- “Ayotzinapa es un emblema. De ahí salen cosas muy graves que están pasando en México”
- Publica la PGR expediente de la desaparición de los 43 normalistas
54 mil páginas divididas en 85 tomos y 13 anexos conforman el expediente que sobre el caso Iguala publicó este domingo la Procuraduría General de la República (PGR), documento puesto en circulación tres días después de que Arely Gómez González anunciara la creación de la Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Siete meses de labor y cien funcionarios, destaca la dependencia, fueron necesarios para integrar un reporte que habla sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acontecida el 26 de septiembre de 2014.
Decenas de personas, entre ellas el exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, aparecen señaladas como presuntas responsables de violaciones a la ley. En la lista de delitos hay delincuencia organizada, contra la salud en materia de fomento, secuestro, cohecho, desaparición forzada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y tentativa de homicidio.
La transparencia y la rendición de cuentas, señala la procuradora Arely Gómez, son primordial para la administración federal. El expediente completo puede consultarse en http://goo.gl/jdXuGL
Luego de 13 meses sin noticias satisfactorias sobre el paradero del grupo de escolares, Raúl Vera López manifestó que al momento de los hechos se encontraban en la búsqueda de mayores garantías para ejercer la docencia rural: “El tema de Ayotzinapa es un emblema. De ahí salen cosas muy graves que están pasando en México, Ayotzinapa representa el proyecto violento que este gobierno está utilizando para control de la población”.
El obispo de Saltillo añadió que esa no era la primera vez en que los alumnos de la normal se veían obligados a manifestarse para la obtención de recursos económicos: “Son maestros rurales, representan una conciencia social desarrollada, en ellos el gobierno tenía que ensañarse para decirnos a todos: señores, ni se pongan en el plan de buscar justicia, ni se pongan en el plan de exigirnos”.
La versión de la PGR, desmentida por un grupo independiente de expertos forenses, dice que los cuerpos fueron totalmente calcinados en el basurero de Cocula, a partir de la quema de llantas, y después arrojados a un río cercano por miembros del narcotráfico.
Vera lamentó que la Secretaría de la Defensa se haya negado a una investigación de la Organización de Estados Americanos.
El gobierno mexicano y el crimen organizado, dijo, se han asociado para mantener ahogar cualquier reclamo de mejora social: “Lo vemos, nosotros trabajamos en la Diócesis de Saltillo con desapariciones forzadas. En esas desapariciones forzadas está presente la adyacencia del gobierno, no hay búsqueda de desaparecidos, igual que en las ejecuciones extrajudiciales. En este momento estamos presentando el tema de El Charco”, masacre cometida hace 17 años en contra de indígenas de la montaña guerrerense.
La violencia estatal es tanta, añadió el obispo, que la Policía Federal ha disparado en contra de los autodefensas michoacanos que exigieron el pago prometido a cambio de participar en la detención del narcotraficante Servando Gómez Martínez: “Ayotzinapa representa la impunidad. Es algo pensado, proyectado, impulsado desde dentro de nuestra estructura gubernamental, eso es lo grave, es algo organizado en contra del pueblo mexicano, control de población por la violencia, ese es el punto”.
