- Se dice que es un candado para evitar que por favores políticos se suban el sueldo sin motivo
- Exigen que primero se unifique la percepción salarial para beneficiar su jubilación
Tras haber dado entrada al análisis en la Comisión de Servidores Públicos, la iniciativa de modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado, emitida por el ejecutivo estatal, los trabajadores de algunas dependencias comenzaron a cuestionar el beneficio de sus sueldos, ya que actualmente los conceptos de nómina son principalmente de prestaciones y compensaciones, mientras que el sueldo base es un porcentaje mínimo, situación que al momento de su jubilación no les beneficia.
La explicación técnica de los legisladores es que se beneficiaría en lo general para evitar que los trabajadores de confianza se subieran el sueldo meses antes de concluir la administración, “antes se daba mucho que tres o cinco meses antes de salir les aumentaba el salario para que se les reflejara en las perfecciones de finiquito”, señala el asesor del diputado Oswaldo Rodríguez, presidente de la Comisión dictaminadora.
El Isssspea tiene capacidad de solvencia para 100 años, sin embargo, comenzaron a percatarse de ciertos “sangrados financieros” a causa de alzas salariales en los trabajadores de confianza, “esto ha perjudicado a quienes en realidad tienen 25 o 30 años trabajando para el gobierno y no se han podido jubilar por sus bajas percepciones de base”, es por ello que esta iniciativa es bien vista por los legisladores, al considerarla como un candado perfecto para evitar “favores políticos”.
El documento expone que el sueldo base de cotización es aquel con el que la entidad afilia a sus trabajadores ante el Isssspea, conforme al tabulador de salarios previamente establecido en su presupuesto de egreso. Y que el cálculo de las aportaciones, tanto a cargo de las entidades como de los trabajadores, así como el otorgamiento de las prestaciones, se determinarán conforme al sueldo base de cotización con el cual se afilió al trabajador.
Por ello, con el fin de evitar que servidores públicos relacionados con el área de recursos humanos, con la nómina y demás tareas administrativas, modifiquen de manera injustificada el sueldo base de cotización de algún servidor público, se propone una serie de medidas para impedir dichos movimientos; con las reformas propuestas se evitaría que cualquier trabajador, al momento de pensionarse, pueda recibir una cantidad de dinero de pensión mayor a la que le correspondería conforme su historial de aportaciones.
En tanto, de aprobarse la iniciativa, los trabajadores sindicalizados tendrán que cotizar un año su salario natural sin sufrir modificaciones en su percepción salarial; en el caso de los trabajadores de confianza se le tendrá que tomar en cuenta los 72 meses de percepción. Con esto, desde la perspectiva de los asesores de Movimiento Ciudadano, se mantiene la estabilidad económica del pago de finiquito o jubilación, “son candados para evitar esos favores políticos y exigir que la percepción salarial se mantenga para poder jubilar a un trabajador de base”.
A su vez, se solicita reformar el artículo 70 y 98 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al establecer responsabilidades y sanciones a quienes por la índole de sus funciones, hayan autorizado actos irregulares como el aumento de las percepciones salariales sin justificación de ley.
Específicamente, en el artículo 37 se prohibiría a las entidades modificar el sueldo base de cotización sin que exista cambio de forma general en el tabulador de salarios establecidos en su propio presupuesto; mientras que en el 88 Bis se señalaría que en el supuesto de que el sueldo base de cotización del servidor público que solicite la pensión aumente más de un 40 por ciento, el monto de la pensión de retiro será igual al porcentaje del sueldo base de cotización promedio que el trabajador disfrute durante los últimos 72 meses de servicio en personal de confianza y doce en el sindicalizado.
Mientras el equipo legislativo prevé una aprobación sin conflictos, la postura de los trabajadores se mantiene en negativa ya que consideran que el no querer unificar el sueldo es para evadir impuestos, pero al jubilarse sólo se toma el sueldo base, “algunas dependencias les hacían el paro a los trabajadores, pagándoles lo mismo pero les subían el sueldo y bajaban las prestaciones, durante el último año de trabajo, pero sólo a quienes eran sus amigos”, aquellos trabajadores que tienen más de 30 años de labores, por ejemplo en el Poder Legislativo, no se han podido jubilar pues se irían con 10 de los 20 que gana en realidad.
Se reclamó que ya en la legislatura pasada los afectaron con la modificación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de limitar el pago de sueldos caídos en un juicio laboral, “en ese momento se aprobó al vapor, nunca estudiaron bien las afectaciones y ahora quieren hacer lo mismo”, los trabajadores exigen que si en la realidad pretenden ayudarlos que primero inicien con la unificación de los sueldos, “desgraciadamente nadie quiere entrarle al tema, no sabemos a qué le temen”.
La principal demanda como trabajadores es que se les unifique la percepción salarial, ya que el sueldo dado de alta ante el Isssspea es casi la mitad de lo que en la realidad reciben, lo cual hace que compañeros con edad avanzada que ya requieren su jubilación no pueden hacerlo por lo bajo que será su percepción final.
Como servidores públicos se lamenta que los legisladores no tengan las puertas abiertas a escucharlos ni a tomarlos en cuenta para las decisiones que al final sólo afectarán a quienes por años han sido afectados por ese modelo de evasión de impuestos; “en ninguna de las ocasiones nos han pedido reunirnos, bien que hacen foros para otras cosas pero para los que somos de casa nunca”.
Desde la perspectiva de los burócratas, deberían establecerse mesas de diálogo sobre sus necesidades, qué se espera de esa reforma y cuáles podrían ser las afectaciones; en todo el aparato gubernamental hay abogados, contadores, especialistas que pueden aportar, si bien no como diputados, pero sí como los beneficiado o afectados.
