Durante los últimos seis meses, el gobierno griego ha estado presentado batalla en mitad de unas condiciones creadas por una asfixia económica sin precedentes para poner en práctica el mandato que recibió tras las históricas elecciones del 25 de enero. Aquel fue un mandato para que el gobierno negociase con sus socios europeos con la misión de poner fin a la austeridad y restaurar la prosperidad y la justicia social en aquel país. El primer ministro griego Alexis Tsipras ha recordado este inicio de semana a su población que el objetivo era “conseguir un acuerdo viable que respetara tanto la democracia como las normas europeas y condujera a una salida definitiva de la crisis.”
El Eurogrupo (la comisión de negociadores representando a los estados miembros de la Unión Europea) pidió al Gobierno griego que aceptara sus condiciones o el país sería expulsado de la Unión Europea. Las instituciones financieras demandan al gobierno griego aumentar el IVA, recortar pensiones, mayores reducciones a los salarios del sector público y reducir el pago por los servicios públicos, para lo cual proponen su privatización. A cambio de ello, el Banco Central Europeo (BCE), que es controlado por Alemania, apoyaría con 7.2 mil millones de euros para pagar la deuda que tiene Grecia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el propio BCE. Esto es, el dinero no sería para inyectarlo a la economía griega, sino para pagar los adeudos a favor de las instituciones financieras.
Para explicar el trance por el que atraviesa Grecia, el caricaturista venezolano Eneko, ironiza en un cartón donde presenta a varias personas deambulando con una sola pierna con ayuda de muletas y un mensaje: “Hay que amputar, dijo el vendedor de muletas, y le creímos”.
El problema que sufre Grecia es el resultado de los desmanes de la banca. El modelo económico adoptado por el mundo occidental, impulsado a través del FMI, ha llevado a países como Grecia y como México a reducir sus propias plantas productivas, para ser maquiladores de productos industriales de origen extranjero y a ser importadores de alimentos. Sus fuentes de recursos provienen del comercio internacional y dependen del influjo de divisas por exportación de servicios.
Grecia ha sacrificado su soberanía económica al entrar al juego del libre comercio, permitiendo el crecimiento de su infraestructura a base de deuda bancaria e inversión extranjera atraída por bajos salarios. En los últimos cinco años la media salarial ha disminuido 27%, los recortes al gasto social gubernamental han sido constantes, y ahora ya no hay de donde recortar.
El envejecimiento de su población, que también afecta a los países de la Eurozona, ha agudizado el problema económico. Se estima que casi la mitad de los hogares griegos viven de la pensión de un miembro de la familia, según un estudio de la Federación de Comerciantes y Artesanos. La mayoría de la población se jubila a los 62 años, pudiendo recibir una pensión completa siempre que se haya cotizado 40 años. También hay muchas prejubilaciones a partir de los 47 años. Las instituciones bancarias demandan la reducción, e incluso la eliminación, de estas prestaciones sociales.
A pesar de que los impuestos subieron 240% en cinco años, la prioridad otorgada por el gobierno al gasto social impidió mitigar el crecimiento de la deuda extranjera. Esto es lo que ha irritado a los acreedores toda vez que la carga financiera, se ha incrementado exponencialmente. Pero sucede que Grecia está pagando por su deuda pública 12% de interés anual, mientras que Alemania paga por su deuda externa el 0.56%.
Para contrariedad del Eurogrupo, Grecia sometió la decisión de aceptar o rechazar esas condiciones a un referéndum que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio.
Si el pueblo griego optase, a través del referéndum, por postergar el pago hasta recuperar su capacidad económica, su problema sería más manejable. Contrariamente a lo que se afirma en los grandes medios informativos -que no son precisamente los más independientes-, al aplazar el pago tendría mejores posibilidades de cubrir sus adeudos en un futuro. Si, como a raíz de la crisis del 2008 lo hizo Islandia, volviese a su moneda, el dracma, y nacionalizase sus fuentes energéticas, el agua, tomase el control de sus finanzas y recuperase su planta productiva, Grecia podría resurgir. El costo social de aceptar las condiciones de los bancos es excesivamente alto, y tomando en cuenta esta otra vía, resultaría innecesario tener que pagarlo.
No obstante, si tomase esa decisión, habría grandes amenazas de los poderes fácticos, algunas directas y otras veladas, para que los griegos voten a favor de las demandas de la banca internacional. Esta semana crucial se ha estado mostrando en los medios masivos a miles de personas mayores desesperadas por no recibir su pensión. El “corralito”, mecanismo que causa pánico en la gente, porque les niega el acceso a su dinero, inclina a la fuerza la balanza del referéndum a favor de la banca. Este es el terrorismo económico, tan nefasto como el otro, que viven en Grecia y se vive también en otros países donde se han impulsado “reformas” e impuesto condiciones laborales que privilegian a la banca y capitales trasnacionales.
El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha resaltado los enormes esfuerzos que ellos están realizando para salvar a Grecia del impago y ha lamentado la decisión griega de “romper de forma unilateral las negociaciones”, cuando convocó un referéndum. “Nuestra oferta no es un estúpido paquete de austeridad”, se justifica Juncker, “no rebaja salarios y no rebaja las pensiones y eso hay que dejarlo claro”. Pero por lo pronto, el domingo Grecia decidirá su futuro y, de paso, la nación que es cuna de la democracia, compartirá con el mundo el modelo de economía en el que libremente escoge vivir.
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