Por Omar Williams López Ovalle
En estos momentos en que la clase política del estado realiza sus tácticas y estrategias para colocarse en el poder a través de las elecciones del 2016, es importante a la par iniciar desde la banqueta un diálogo sereno sobre la confección de un menú estratégico para cambiar las políticas públicas, que quizás ayuden a generar un mayor beneficio a la sociedad de Aguascalientes.
Según dicen los que saben de estas cosas, los procesos de reforma del Estado surgen a finales de la década de los 70, como resultado de la llamada “crisis fiscal del Estado” y la caída en los procesos de crecimiento económico. La crisis de esta época se produce en parte, por el desarrollo desproporcionado del Estado, que había comenzado a darse en las primeras décadas del siglo XX como resultado de las tareas asumidas en diversas administraciones públicas.
Como reacción a la crisis de los años 70, se comienza a difundir una serie de visiones teóricas que defienden el llamado “Estado mínimo”, el cual fue una suerte de intento por regresar a los tiempos del Estado decimonónico (o mejor dicho, a su modelo imaginario), en donde las estructuras estatales tenían como cometidos casi únicos el asegurar el cumplimiento de los contratos y la protección de la propiedad.
Son los tiempos -a principios de los años 80- en que el pensamiento neoliberal domina el escenario teórico y se implanta en diversos países. Un primer tramo de las reformas del Estado con visiones neoliberales se dirige hacia una restricción importante de los cometidos y funciones de éste, y hacia el correspondiente adelgazamiento de sus estructuras burocráticas. En la segunda mitad de la década de los 80, se llevan a cabo reformas de la función regulativa del Estado sobre los mercados, además, empiezan a abrir las fronteras al libre comercio y bajar las barreras arancelarias de un buen número de países.
Durante la década de los 90, los procesos de reforma de Estado se dedican a enmendar una parte de las reformas de la década anterior, que dejaron resultados funestos en términos de crecimiento del desempleo, caída del poder adquisitivo de los salarios, desigualdad y discriminación sociales, degradación de los servicios públicos, precariedad de los sistemas de seguridad social y un largo etcétera. Las reformas a los componentes económicos del sistema se complementan con otro tipo de cambios, que en parte corrigieron las visiones del Estado mínimo. Dicen que en los 90 se realizaron la “segunda generación” de reformas de Estado.
Hoy en día, una vez que se ha dejado atrás, por lo menos en la mayor parte de los países de América Latina, la etapa de la “reforma estructural”, focalizada hacia el sistema económico, a principios del siglo XXI las tareas de la reforma del Estado parecen concentrase en la búsqueda de nuevos diseños institucionales, esto es, crear una nueva institucionalidad que favorezca un mejor marco de instituciones y un mayor nivel de igualdad de oportunidades.
En este contexto, Aguascalientes tiene una oportunidad única para sumarse al impulso de democratización de México. Lo puede hacer tomando en cuenta no solamente los cambios constitucionales que se realizan a nivel federal, sino también y sobre todo marcando rumbos originales y señalando sus propias prioridades. Como quiera que sea, a casi nadie escapa el hecho de que, en el presente político, la gobernabilidad es un bien escaso, de tal forma que se tienen que buscar mejores condiciones para mantener la eficacia y la legitimidad de los poderes públicos.
Ante un escenario de gobernabilidad precaria no se debe perseguir como objetivo único la eficacia global del sistema jurídico-político, sino también aprovechar la oportunidad que se avecina para realizar los cambios que permitan una profundización del diseño democrático que existe. Eficacia y democraticidad son dos nortes que no deben perderse de vista a la hora de formular propuestas.
Así, para poder obtener una visión panorámica de lo que pueden implicar reformas estructurales para Aguascalientes, es necesario tener la posibilidad de un menú de cambios posibles, seleccionando prioridades, sin perder la visión de conjunto, además del control del tablero, en que se juega la reforma. Sólo una visión omnicomprensiva puede ser útil contra las visiones particularistas que apuestan, con objetivos de corto plazo, o reformas de gota en gota, y que tienden ser proyectos destinados al fracaso, ejemplo reciente de ello, la jefatura de gabinete.
