La noche del pasado sábado 11 de julio, la noticia de la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán de la prisión de “alta seguridad” del Altiplano, en el Estado de México, despabiló a la opinión pública nacional e internacional. Por inverosímil que parezca, este delincuente, uno de los más poderosos del mundo, burlaba por segunda ocasión el sistema de seguridad de nuestro país, pues ya se había escapado de la cárcel en el año 2001.
Al Chapo Guzmán lo habían recapturado apenas a principios del año pasado y el gobierno mexicano sólo tuvo la capacidad de mantenerlo recluido 14 meses. Coincidió el evento con una visita de Estado del mandatario mexicano a Francia en el marco del CCXXVI aniversario de su revolución. En este viaje el presidente iba acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien tuvo que regresar de inmediato a México para atender la emergencia que representaba la huida del capo sinaloense.
Ahora resulta que nadie en el Gobierno Federal es responsable de lo sucedido. En rueda de prensa del lunes pasado, Osorio Chong afirmó categórico que no pensaba renunciar. Sólo se removió al director del penal en cuestión y la titular de la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario. El secretario de Gobernación tiene bajo su mando los penales por lo tanto también es responsable en la fuga del Chapo. Me refiero, desde luego, a la responsabilidad política.
En el contexto de una crisis de credibilidad en el gobierno y en los políticos, la segunda fuga del Chapo representa otro golpe a la confianza de la gente. Este hecho despierta una gran sospecha de corrupción.
Han habido malas decisiones que nos alejan del objetivo de garantizar la seguridad en el país, como eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y pasar sus tareas al área política de la Secretaría de Gobernación; así como suspender la aplicación de los exámenes de honestidad y probidad a los policías que es una cuestión indispensable.
Tenemos que ir a fondo al revisar el Sistema de Seguridad; sin duda es necesario que se vuelva a instaurar la Secretaría de Seguridad Pública y que se dé un paso en serio en la profesionalización de los policías, que el control de confianza sea permanente. Es necesario que se cree un sistema universal de recepción de denuncias que asegure que se dé un apoyo sistemático a las víctimas y seguimiento a los casos; urge una profunda revisión al trabajo de los ministerios públicos en el país, que se amplíe la capacitación de los juicios orales y que se revise el sistema penitenciario. No se puede aspirar a gobernar exclusivamente con poses o declaraciones mediáticas.
Lo que preocupa, amén de la debilidad del sistema penitenciario mexicano de “alta seguridad”, que entre otras cosas nos demuestra su vulnerabilidad ante el poder y la capacidad persuasiva o disuasiva del crimen organizado, es la también debilidad de la legalidad mexicana. No puede ser que todo se explique mediante la demostración de la existencia de “dos puntos ciegos” en la estrategia de vigilancia del Chapo, en un penal diseñado con las características más exigentes en materia de seguridad. ¿Cómo es posible que hayan construido un túnel de 1.5 kilómetros bajo la nariz del gobierno mexicano?. El pueblo de México se merece respeto, y el gobierno debe ser responsable, debe garantizar que el sistema de seguridad funcione y para ello el presidente Peña Nieto deberá tomar decisiones firmes, fuertes y sólidas. Los responsables de la fuga tienen que irse.
*Coordinador del grupo parlamentario del PAN, senador de la República por Aguascalientes. Sus bases formativas son la Contaduría Pública y el Derecho, desde donde ha ejercido apasionadamente el servicio público, la política y la representación social como férreo militante de Acción Nacional.
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