- Todos está en manos de Semarnat, el estado tiene injerencia pero ya ha manifestado que no permitirá ningún metro de construcción
- Busca diputado recursos federales para el rescate de La Pona, se ocupan al menos cien millones de pesos
Ya que el análisis de siniestro realizado en meses pasado al predio La Pona no resultó benéfico para cancelar cualquier cambio de uso de suelo durante 20 años, los dueños insisten en la construcción de una zona habitacional por medio de un acuerdo con el Ayuntamiento capitalino.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso local, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, aclaró que a pesar de que la delegación de la Semarnat cuente con una solicitud de manifiesto de impacto ambiental para hacer un cambio de uso de suelo de zona forestal a uso habitacional, hay tres leyes que impiden cualquier modificación por tratarse de un área prioritaria para la conservación.
El análisis se debe hacer, pues se trata de una responsabilidad de la dependencia federal, pero la resolución en positivo sería ilegal: “hay tres leyes que en sus diferentes articulados lo prohíbe en tanto la autoridad no podrá hacerlo”, la más importante por atender de manera directa a la entidad es la Ley de Protección Ambiental estatal, cuyo artículo 73 señala que todas las áreas prioritarias para la conservación no se pueden construir, y como desde abril del 2014 este predio forma parte del catálogo estatal de áreas prioritarias para la conservación, sería imposible que Semarnat autorice el cambio: “Todos está en manos de Semarnat, el estado tiene injerencia pero ya ha manifestado que no permitirá ningún metro de construcción”, el acuerdo que está en tratamiento entre la presidencia municipal y los empresarios es que de las 33 hectáreas que conforma la zona, 22 entren a construcción y once queden como zona conservación, sin embargo siete tienen uso forestal, las más importantes por su espíritu de recarga, donde está la gran mayoría de los mezquites añejos: “De manera indirecta y directa afectas a toda la zona, tanto al momento de construir como cuando ya se usa por el humano”.
El diputado emanado del Partido Verde Ecologista de México subrayó su extrañamiento hacia el cambio de intereses que están teniendo los ecologistas, que por años han defendido el espacio y que por “alguna extraña razón” cambiaron de parecer, al igual que el alcalde capitalino: “Estamos viendo que pretenden arreglarlo entre el presidente municipal y los empresarios, de alguna manera nos preocupa porque puede convertirse en un asunto de corrupción. Se tiene el conocimiento de que se están trabajando intereses partidistas/electorales a cambio de aprobar el proyecto; aunque no se tienen pruebas de ninguna de sus declaraciones.
Ya que el Congreso no puede más que externar su opinión, se acordó en la Comisión de Medio Ambiente en su sesión de ayer por la tarde (en ausencia de Juana Alicia Espinosa de los Monteros y Francisco Ovalle García) que se llamarán a los funcionarios de los tres niveles de gobiernos correspondientes al área de medio ambiente, Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente estatal y el Ayuntamiento capitalino para conocer a fondo cada uno de sus procedimientos y tratar de influir en la decisión final.
Gutiérrez Gutiérrez adelantó estar en trabajo de gestión con diputados federales (tanto del PVEM como del PRI, PVEM y entre otros) para la aprobación de un presupuesto de un fondo forestal para la expropiación del terreno; los dueños lo han cotizado en cien millones de pesos, cantidad que la autoridad considera un abuso, pero que en caso de no lograr la negociación podría intercambiarse por dinero y otros predios municipales.