Hacer frente y superar los desafíos de la sociedad es fundamental la organización de la acción comunitaria. La efectividad en las políticas públicas se amplía al incorporar la colaboración social e interinstitucional como elemento central en su planeación, diseño y ejecución.
Actuar en colectividad contra el flagelo social de las adicciones -así como en los múltiples retos nacionales-, unir esfuerzos y propósitos, es la mejor estrategia para alcanzar resultados certeros de transformación social e incidir en el arraigo de hábitos de vida saludable en la población.
Ciertamente el mundo de las drogas está asociado a una serie de problemas que dañan severamente al tejido social, generan violencia, desintegración y polarización en el seno de nuestras comunidades. Incluso el crimen organizado se ha convertido en una verdadera amenaza para la vida comunitaria y la seguridad nacional. Además de sus vínculos con el lavado mundial de dinero y su inserción en el sistema financiero global. Son los lados más visibles y terroríficos del problema, pero no son la raíz. No obstante, el desafío de fondo es un tema de salud pública y de armonía social.
El Informe mundial sobre las drogas 2015 indica que aproximadamente 246 millones de personas fueron consumidores de algún tipo de droga ilícita en el transcurso de 2013. Es decir, alrededor del planeta, un número de personas equivalente al doble de la población total de México consumieron drogas. El problema es global y está lejos de ser menor. No habrá ejércitos que puedan contener la producción y el tráfico de drogas mientras el consumo mundial de estupefacientes continúe en ascenso. Tan solo de 2006 a 2013 se añadieron a la cifra anual cerca de 40 millones de consumidores; en siete años, los nuevos usuarios de drogas ilegales fueron más que la suma de los habitantes de Canadá.
En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes, más del 17 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato encuestados fueron consumidores de drogas ilegales cuando menos una vez en su vida. Este sector de la población es el más vulnerable, ya que la edad inicial de consumo crece cada vez más en los jóvenes de menor edad. Desde los 12 años se incrementa el riesgo.
El Gobierno Federal, para responder a este gran desafío, ha incrementado las capacidades del Programa de Prevención y Atención de Adicciones, presentado en enero de este año. Se ha integrado una plataforma de colaboración interinstitucional y social para hacer un frente común a esta amenaza a la vida comunitaria. Trabajarán en este propósito las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Como señaló el presidente Enrique Peña Nieto hace unos días: “nuestras Fuerzas Armadas no sólo seguirán trabajando por la seguridad interior, por apoyar todas las acciones que nos permitan lograr un México de paz y de tranquilidad”. Se incorpora el Ejército en la tarea de prevención: “nuestros soldados y marinos y marineros del Servicio Militar Nacional, los Pelotones de Sanidad de los Batallones, los estudiantes y egresados de las Escuelas de Educación Militar y Naval, así como promotores y voluntarios civiles, irán a las comunidades rurales, a barrios, a colonias, a realizar labores preventivas contra las adicciones”.
Los jóvenes que participan en el Servicio Militar Nacional serán una pieza angular del programa de colaboración, en el entorno familiar y en sus lugares de estudio serán portavoces de los riesgos que se relacionan con el consumo de sustancias nocivas y drogas, lícitas e ilegales.
A este amplio proyecto se sumarán, con acciones adicionales a las que actualmente llevan a cabo, 454 Centros de Integración Juvenil, Centros de Atención Primaria en Adicciones y Unidades de Atención Médica Especializada del sector salud.
Es una labor multiplicadora y convergente para ensanchar las vías de confluencia y alcanzar a los diversos sectores de la sociedad, reproduciendo así las tareas y propagando la información para la prevención de las adicciones. Este esfuerzo une a organizaciones de la sociedad civil y a los distintos órdenes de gobierno en una tarea imprescindible para preservar la salud pública y la promoción de hábitos saludables en la población. Para 2018, se tiene como meta alcanzar a informar y orientar al menos 7.7 millones de personas, principalmente jóvenes, en el campo y la ciudad, en cada rincón del país.
Ir a la raíz del problema es la mejor manera de abordarlo. Por ello, debemos continuar afrontando este enorme reto con la voluntad y la participación de la sociedad, las instituciones de salud, educativas y de seguridad, para actuar con mayor decisión, en la evaluación, el diseño y la implementación de los programas dedicados a la prevención y la atención de la población en riesgo.
Como sociedad, tenemos que ir en contra de la idea falsa que sostiene que las drogas liberan. Con las adicciones ocurre todo lo contrario. Las drogas deterioran la salud de quien las consume, limitan el desarrollo de nuestro potencial y causan terribles daños a nuestra comunidad.
Estamos llamados a formar una juventud responsable e informada, a educar para la vida, a promover los valores democráticos, a brindar mayores oportunidades para la autorrealización personal y social. Ampliemos nuestras redes de solidaridad y colaboración para hacer frente a las adicciones. Tenemos el deber de participar.
