Nadie en nuestra sociedad debe ser excluido de las oportunidades para la superación y el bienestar. Menos aún el sector de la juventud que representa la energía que México requiere para sus necesarias transformaciones.
En lo personal entiendo a nuestros jóvenes como los portadores de la esperanza, de las ideologías que nos harán más libres e incluyentes y desde donde emergen las decisiones para una vida digna.
Es por ello que no concibo que se enfrenten a varias barreras para complementar su aprendizaje y así concretar su proyecto personal y profesional.
Que aún hay quien los vea como rebeldes e insolentes, cuando lo que hacen es simplemente dar pasos firmes para mostrar su identidad y en hacer entender que son generaciones que aportan al país como sus antecesores.
Tampoco es válido que quienes se precian de ser generadores de la riqueza y la productividad del país, limiten el ingreso de los que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral.
Apenas la semana pasada, estuve con un grupo de jóvenes entusiastas y en un diálogo abierto, su coincidencia es sobre la falta de confianza en la clase política. Su rechazo a los discursos oficiales que solo los marean con promesas sin dar ejemplo de trabajo.
Me quedaron muy marcadas las palabras de Daniel, quien pidió hechos a favor de la juventud y para comenzar está la búsqueda de soluciones ante la falta de empleo que en verdad, los agobia.
Y entendiendo a cabalidad su inconformidad, también está el hecho de los que logran encontrar un trabajo y éste resulta ser mal pagado. Nos remitimos a los datos documentales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Servicio Nacional del Empleo, donde se admite que, mientras en Aguascalientes un profesionista gana en promedio 5 mil 500 pesos al mes, en Querétaro que es líder en desarrollo económico nacional, alcanza con el mismo desempeño los 12 mil pesos mensuales.
He insistido en la prioridad que deben tener los jóvenes para cualquier política pública. Por lo que a mí corresponde, he presentado ante la Cámara de Senadores una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta. El propósito es incentivar a los patrones para que contraten a estudiantes universitarios que por necesidad o deseo quieran insertarse en el mercado laboral sin desatender su preparación.
El objetivo es otorgar un estímulo fiscal a los que se sumen, equivalente al 100 por ciento del salario efectivamente pagado, es decir, aquellos patrones que contraten universitarios y les paguen un salario gozarán de una deducción adicional equivalente al 100 por ciento sobre los salarios efectivamente pagados a dichos estudiantes.
Voy al fondo de la problemática: con preocupación la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), nos revela que actualmente el desempleo afecta al 40 por ciento de los nuevos profesionistas.
Es necesario considerar que la incorporación al mercado de trabajo es una de las transiciones más relevantes en la trayectoria de cada persona, en donde hoy más que nunca, la búsqueda de los medios necesarios para la subsistencia y el bienestar se condiciona a los conocimientos, habilidades y actitudes.
Un análisis de CNNExpansión sentencia que si la economía mexicana no aumenta su nivel de crecimiento en esta década, en cinco años más tres millones de egresados de universidades de todo el país enfrentarán la desocupación.
Evaluando esa catastrófica expectativa, se sabe que la matrícula total de la educación superior en México para el ciclo 2013-2014 superó los 3.8 millones de estudiantes. Eso nos dimensiona el reto que tenemos enfrente.
Por ello, debemos ser conscientes pero no resignados de que hoy en día el alto desempleo de los jóvenes se debe en gran parte, a las dificultades para incorporarse por primera vez al mercado de trabajo.
Para el egresado de Educación Superior la búsqueda del primer empleo resulta compleja; factores como la crisis económica, la subcontratación, la inestabilidad laboral y bajos salarios han sido un problema real. Y qué decir de la falta de experiencia, que es un obstáculo para los nuevos profesionistas que intentan ingresar al sector de la población económicamente activa.
Nos dice la Secretaría de Educación Pública que cada año más de 450 mil jóvenes concluyen su carrera y se decide aplicar lo aprendió en la escuela en una empresa u oficina, a cambio de un salario superior.
Indudablemente que el costo de la inexperiencia o de una mejor preparación se ve reflejado en el salario. Nuestros jóvenes se enfrentan entonces a una mayor precariedad laboral no solo porque ganan menos, sino porque el inicio es cada vez más difícil, pues compiten contra la experiencia y un número mayor de egresados y eso hace más escasas las oportunidades.
Contar con un empleo bien remunerado se vuelve imprescindible en la vida del ser humano para su subsistencia.
Actualmente, estudiar y trabajar es una combinación que requiere de mucho esfuerzo. Aun así, son muy buscadas esas jornadas flexibles, de tiempo parcial o de fines de semana, para no interrumpir los estudios.
La iniciativa de ley que he propuesto y que de antemano, obtuve el visto bueno de varios de mis compañeros senadores, pretende precisamente que nuestros jóvenes estén accediendo a mejores oportunidades laborales.
Además, abatir el preocupante nivel de desempleo que afecta a los egresados universitarios. Quiero que tengan esa ansiada independencia económica y que a su vez contribuyan a los gastos en su hogar.
Que desde el primer momento generen derechos en la seguridad social y prevengan desde ahora una pensión digna.
Porque es en síntesis, una alternativa viable para el presente y futuro promisorio de nuestro país y su sociedad.