Algunos cambios que parecen más necesarios y que quizás puedan constituir una agenda mínima del Estado en los próximos años serían:
- El fortalecimiento de los derechos fundamentales. Hoy en día nuestra Constitución local no está pensada en términos de norma, y tan es así que tiene un gran ausente: el clausulado de derechos fundamentales. Por lo que si queremos avanzar hacia un estado democrático, colocando en el centro de la mesa al ciudadano, es ineludible dar el paso de revisar integralmente nuestra ley local para inscribir derechos fundamentales de los que no habla la Constitución federal, y para ampliar aquellos que ya están contemplados en ésta.
Ahora bien, es importante tomar en cuenta que nuestro país aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los casos sometidos a su jurisdicción han asignado un cierto sentido a los derechos fundamentales, el impacto de sus sentencias comienza a sentirse en los trabajos legislativos, en las resoluciones de los jueces locales y en las políticas públicas del estado y municipios.
- Hacia un estado constitucional. La construcción del estado constitucional implica una serie importante de condiciones sin las cuales los valores que asume la teoría constitucional contemporánea (libertad e igualdad, entre otras) no pueden darse. Para que una Constitución sea normativa se requiere, por lo menos, que los actores políticos ajusten su conducta a los postulados constitucionales y que, en caso de no hacerlo así, la Constitución contenga los instrumentos necesarios de defensa para reparar las violaciones que lleguen a producir. Se da por hecho, además, que la Constitución permite, estimula y protege la existencia de una serie de derechos fundamentales: libertad, económicos, sociales y culturales. Y contiene un esquema de división de poderes que propicia que “el poder frene al poder”. Estos dos puntos serían el contenido mínimo de la Constitución local, y que no se trata de descubrir el hilo negro, las investigaciones lo dicen.
Estas propuestas persiguen resolver algunas cuestiones de ingeniería constitucional y de diseño de instituciones que se deben atender en vista del pluralismo político y social de la entidad.
Es necesario trabajar en la cultura de la legalidad, sobre todo pensando en las palabras de Flores D´Arcais, que en el estado de cosas, “una política de legalidad sería hoy la más radical de las revoluciones posibles, además de la primera de las revoluciones deseables”.
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De justicia y respeto a los derechos humanos
Por Jesús Medina Olivares
La nación no quiere sangre ni turbulencia, ni desmedros ni menoscabos. Quiere realizarse en el ejercicio de todos los derechos humanos tan justamente conquistados
Hipólito Yrigoyen
Importantes y claras las propuestas que realiza Omar Williams para nuestro Estado, en su colaboración para Esfera Pública, que tienen como propósito resolver algunas cuestiones de ingeniería constitucional y de diseño de instituciones.
No se limita a estructurar un contenido conciso y equilibrado. Plantea un contexto que le da orden, forma y consistencia al texto. Cómo parte del análisis, considero conveniente examinar, las condiciones estructurales y las extrañas dimensiones por la que transita el Estado mexicano en su conjunto, que justifican la aplicación de estas medidas.
Específicamente en lo concerniente a la necesidad de fortalecer los derechos fundamentales en nuestra Constitución local ya que, incomprensiblemente, no contiene un clausulado específico a los derechos fundamentales.
Más allá de la retórica, es una realidad que en nuestro país, los derechos humanos distan mucho de ser derechos efectivos y reales para todos.
La evidencia indica que la violación constante de los derechos humanos, por las instancias que deberían ser garantes en su promoción, respeto y protección, es cada vez mas cotidiana. Lo más grave es que se está constituyendo en una conducta recurrente, hasta cierto punto tolerable, por algunos segmentos de la sociedad.
De acuerdo al último informe de Amnistía Internacional, que analiza la situación de los países referente al respeto de los derechos humanos, nuestro país resulta con bajos resultados.
Se destaca, entre otros, la desaparición forzada de 43 estudiantes a finales de septiembre del año pasado, que sigue sin resolverse y, consecuentemente, a la fecha, se está todavía muy lejos de que la justicia de pleno alcance a esos casos de tortura y homicidio
Más aún, hasta marzo de 2015, en el país se enlistaron oficialmente 25 mil 821 personas “no localizadas” según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si bien los Estados tienen la responsabilidad primordial de respetar, proteger y garantizar los derechos como han sido plasmados en los tratados internacionales, que nuestro país ha suscrito y ratificados en nuestra constitución, la obligación del respeto a los derechos humanos es una responsabilidad que debe ser compartida por todos. Particularmente la sociedad civil debe ser inflexible en la exigencia en que se reconozcan y se respeten universalmente.
