Informe presidencial desde la impopularidad
Por Fernando Aguilera
Se acerca el día en que Enrique Peña Nieto rinda su tercer Informe de Gobierno. En tiempos menos democráticos, en los que no se contaba con las actuales tecnologías de la comunicación y las redes sociales, era una fecha en que los *antecesores priistas del mexiquense tomaban para auto celebrarse los logros y callarse las situaciones incómodas que se hubieran presentado. Incluso hubo momentos de nostalgia como cuando durante su sexto Informe José López Portillo lloró al anunciar la crisis económica por la que pasaba el país.
Cada año, el presidente tiene la responsabilidad constitucional de presentar un informe del ejercicio de la administración pública federal ante el Congreso de la Unión quienes en teoría representan a los ciudadanos.
En el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está plasmado el compromiso de presentar el informe presidencial que en términos formales, en 2008 se reformó el artículo eliminando el requisito de asistencia del jefe del Ejecutivo al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso; por lo que hoy sólo basta que se envíe por escrito el informe de las actividades, obras, relaciones establecidas y resultados del país en economía, política, salud, seguridad, etcétera. Luego de presentar el informe, la Cámara tiene la obligación de responder a través de un representante, luego de haber sido analizado.
El tercer Informe llega en un momento en que parece haber más por qué estar preocupados que aciertos en la administración. Enrique Peña Nieto perdió el apoyo de la mayoría en un año y su popularidad cayó siete puntos hasta 44%, según el sondeo de Pew Research Institute, basado en un millar de entrevistas realizadas en México entre el 7 y el 19 de abril, cuando su popularidad era de 51% en 2014. Los niveles de rechazo subieron cinco puntos -de 48% a 53%- en ese mismo periodo.
La cifra proyecta una sostenida caída en la opinión favorable hacia Peña Nieto, quien llegó al poder en 2012 con reformas modernizadoras y una popularidad de 56%. Estas cifras no fueron alcanzadas ni cuando el país estaba sumida en la violencia generada por la declaración de guerra de Felipe Calderón a algunos grupos criminales.
La imagen presidencial fue decayendo a medida de los escándalos de corrupción entre los que se encuentran la famosa “casa blanca” de la primera dama o la casa de su colaborador encargado de la hacienda pública del país; así como aquellos casos de violación de derechos humanos en Ayotzinapa y Tlatlaya, además de la liberación de Rafael Caro Quintero y la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, de un penal de máxima seguridad.
La decisión de Peña Nieto de ajustar el jueves pasado su gabinete coincide con el estudio, nombrando nuevos titulares en Relaciones Exteriores, las secretarías de orden social y la Comisión Nacional de Seguridad.
Se trata del primer reacomodo del equipo presidencial desde 2012, y en la que el nativo de Atlacomulco no tocó a los titulares de las secretarías de Gobernación y Hacienda y Crédito Público. Cuando uno de los cambios que se esperaba por académicos y analistas políticos tras los casos de violaciones a los derechos humanos era el Miguel Ángel Osorio Chong.
Las reformas impulsadas en sectores como la energía, la educación y las telecomunicaciones parecieran no rendir frutos a pesar de la habilidad para lograr la aprobación de los representantes populares.
Tal vez la cereza del pastel es la reciente dictaminación de la Secretaría de la Función Pública sobre la no responsabilidad de la pareja presidencial y sus colaboradores en la adquisición de la casa blanca de las Lomas de Chapultepec, situación que sin duda es un agravio más pueblo mexicano.
¿La nueva legislatura de la cámara baja será capaz de cumplir con su función de representación popular y exigir lo necesario al Ejecutivo Federal o continuará siendo comparsa insensible para conservar los privilegios de la clase política dejando a los ciudadanos en la indefensión y el abuso del poder?
@aguileralespron
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Pobres resultados, profundos agravios
Por Gilberto Carlos Ornelas
Llegamos a la víspera del tercer informe de Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno Federal. Despojada ya la ceremonia de la pesada liturgia que había consagrado la fecha al nivel de efeméride patriótica con los excesos y desmesuras del viejo autoritarismo, en la actualidad obliga más a la reflexión y ponderación acerca de la situación del país y lo que el Gobierno Federal ha hecho. Todo parece indicar que el presidente presentará más bien la agenda de asuntos pendientes que los resultados logrados. Por ello, la parafernalia previa y posterior gira en una suerte de prestidigitación publicitaria en torno a la idea de que lo que fue ya no será, que lo que ha sido negativo se transformará -por obra y gracia de tímidos reajustes- en una estrategia que, sin embargo, no parece funcionar para el bienestar del país sino apenas para la restauración sexenal, dañina pero por fortuna ilusoria del viejo régimen.
