- El año pasado se registraron 32 quejas, hasta el 1 de diciembre de este 2015 llevaban 132
- Se exhortó a policías a que trasladaran a detenidos en vehículos cerrados sin exponerlos al escarnio público
- Espera ombudsman aprobación de la iniciativa federal con la que se prevé todo tipo de maltrato, incluso de carácter sicológico
Con base en un recuento anual de la actividad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su titular, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, se percató de una situación preocupante al registrar un aumento de quejas por materia de tortura, en contra de las policías ministeriales principalmente, de un 400% en comparación con el 2014 donde se tuvo un total de 32 reportes, mientras que para el 15 de diciembre se llevaban ya 120 registradas, “probablemente hasta alcancemos más por las fechas”.
Si bien celebró que la población confíe aún más en el organismo defensor de los derechos humanos, también aclaró que los números se elevaron debido a que los jueces les han dado vista de las quejas de algunos acusados que manifiestan haber sido sometidos a tortura; esto por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los jueces tienen que dar vista de inmediato a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, cuando se presuma la ejecución de tortura.
“El problema es que el darnos vista, por un lado nos llena más de trabajo, que es bienvenido pero no contamos con los elementos que cuentan los jueces para hacer la investigación”, desde su perspectiva, los jueces tendrían que determinar si efectivamente se practicó o no la tortura para que en los casos que haya sido así, ordene de inmediato la libertad del detenido pues ninguna prueba tiene valor si fue obtenida mediante la tortura.
Lo que requeriría la CEDH es contar con un grupo interdisciplinario que pueda llevar a cabo lo que se conoce como Protocolo de Estambul, el cual es un manual aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece los mecanismo, las formas, procedimientos, pruebas y test que tiene que ejecutarse para saber si existe un shock postraumático en la persona, ya que anteriormente la tortura se acreditaba por las huellas físicas que dejaban, pero ahora el ombudsman indicó que los torturadores se han vuelto más sofisticados y preparan su actuación para no dejar señales físicas sino sicológicas, “esto se determina con la práctica de este Protocolo pero se necesita a un grupo de expertos y esto cuesta”, para lograrlo se solicitó un recurso extraordinario al Congreso del estado como una partida especial que ayude a destrabar las investigaciones con un promedio de un millón 750 mil pesos adicionales a los que se aprobaron en semanas atrás del recurso ordinario de la Comisión.
Además de tortura directa la CEDH recibió quejas sobre malos tratos en la detención, las corporaciones municipales y estatal ya recibieron una recomendación general, en el sentido que no deben ser trasladados en las cajas de la camionetas, primero porque existe un Reglamento de Tránsito que lo prohíbe y segundo porque los expones al escrutinio público, además de que al aplicarles las esposas (o aros como ellos los llaman) hay que colocarles el seguro para evitar que se recorran y lastimen las muñecas del detenido, “hemos tenido casos donde la personas tiene lesiones graves en sus extremidades que les impide continuar con su vida laboral después de ser puestos en libertad”.
Se les exhortó a que trasladaran a los detenidos en vehículos cerrados, que no sean expuestos al escarnio público ni maltratados, pues prácticamente los llevan colgados y dan movimiento bruscos por la velocidad que les provocan dislocaciones en hombros, codos y muñecas.
Esta situación, desde el punto de vista del ombudsman, sí es considerada tortura aunque con otro tipo de características, para identificarla con mayor claridad el Senado de la República recibió una iniciativa por parte del ejecutivo nacional, Enrique Peña Nieto, con la cual se prevé todo tipo de maltrato, incluso de carácter psicológico y aunque no tengan el interés de sacar pruebas o confesiones; la iniciativa de decreto expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
¿De qué trata esta iniciativa?
En el documento con 84 artículos y 15 transitorios, se basa principalmente en la distribución de competencias y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Se propone reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de establecer los tipos penales en materia de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, sus sanciones y mecanismo de prevención que garanticen los derechos de todas las personas.
En cuanto a sanciones, se propone en tortura equiparada de 10 a 20 años de prisión con la posibilidad de aumentarse hasta en una mitad cuando a la víctima muera tenga alguna pérdida material o funcional de los órganos o miembros, en consecuencia de la tortura. Especifica también que se comete el delito de tortura cuando el servidor público o particular, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, mediante acto u omisión infrinja dolosamente penas, dolores o sufrimientos físicos o sicológicos a una persona, con el fin de obtener información o confesión.
Aquel servidor público miembro de las instituciones de seguridad pública que infrinja en este tipo de delitos aunque sea sin propósito determinado, será acreedor de uno a nueve años de prisión, y entre 250 y 500 días de multa económica, así como la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo públicos.
También señala que no se considerará tortura cuando los daños sean sólo consecuencia de medidas legales, impuestas por una autoridad competente o las inherentes a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza; tema que algunos estudiosos en la materia y figuras políticas, sobre todo los de extracción panista y perredista, por lo que se analiza al considerarlo un párrafo peligroso si no se esclarece más la redacción del mismo.
Por último, se prevé la creación de un Registro Nacional de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mismo que sería integrado por las bases de datos de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías o Fiscalías Generales de cada entidad federativa.
“Esperamos que lleve un estudio minucioso y una pronta aprobación porque sería de mucha ayuda para la autoridad y para nosotros como Comisión de Derechos Humanos, para determinar si hay o no tortura y responsabilizar a los culpables”, concluyó Martín Jáuregui.