Se tiene que admitir que el Estado Mexicano experimenta una profunda crisis de justicia en la que algunas de sus instancias han actuado con una alto nivel de encubrimiento, una especie de pacto de impunidad, como una muralla infranqueable, que se han venido agravando con el paso del tiempo hasta llegar a un grado importante de pérdida de confianza en nuestras instituciones.
En palabras de Talcott Parsons“la falta de integración, bajo diversos aspectos, entre muchos individuos y los modelos institucionales constituidos”.
Existe una deconexión de las instancias de procuración de justicia con el ciudadano. Nuestro sistema penal es lento e ineficaz, donde el compromiso con la legalidad, el respeto a las libertades y los derechos humanos no es mas que una aspiración.
Esta perniciosa impunidad que anida en las estructuras institucionales, propiciada por el ambiente institucional y social que la propician y la toleran.
Algunos analistas opinan que el problema de la violación sistemática de los derechos humanos en el país, es que los ciudadanos desconocen sus derechos, por lo que resulta complejo que también sepan de las garantías para hacerlos valer.
Más que una especie de ignorancia ignorada, sostengo que la impunidad no solo es una cuestión de carácter estructural sino también cultural. Es decir, es un asunto de hábitos, creencias y actitudes de indiferencia que perpetúan la impunidad. Donde la comisión de delitos y violaciones de los derechos humanos permanecen sin consecuencias, ni jurídicas, ni morales.
¿Qué es lo que sucede en una sociedad cuando se instala la impunidad selectiva de la justicia y dónde la gente percibe que no es igal para todos?.
Se debe aquirir conciencia que ante los hechos delictivos y cuando no existe una respuesta institucional eficaz o se rebasa la capacidad del Estado para enfrentar este fenómeno, además de producir un sentimiento de ira y frustración ciudadana, se produce un vacío que, en diversas ocasiones, se ha cubierto mediante la peligrosa actitud de aplicar la justicia por propia mano.
En efecto, recientemente ha causado indignación los hechos acaecidos en Ajalpan Puebla, donde dos personas, encuestadores de la empresa Marketing Research & Services, fueron linchados y quemados por una turba debido a que fueron confundidos con secuestradores.
Como este, han sido muchos los sucesos similares que se han repetido en algunas comunidades del país y reflejan la penosa realidad de las consecuencias que se pueden tener cuando el Estado es desbordado como administrador de justicia.
La realidad nos está mostrando dramáticamente que necesitamos un cambio profundo, por el bien de todos. Que no significa otra cosa que rediseñar el Estado.
Tiene que haber un sacudimiento para derrumbar la viejas estructuras sobre las que se han construido nuestra moral pública y construir las nuevas instituciones con nuevas bases, más sólidas y con una amplia legitimidad.
Necesitamos trascender la impunidad porque genera impotencia, desesperanza y vulnera el tejido social. Este es su defecto más grave. Un detonador que tarde o temprano provoca explosión. Que debemos atender antes de que sea demasiado tarde.
Es imperativo el predominio del principio de la soberanía de la ley que permita un marco institucional que sea garante del respeto de los derechos fundamentales del ciudadano y de la igualdad de trato ante la ley.
Necesitamos un Estado donde su poder se encuentre limitado por el derecho, que toda acción de la autoridad y de ciudadanía esten sometidas y sustentadas en las normas jurídicas
En este contexto, nuestro Aguascalientes puede dar un paso de proporciones mayores si se logra legislar para que los derechos humanos se hagan explícitos en nuestro marco jurídico y se materialicen en la cotidianidad de las personas.
Para que el disfrute de los derechos humanos dejen de ser actos de voluntad discrecionales de la autoridad o de indulgencia para convertirse en un derecho legal y efectivo.
No podría estar más de acuerdo con lo expresado por Flores D´Arcais, que en el estado de cosas, “una política de legalidad sería hoy la más radical de las revoluciones posibles, además de la primera de las revoluciones deseables”
