- La entidad está entre los 8 estados que concentra el 81% de averiguaciones previas
- El estado no cuenta con una ley especializada en la materia
Un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para diagnosticar la situación nacional sobre la trata de personas en México, reúne datos sobre el total de denuncias, averiguaciones previas y resultados para el fuero local sobre dicha problemática. En la lista de entidades, Aguascalientes se encuentra entre las ocho principales que concentran el 81% de las averiguaciones previas sobre la trata de personas del fuero común.
El estudio agrupa datos del periodo 2009-2011 y fue publicado a finales del 2014. Los estados con mayor número de denuncias son Aguascalientes (89 denuncias y 89 averiguaciones previas), Tlaxcala (50 denuncias y nueve averiguaciones ), Chihuahua (19 denuncias y 19 averiguaciones), Jalisco (nueve denuncias y nueve averiguaciones ) y San Luis Potosí (ocho denuncias y ocho averiguaciones). Lo anterior no necesariamente corresponde con aquellos estados que ocupan los primeros lugares en averiguaciones previas, los cuales incluyen a Aguascalientes (89), Chiapas (88), Puebla (39), Oaxaca (31), Distrito Federal (31) y Veracruz (24). Aguascalientes, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal, Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Chihuahua concentran 343 averiguaciones previas, es decir, 81 por ciento del total de ellas abiertas sobre trata de personas en el fuero común. Chiapas, el Distrito Federal y Puebla destacan como las entidades en que más averiguaciones han resultado en consignaciones con detenidos.
En contraste, la entidad presenta un bajo porcentaje de delitos de corte federal en comparación con las demás entidades del país. El análisis muestra que hay una clara tendencia, según la cual, los estados del país donde hay más averiguaciones previas por el delito de trata de personas (fuero común) son al mismo tiempo aquellos en los que se registra relativamente poca incidencia delictiva en general y, sobre todo, de delitos vinculados a la delincuencia organizada.
El desconocimiento de los legisladores acerca de las intenciones que llevaron a la comunidad internacional a combatir la trata de personas como un delito de carácter transnacional impulsado por redes de delincuencia organizada ha tenido como consecuencia que, desde un principio, las reformas legislativas, sobre todo en el ámbito penal, estén llenas de contradicciones y lagunas y, por tanto, carezcan de efectividad. Aunado a esto, la confusión entre trata de personas y explotación ha sido una constante, tanto en la legislación federal como en la estatal, lo cual se refleja, no sólo en los tipos penales, sino también en los criterios utilizados por agentes del ministerio público y jueces para aplicar la normatividad.
Aunque en Aguascalientes se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para conformar una comisión legislativa especializada en la trata de personas, la propuesta permanece frenada por falta de consenso entre los diputados.
En el ámbito federal, la discrepancia entre senadores y diputados tiene detenida la aprobación de la ley antitrata.
También es relevante decir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha encabezado el establecimiento de, aparentemente, doce mecanismos regionales de coordinación en los estados de Jalisco, Estado de México, Yucatán, Aguascalientes, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Chihuahua y Veracruz, así como dos en Chiapas. Hay, además, noticia de la existencia de un Comité contra la Trata de Personas en Puebla y Tlaxcala que también es liderado por la CNDH.
La información estadística, documental y de campo disponible, sugiere que la principal modalidad parece ser la trata de personas con fines de explotación sexual, o al menos la que más se ha estudiado, perseguido o cubierto en los medios de comunicación. Le siguen en importancia la trata de personas con fines de trabajos forzados, la venta de niños y niñas, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada.
Entre el universo de posibles víctimas de trata de personas, los grupos e individuos en mayor riesgo son aquellos que sufren exclusión y discriminación, que viven condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de carácter sistemático y que sufren de carencias afectivas o emocionales. En este sentido, el perfil de las víctimas identificadas y rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser víctimas de este delito.
Sobre el modus operandi de los tratantes, se han identificado algunos patrones recurrentes, como el enganche por engaño, tanto en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual como con fines laborales, o por enamoramiento, particularmente en el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual. Los grupos y redes criminales que se dedican al delito de trata de personas presentan cambios constantes en sus estructuras delictivas, los cuales aprenden, innovan y adaptan. Existen nuevas herramientas, como el Internet, que pueden potenciar el modus operandi de los tratantes y facilitar el reclutamiento de víctimas que no necesariamente responden a los perfiles que han sido identificados en situación de mayor riesgo. Debido al carácter dinámico y elusivo que utilizan los tratantes, resulta pertinente preguntarse cuáles son los factores que explican esta constante renovación y expansión, a pesar de los esfuerzos y de las políticas punitivas aplicadas hasta el momento.
El objetivo general de este diagnóstico es contribuir a un mejor entendimiento sobre el carácter y el alcance de la trata de personas con énfasis en las modalidades de mayor incidencia en México.
