- Pretende la concesionaria dar la vuelta a ley que impide cortes al suministro
- Habrá respuesta del Legislativo si la concesionaria actúa para suspender el suministro a los morosos
En rueda de prensa conjunta, diputados y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional solicitaron a la población evitar la firma de los pagarés que -dijeron- la concesionaria de agua potable Caasa ya contempla con motivo de legalizar la ejecución de un embargo ante cualquier adeudo.
Los priistas destacaron que esta reacción empresarial se da justo después de que el Poder Legislativo aprobara, por mayoría de votos, la prohibición del corte al suministro, toda vez que el acceso al agua forma parte de los derechos humanos.
De acuerdo con la reforma a la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, el líquido será restringido a 200 litros diarios para los hogares con tres o más recibos sin pagar, pero nunca retirado por completo.
El Comité Directivo Estatal, dijo su dirigente, Francisco Guel Saldívar, así como sus extensiones en los municipios, prestarán asesoría gratuita contra la estrategia de Caasa.
A los consumidores “hay que hacerles el llamado, que estén muy listos de no caer en las artimañas y artilugios que pretende implementar la concesionaria de agua, sobre todo en la capital, al hacer llamados para que firmen un contrato pagaré, donde ante la falta del pago pondrá en potestad para poderles embargar. Hasta estos momentos no lo pueden hacer, pero están instrumentando jurídicamente este tipo de contratos, por la vía mercantil intentarán despojar de sus bienes a los ciudadanos”.
La secretaria general del Comité Directivo Estatal, Lourdes Dávila Castañeda, añadió que la legislación ya contempla sanciones para organismos, funcionarios públicos y contratistas que corten el suministro de agua. Se habla de una multa de dos mil salarios mínimos (120 mil pesos) para las interrupciones sin causa justificada.
La responsabilidad de aplicar esta consigna está depositada en cada presidencia municipal.
Los prestadores del servicio de agua potable, añadió la también diputada local, tienen la responsabilidad de adquirir tecnología para llevar a cabo la restricción a 200 litros por día. Caasa está condicionada a perder la concesión si incumple con la ley.
“Si los ayuntamientos incumplen y no están cobrando al funcionario público responsable esta multa, entonces será el Instituto del Agua, como organismo regulador a nivel estatal, quien deba aplicarla”.
La restricción a 200 litros, consideró Guel, es suficiente para evitar un alto índice de morosidad, pues el usuario que desee un servicio completo pagará sin contratiempos. Los estimados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dicen que esa cantidad de agua alcanza para el mínimo indispensable de cuatro personas.
El priista apuntó que Caasa no tiene argumentos para emitir los pagarés, y que si lo hace sería “en complicidad” con el alcalde panista Antonio Martín del Campo, quien ya se mostró a favor de la empresa francesa.
“Trabajó para Caasa, es difícil olvidar el terruño. Le están pegando en el bolsillo y ahí es donde le duele al alcalde y a los funcionarios de Acción Nacional”.
–¿Cómo se procedería en caso de que se llegue a amparar la concesionaria?
–Se podrá acudir como tercer interesado. El Congreso, a través del grupo de abogados que tiene el grupo parlamentario del PRI, estará defendiendo ante las instancias judiciales lo pertinente.
El diputado Francisco Ovalle García señaló que Israel Sandoval Macías, representante del blanquiazul en la dictaminadora Comisión de Recursos Hidráulicos, se ausentó de algunas sesiones.
La fracción panista no respaldó el dictamen votado durante la plenaria del jueves 25 de junio. Ovalle dijo que a las discusiones incluso entró una iniciativa de la bancada de Acción Nacional en la legislatura saliente, cuyo centro era el retiro de la concesión a Caasa luego de dos faltas cometidas.
Para Juan Antonio Esparza Alonso las reformas a la Ley de Agua ponen a la entidad a tono con los tratados internacionales y con la difusión de los derechos humanos.
“No era la finalidad enriquecer a quien maneje la cultura del no pago. Señalábamos que tendrá que haber mecanismos distintos de los que se puedan valer quienes ofrecen el servicio para que quien lo adeude se pueda poner al corriente, que no sea la falta de líquido lo que lo orille, porque con ello se pone en riesgo la salud”, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo.
