¿Qué pasa en Aguascalientes? Desapariciones, injusticia y expedientes sin resolver

• Marchan para exigir justicia por los desaparecidos en Aguascalientes
• Existe una red que usa a jovencitas con problemas para uso del crimen organizado
• Hay una falta de comunicación e interés entre gobierno, sociedad civil organizada y ciudadanía

Tras reunirse con el fiscal de Aguascalientes, el Observatorio de Violencia Social y de Género corroboró el incremento excesivo y preocupante de desaparición de jóvenes, en su mayoría mujeres, lo cual conllevó a llamar una vez más a la sociedad civil organizada a salir a las calles en una Marcha por la Justicia.

En las últimas dos semanas, el Observatorio ha tenido un alto acercamiento de familiares de jóvenes desaparecidas, algunas con meses y años sin localización: “después de tres meses de no haber tenido respuesta, nos reunimos con el fiscal, ahí nos reconoció el número de denuncias aumentó bastante, lo lamentable es que se queda en eso, en expedientes sin resolver”, debido a ello y a que el contacto con los familiares es casi nulo, se decidió marchar como exigencia para que la autoridad cumpla con su responsabilidad y se haga justicia.

Mariana Ávila, coordinadora de esta organización civil, señaló que al momento de recibir a las familias ya han pasado por un proceso de desgaste muy elevado, donde han sido revictimizadas al tocar una y otra vez las puertas de la autoridad en busca de respuestas. Por ello, el objetivo de la marcha es que esas familias sepan que no están solas; reiterarle al ciudadano que hay personas desaparecidas y que si tiene información es necesario que la comparta; además de ser un recordatorio a las autoridades que mientras no den una información a las familias y no se comuniquen con ellas la victimización nunca acabará.

¿Qué pasa en Aguascalientes?

Mientras se observa un gran movimiento en redes sociales la búsqueda de personas, en la calle la población se mantiene distraída y desinteresada, sin darle la dimensión real a todo lo que sucede en esta entidad, que representa apenas el 0.3 por ciento de la superficie del país.

Desde la perspectiva de esta mujer activista existe una falta de comunicación entre gobiernos, sociedad civil organizada y ciudadanía, esta última está en un estado de confort que prefiere no enterarse de lo que sucede o en su caso si se entera cae en la misma línea que las autoridades: hacer juicios. “Si es una jovencita repiten que se fue con el novio, y si es joven aseguran que está involucrado en el crimen organizado; es lo que nos contestan reiteradamente”, no se analiza qué hay detrás de una desaparición, pues necesariamente existe una violencia de cualquier tipo que no se analiza ni se tiene alguna política pública para saber por qué los jóvenes están saliéndose de casa.

“No tenemos ninguna instancia que respalde a los adolescentes en cuestión de violencia, ni siquiera la Casa del Adolescente”, el primer factor que muestra la autoridad es que se están yendo porque sufren violencia en casa, pero no demuestran como autoridad qué se hace para resolverla. Se indica que de ocho casos que llegan al observatorio, cinco son de jovencitas que se encuentran a la semana pero que vienen de una situación de violencia y que son atrapadas en su mayoría por hombres adultos que aprovechan esa situación: “a todo este asunto las autoridades hacen caso omiso y cierran el caso como si nada hubiera pasado”.

Unas de las situaciones que como asociación se encuentra atendiendo, es el proceso legal de dos jóvenes internas en el Centro Estatal de Desarrollo para el Adolescente (CEDA), al ser dos menores bajo un proceso de averiguación por crimen organizado pero contaban con reporte de desaparecidas: “estaban involucradas con personas de 40 años que sí están en el crimen organizado; ahí es cuando cuestionamos el cómo está atendiendo el gobierno este tipo de problemáticas”, en las respuestas sólo han encontrado violencia institucional.

Tras meses de estudio e investigación se encontró la existencia de una red fuerte que trabaja de esta manera en Aguascalientes, Michoacán, Guerrero y Querétaro; hombres adultos buscan a jovencitas con problemáticas diversas y las trasladan de estado a estado, las envuelven en venta de artículos robados o piratas, hasta la distribución de algún tipo de droga. También hay casos de esta naturaleza en el Centro de Reinversión Social para mujeres.

Uno de los conflictos con los que se encuentran como sociedad civil es que la autoridad le exige a las familias no hacer público la desaparición de sus hijos ni que se acerquen a los medios de comunicación; esto hace que en lo público se reciban detalles en pedazos con historias llenas de juicios. Ya en desesperación, las familias se acercan a los medios de comunicación sin los protocolos adecuados que causan errores como entregar números de teléfonos personales que abonan a ser víctimas de extorsión.

El Observatorio de Violencia Social y de Género exigió a la Fiscalía General del estado que cuando se denuncie la desaparición de una persona se tengan los protocolos adecuados, se activen las alertas indicada de la manera indicada y no en una plataforma en redes sociales; que informe a los medios de comunicación con los detalles necesarios y que en el momento en que aparezca la persona se baje del portal y se comience con la información: “Lo básico es darle toda la atención integral a la familia que denuncia la desaparición de un ser querido, porque si de por sí ya están viviendo una situación devastadora, es peor que de sus propios representantes los revictimicen”.  

A pesar de que el titular de la Fiscalía asegurara que los protocolos adecuados para la investigación de personas desaparecidas, para delitos sexuales y para el homicidio doloso con agravante de feminicidio son ejecutados con su actualización correcta, Mariana Ávila lo desmintió, ya que fue apenas hace diez días cuando se le hizo la entrega de la carpeta de observaciones realizadas por el observatorio, el Colegio de Psicólogos, Tanuc, Fundación Vidha, y un grupo de abogados independientes.

De ellas se destacó la urgente necesidad de reestructurar todos los protocolos, pues en inicio no cuentan con perspectiva de género ni con la metodología para el levantamiento adecuado de datos: “cómo podrían estarse aplicando si ni siquiera han leído las observaciones”. Este es el principal obstáculo que tanto en Aguascalientes como en otras entidades se han encontrado las organizaciones civiles dedicadas al respeto de los derechos humanos, búsqueda de personas, equidad de género y aplicación de la ley con perspectiva de género.