Con la divisa de “tres años moviendo México”, la publicidad mercadológica del tercer informe satura ahora el espacio electromagnético con cifras engañosas acerca de todo y sin medida, con presuntas cifras de los “compromisos cumplidos”. Pero la opinión pública percibe más bien estancamientos en los principales temas de la agenda nacional, incluso a partir de las propias prioridades que el gobierno actual señaló.
Desde fines del siglo pasado, la opinión pública general, cansada de los regímenes autoritarios, ha sido receptiva y simpatizante de los reformistas. Y este gobierno así presentó su programa, desde la mesa del Pacto por México. Parece que se cumple aquello de “mucha expectación, mucha decepción” puesto que una a una las reformas peñistas y pactistas han venido mostrando sus limitaciones y debilidades.
La economía nacional sigue estancada y tanto el INEGI y el Banco de México coinciden en reducir las expectativas del crecimiento. Cada día avanza la idea de que la reforma fiscal fue imprudente y que las reformas financiera y de competencia económica han sido insuficientes, porque en tiempo de recesión el problema principal no es que el gobierno recaude más sino que gaste mejor y que se fortalezca el ingreso de las familias.
La Reforma Electoral ya mostró sus vicios ocultos a partir del predominio de intereses partidistas y facciosos en las instituciones electorales y, en los territorios gobernados aún con criterios feudales, evidenció los temores a una mejor democracia. La Reforma Educativa no ha mejorado los contenidos ni la calidad ni la infraestructura de la educación pública; del control discrecional sindical se pasó al control autoritario y opaco de las burocracias, con modalidades abusivas como el empleo precario que ofrecen ahora a los educadores. La Reforma Energética puso contra las cuerdas a las otrora empresas orgullo nacional, Pemex y CFE y sus trabajadores y día con día se fortalece la convicción de que se lesionó la propiedad nacional de los recursos naturales a cambio de espejismos transnacionales. La Reforma Laboral quedó como una vulneración a los derechos de los trabajadores, a cambio del señuelo de incremento de nuevos empleos. Las reformas en transparencia y anticorrupción hoy son más un enmarañado “parto de los montes” que un freno a los negocios bajo la mesa y a los usos y costumbres discrecionales de nuestra burocracia. La reforma en materia de seguridad sigue en calidad de suposición entre propuestas erráticas del Gobierno Federal e intereses creados de los gobiernos estatales, que hace mucho olvidaron la esencia municipalista de la República.
Seguramente nos dirán que elgranretoesconcretarenavanceslosaciertosdelasreformas”, y el coro mediático lo repetirá ad infinitum; incluso la oposición política formal, leal y correcta, compró por adelantado ese discurso y se apresta a seguirlo aunque dicen que ya no hay pacto de por medio.
Pero si la fiebre reformista ha servido más para la creación de expectativas que para la concreción de resultados, el talante autoritario y discrecional del gobierno ha producido ya otros terribles agravios. Y los trata con la estrategia del olvido y la simulación. Aún así, se han venido colocando en el sustrato y sedimento de la memoria social.
Ahí están los escándalos de corrupción que no serán aclarados por este régimen y que apenas han sido catalogados con la figura del “conflicto de interés” que “no está legislado adecuadamente”: las ofensivas mansiones del presidente y su familia, las de su secretario de hacienda, los contratistas sospechosos y, por supuesto, las inocultables fortunas derivadas del ejercicio político, enriquecimientos tan explicables como inmorales.
Ahí están también las masacres explicadas como daños colaterales de la “estrategia de seguridad pública”, que poda a los capos de organizaciones criminales y deja intocadas sus finanzas mientras crece día con día la cifra de muertes y desapariciones sin explicación. A la vez, México se acredita en el ámbito internacional, como paraíso de tortura e impunidad.
Ahí está todavía la Noche de Iguala. Y como la Masacre de Tlatelolco, acompañará a la historia nacional hasta que se logren los cambios de fondo necesarios en el régimen político y en el injusto sistema que hoy mantiene a los mexicanos en la profunda desigualdad que alarma incluso a los socios ricos de la pretenciosa clase política que gobierna en la autocomplacencia, de espaldas a la creciente inconformidad e indignación ciudadana.
