Recordemos que en febrero de 2013 la Reforma Educativa fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, con esto el Congreso de la Unión hizo su parte, esta reforma busca beneficiar a millones de niños mexicanos. Fue construida entre todos los actores políticos para mejorar la calidad de la educación con maestras y maestros más capacitados, permanentemente evaluados y bien remunerados.
Ahora el Gobierno Federal debe hacer la parte que le toca y evitar acciones unilaterales e ilegales como la suspensión de la evaluación a maestros y su posterior reactivación una vez concluidas las elecciones. Por esto cuestionamos al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, el pasado martes en la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión.
En su comparecencia, Chuayffet dijo que la decisión de suspender los procesos de manera indefinida se debió fundamentalmente a “la falta de equipos de cómputo en 19 entidades del país”; ¿no será tal vez que la evaluación a maestros fue suspendida por un cálculo electoral? Los legisladores exigimos que sin pretextos las autoridades educativas acaten el mandato legal para enfrentar los retos que representa la reforma educativa.
También cuestionamos al titular de la SEP por no realizar los descuentos a los maestros faltistas de la CNTE, por abandonar su principal deber, que es educar a los niños. Chuayffet sólo alcanzó a responder que “ya lo ha explicado muchas veces”, y que se debe a que los patrones sustitutos son los gobiernos de los estados. Dijo que “no se quiere someter a los maestros, se quiere llegar con ellos a un acuerdo para que sean mejores y eleven a México, brindando una mejor educación” y yo pregunto, no es a través del cumplimiento de la ley, por ejemplo aplicando la evaluación a los maestros, como se puede elevar la calidad de la educación en México.
El reto y la obligación del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados, especialmente de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, es dar cabal cumplimiento a la Ley. En estos tres estados se concentra el 13.6 por ciento del total de los docentes, el 11.5 de los alumnos y el 16.4 por ciento de las escuelas públicas del país en el nivel básico.
Preocupa e indigna que estas entidades, identificadas como las zonas de influencia de la disidencia magisterial, también eludan su responsabilidad para que el derecho humano y constitucional a la educación tenga plena vigencia, cuando son las que registran el mayor rezago escolar. Lo que está pasando aquí por falta de firmeza es una verdadera tragedia educativa, los vándalos organizados tienen de rodillas a las autoridades gubernamentales.
Oaxaca es el estado con el desempeño más bajo por parte de los maestros y en un segundo lugar nada honroso está Michoacán, por lo que resulta por lo menos sospechoso que sean de las entidades que se oponen a ser evaluadas.
Acción Nacional lleva décadas buscando la verdadera transformación del sistema educativo nacional, no vamos a permitir que esta Reforma Educativa de vanguardia falle, que se vacíe de contenido, que ahonde las diferencias educativas y deje a millones de niños y niñas sin acceso a este derecho fundamental. La educación es la mejor herramienta para romper el círculo de la pobreza y la marginación.
*Coordinador del GPPAN, senador de la República por Aguascalientes. Sus bases formativas son la Contaduría Pública y el Derecho, desde donde ha ejercido apasionadamente el servicio público, la política y la representación social como férreo militante de Acción Nacional.
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