- El profesionista presentó exámenes para Perito Responsable de Obra en 2013
- Autoridad argumenta inexistencia de documentos a pesar de la presentación de pruebas por el quejoso
La Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene una queja en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes por afectar los derechos humanos del ciudadano José Martín Gallo Aguilar, al negársele su reconocimiento como perito Responsable de Obra por supuesta inexistencia de documentos.
El quejoso detalló que en diciembre del 2013 un grupo de ingenieros civiles y arquitectos presentaron exámenes teóricos y prácticos (ocho horas de evaluación a libro cerrado) para el cargo de Perito Responsable de Obra ante la Sedum de Aguascalientes; a la semana recibieron una llamada aprobatoria para el registro y toma de fotografía para el carnet oficial, al ser época de cambio de administración se le solicitó regresar por sus documentos en el mes de enero del 2014.
Al presentarse a la dependencia para realizar el pago del trámite del carnet encontró evasivas injustificadas para no entregársele dicho documento, “para el 14 de abril me citaron a junta para informarme que no aceptaban la validez del nombramiento, dijeron que había una supuesta inexistencia de exámenes o incluso supuesto arreglo debajo de la mesa”, por lo tanto debían repetir todo el proceso de evaluación sin especificar los nuevos criterios.
Al presentar la queja ante la CEDH, el organismo inició con la investigación percatándose que la Comisión de Admisión de la dependencia revisó el currículum vitae, título y experiencia profesional, por lo que determinó que sí reunía los requisitos. Esto fue el 14 de abril del 2014.
El 8 de enero del 2015 se entregó una recomendación hacia la Sedum en la cual se menciona que no existe por parte de la autoridad judicial competente, una declaración de invalidez del acto admirativo por medio del cual se le otorgó al quejoso el registro de Perito Responsable de Obra, por lo que es válido y al gozar de legitimidad y ejecutividad debe ser cumplido por los servidores públicos y particulares.
Sin embargo, Gallo Aguilar asegura que por negarse a cumplir la recomendación, en febrero del 2015 presentó una denuncia penal por la responsabilidad que tiene la autoridad ante la supuesta pérdida de documentos.
Por seguimiento de la recomendación de la Comisión, el 23 de abril 2015 se le entregó el carnet, pero con la condición de que para ser válido debía repetir los exámenes, esto lo considera un acto discriminatorio pues es el único de los profesionistas al cual se le ha exigido tal situación, bajo el argumento de la pérdida del archivo en donde están sus exámenes y resultados.
Adicional al incumplimiento al derecho a la seguridad jurídica previsto en la constitución federal (artículo 14) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la CEDH señala que existió inobservancia de las obligaciones señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, mismo que indica que los servidores públicos deben salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia de sus actos; además de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado obtenerse de cualquier omisión, abuso o deficiencia en el ejercicio de sus labores.
