- Cayó hasta un 6% el pago de agua y alcantarillado
- Califica Aneas como demagogas las modificaciones de ley
A raíz de la última modificación a la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes, cientos de consumidores han dejado de pagar por el servicio de agua potable y alcantarillado, informó Humberto Blancarte Alvarado, gerente general de Proactiva Medio Ambiente Caasa.
La reforma, que prohíbe a los organismos operadores suspender el vital líquido, ha reducido el porcentaje de usuarios que cumplen con el pago bimestral de un 94 a un 80 por ciento; en consecuencia, la empresa ha dejado de percibir 12 millones de pesos al mes desde su entrada en vigor, expuso Blancarte, durante la reunión de la Comisión de Sustentabilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Argumentó que hasta el momento el desequilibrio financiero no ha podido compensarse, por lo que es inminente un ajuste en las tarifas que obligará al resto de los usuarios a solventar los gastos de la distribución del recurso: “pues alguien debe asumir la responsabilidad por los efectos de esta reforma”.
Los cambios a la legislación, implementados en julio de 2015, pretenden proteger a los morosos, que representan el seis por ciento del total de consumidores, bajo el supuesto de que no pagan por el servicio porque no tienen la capacidad; sin embargo, a decir del gerente de la concesionaria, los fondos de apoyo social, tarifas diferenciadas y subsidios son suficientes para garantizar una cobertura del cien por ciento de las más de 270 mil tomas domiciliarias existentes en la capital: “Además se procuró que el costo no excediera cierto porcentaje de los salarios de las familias, para que realmente fuera un servicio asequible”.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas), Roberto Olivares, la reforma a la Ley de Agua del Estado es populista y demagoga; argumentó que los miembros del Legislativo no estudiaron a fondo la problemática antes de integrar la iniciativa, tampoco se incluyó a especialistas en la materia en el momento de su redacción: “Nos hace mucho daño que los candidatos en campaña ofrezcan más agua y de mejor calidad a menor precio o gratis; o que congresos locales generen modificaciones populistas en las que garanticen 200 litros diarios por familia y evitan el corte, como es el caso en Aguascalientes. Yo preguntaría: ¿quién va a cubrir esos costos de producción de agua? Los organismos operadores no son una caja donde esta fluya, tiene costos y si algún orden de gobierno o legislatura promueve un derecho tendremos que pensar que ellos de sus dietas pagarán este déficit que se genera por el no pago de los servicios”, apuntó el también gobernador del Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés).
Recalcó que la politización del agua tiene que evitarse a toda costa, al suponer un riesgo para la eficiencia de entrega del recurso: “Los directores o gerentes de sistemas de agua no son seleccionados por un trabajo efectivo en el tema hidráulica, llegan como una recompensa política por su trabajo en campañas y eso hace mucho daño. La culpa no la tienen ellos, sino quién los pone (…). Esta cuestión se repite cada que se renuevan presidencias municipales y gobiernos estatales”.
A decir de Olivares, los organismos operadores de agua en el país han sido satanizados por la sociedad debido a las deficiencias que se presentan en el servicio, cuando esto forma parte de un problema de responsabilidades: “Tiene que ver con políticas públicas del estado, municipio y Federación y con la responsabilidad de los legisladores cuando planteen una reforma totalmente alejada del derecho humano al agua como la de Aguascalientes”.
Refirió que hace 35 años se entregó la responsabilidad de la gestión del agua a los municipios, independientemente de si tienen o no capacidades para afrontarla; tampoco hay un marco regulatorio para la prestación del servicio en términos de frecuencia y calidad.
Olivares consideró que se requiere un ordenamiento a la Ley General de Aguas, la Ley de Aguas Nacionales, así como un área reglamentaria en el Artículo 4 constitucional relacionada con el derecho al agua. Además: “a nivel local necesitamos un reglamento generado por el Ejecutivo con la participación de quienes saben cómo está el problema, que ordene estas temerarias aprobaciones que hicieron los legisladores locales”.
