide y modernice, ya comprometida con los intereses de las comunidades.
Postdata. Aprovecho estas líneas para expresar mis mejores deseos de Navidad y Año Nuevo a toda la “comunidad jornalera”, a Jorge Álvarez y Paco Aguirre, generosos directivos y amigos de este proyecto plural, a los integrantes de Esfera Pública, amigos entrañables con los que compartimos inquietudes y afanes, al equipo y personal de LJA, cuyo trabajo y apoyo es invaluable, y a los lectores asiduos que nutren con su opinión el papel democrático de este gran diario.
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Cañada Honda: una historia de sobrevivencia
Omar Williams López Ovalle
Creadas con motivo del programa educativo popular de la Revolución mexicana de 1910, las escuelas rurales surgieron, por un lado, para acercar el Gobierno Federal a las zonas campesinas de este país a través de la formación de líderes que, bajo instrucción agrícola, apoyaran a la transformación del campo mexicano para dejar de ser sólo de autoconsumo; y por el otro, ofrecer opciones de vida a estudiantes pobres del medio rural especialmente mujeres.
Álvaro Obregón instruyó a José Vasconcelos a establecer las bases de lo que hoy conocemos como normales rurales. Lázaro Cárdenas, a la sazón de presidente de la República, redobló los esfuerzos en todo el país para darle continuidad las escuelas rurales; los discursos sobre educación de aquella época se basaban en ensalzar las bondades de dicho proyecto.
Sin embargo, el legado educativo de la revolución, las escuelas rurales, viven hoy una situación de sobrevivencia. Hoy, el sistema educativo nacional no les garantiza una plaza de trabajo. Ayotzinapa es una tragedia viva que ha trascendido al plano internacional, sin que se vislumbren respuestas serias por parte del Estado mexicano.
La escuela rural Justo Sierra Méndez es también un ejemplo de sobrevivencia, en la época del Miguel Ángel Barberena Vega, hubo un intento de desalojar a las estudiantes. En 1994, con Otto Granados Roldán, los habitantes de Cañada Honda impidieron que soldados entraran a las instalaciones a sacar a las jóvenes de sus dormitorios.
Esta semana, las jóvenes estudiantes han sido víctimas de ataques y persecución desde el oficialismo, con un director estatal del sector educativo del estado más preocupado por su imagen personal que por la educación, que acostumbra como política la amenaza y no el diálogo, y ha sido incapaz de resolver el pliego petitorio de las jóvenes estudiantes. Quien ha dado la cara es el delegado de Gobernación.
Argumento como que la escuela rural cuesta 140 millones de pesos al año, mejor que desaparezca, es tan ridículo como afirmar que quitemos el Instituto de Educación del Estado y así nos ahorramos cuatro mil millones de pesos al año.
Bajo una aura de esperanza y con una beca de apenas 45 pesos diarios para comer, las jóvenes estudiantes de la escuela rural de cañada honda siguen a pesar de la persecución oficial y el olvido presupuestal. No perdamos de vista que hoy las escuelas rurales son una oportunidad única para acercar la educación a las zonas rurales a las que nadie quiere ir con excepción de los normalistas rurales. Que son una oportunidad para que jóvenes pobres del medio rural tengan una opción de vida diferente. No nos equivoquemos.
