- Semadesu, Semae y Semarnat expusieron la situación de la mezquitera a diputados locales
- Se analizará lo atendido en reunión como Comisión de Medio Ambiente para entregar una opinión
La tarde de ayer la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso local organizó una reunión de trabajo con los titulares de las dependencias en materia de medio ambiente en el salón Aquiles Elorduy donde, a petición de los medios de comunicación, el presidente del organismo permitió que fuese pública, ya que el tema a tratar sería la Mezquitera La Pona y su conflicto sobre el cambio de uso de suelo y su fraccionamiento.
El diputado representante del PVEM, Gilberto Gutiérrez, aclaró que aunque el Poder Legislativo no tiene gran injerencia en la decisión de fraccionar esta zona, se solicitó la explicación técnica y legal del predio para buscar la manera de protegerla desde la facultad de los diputados; “nosotros nos empezamos a inquietar a raíz de lo que vimos en medios de comunicación de las declaraciones del alcalde Antonio Martín del Campo de que podría permitir la urbanización parcial de la mezquitera”, la molestia es que se intercambiara por la donación de una tercera parte del terreno, porcentaje que no mitigaría todo el daño ecológico de la construcción de la zona.
Para iniciar la reunión el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Sergio Augusto López Ramírez, explicó que los propietarios del predio emitieron una solicitud de análisis del llamado Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), para una extensión superior a las seis hectáreas del cambio de uso de suelo, la finalidad es el uso comercial y por otro la dualidad de uso habitacional de hasta 545 lotes, en una superficie de 6.8 hectáreas de 31.38 hectáreas que comprende este predio particular; si se solicita esta aprobación el promovente señala, en condicionamiento, que podrían donar hasta 10.5 hectáreas al gobierno.
Recordó que es un lugar con especies predominantes como el mezquite, pirul y huizache; de fauna: aves, paloma, huilota, gorriones mexicanos, liebre cola negra, reptiles, lagartijas; entre sus beneficios se encuentra la regulación de clima, amortiguamiento de ruido, área de recarga y ecosistema de cientos de especies, además de ser un vaso importante de recarga de los mantos acuíferos, según un estudio realizado por Ccapama.
Por parte de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, Jorge Durán Romo expuso que la empresa dueña del terreno solicitó el cambio de uso de suelo a zona habitacional y comercial, “ya lo estamos analizando pero de antemano anticipamos que esto sería muy poco viable porque está inscrito como un área prioritaria para la preservación ecológica, según lo decretó el señor gobernador”, aclaró que el Ejecutivo estatal le expuso su interés por proteger el área al ser uno de los pulmones más importantes para el estado y región.
A nombre de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), su titular Carlos Rodrigo Martín Clemente dejó en claro que el Legislativo sí puede intervenir en esta problemática con el reforzamiento de la Ley de Protección Ambiental y hasta al Código Urbano; “todas las acciones legislativas nos ayudan como autoridad para no permitir más daño en nuestro sistema ecológico”, agregó que ante lo costoso que significaría la compra del predio, se puede crear un fideicomiso tripartita para la compra o en su caso expropiación, bajo un avalúo acorde al tipo de uso que actualmente cuenta el lugar.
En sesión de preguntas y respuestas, el diputado priista Enrique Juárez Ramírez señaló su extrañamiento del cambio de postura tanto de la autoridad municipal como de los ecologistas que por años habían defendido el predio.
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes (Semadesu), David Ángeles Castañeda, dijo que aunque hay muchas declaraciones dispersas en torno al asunto, la realidad es que no se ha concretado ni la coordinación entre las distintas autoridades ni una posible solución que dé sustentabilidad al lugar, “acepto que hay versiones distintas en cuanto a la extensión del terreno, pero recordemos que no son todas las hectáreas las que se encuentran bajo la misma clasificación, algunas son forestales y otras sujetas a conservación”, reconoció que la declaración de área natural protegida le corresponde como Ayuntamiento pero también representa una erogación de grandes cantidades monetarias que no podrían ser solventadas por las arcas municipales.
Se expuso haber realizado dos estudios previos justificativos para una declaratoria total o parcial de esta naturaleza, el cual deberá pasar al Cabildo para que con el voto de mayoría calificada y, según la negociación con los dueños, se llegue a un acuerdo total, “el municipio ofreció incluso casi 55 hectáreas de terrenos cerca de la pensión municipal en permuta por este predio pero lamentablemente los propietarios no aceptaron”.
Presentaron también ante los integrantes de la Comisión un diagrama de las condiciones de la mezquitera, así como la explicación de la propuesta entregada por la inmobiliaria dueña de la misma, “pese a las restricciones ya detalladas por los compañeros, hay paso de líneas de alta tensión por la zona, así como de un colector pluvial del Inagua; hay que destacar que la mayor parte de La Pona estaría siendo donada a cambio de los permisos para fraccionar el área restante que por cierto ya está muy afectada”.
Gutiérrez reiteró su extrañamiento hacia la Semadesu por los resultados de las declaraciones del alcalde y de que no muestre su compromiso aun cuando tiene el conocimiento de sus facultades como Ayuntamiento, para exigir a los propietarios que mantengan limpio el terreno y algunas otras medidas para evitar su degradación y afectación ecológico.
Ángeles Castañeda respondió con el argumento de que existen precedentes legales de que se tiene que pagar la afectación a los particulares ante declaratorias de áreas protegidas, y que desde las administraciones anteriores se venía cargando con este conflicto con insistentes juicios legales que han sido fallados en negativo.
Ante reclamos de la representante de Nueva Alianza y el panista Israel Sandoval, se acordó un análisis profundo ya a lo interno como Comisión con la finalidad de entregar un documento resolutivo que pueda ser entregado a la autoridad para concluir con una solución expedita pues de lo contrario este predio natural terminará por afectarse al 100 por ciento.
