El proceso electoral español de 2015, comúnmente llamado allá 24M, concluyó precisamente este domingo 24 de mayo. Durante varias semanas, el Partido Popular (PP) en el poder se defendió con uñas y dientes, tratando de evitar lo que sucedió: pagar con pérdida de votos las consecuencias de una política socioeconómica insostenible y antipopular. También lo pagó el principal opositor, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), porque la inoperancia en las altas medias y bajas esferas del poder público no respetó siglas durante varios años. La corrupción, cosa por desgracia no desconocida por estos lares, alcanzó niveles de gran escándalo, reflejándose, allá sí, un revés político para los involucrados. Ambos partidos, pero con mayor énfasis en el PP, partido de origen en la ultra derecha neofranquista, vieron disminuida la aceptación de su oferta política.
El sistema electoral español permitió en esta contienda histórica, un importante cambio en el mapa político de aquel país. Un truco jurídico de la legislación electoral de México evita que el castigo por pérdida de votos afecte los beneficios de los culpables de corrupción, inoperancia, estulticia y todo tipo de abusos en el poder. Contra toda lógica democrática, la cantidad de asientos en la Cámara de Diputados en México no se calcula como porcentaje de la votación total, sino como proporción de la “Votación Nacional”. Esto es, la cantidad que resulta de restar -eliminar e ignorar- todos los votos a favor de partidos que no alcanzan el 3%, votos a favor de candidatos no registrados y votos anulados. La cantidad de asientos camerales por el principio de representación proporcional y el presupuesto público a repartir entre los partidos se calcula también con esta base. Es por esta perversión del sistema electoral que en México no pasa nada si robas, engañas, desapareces gente, matas o te alías con la delincuencia, desde puestos de elección popular.
Pero, aparte de la simulación democrática que prevalece aún en México, cosa con la que aún hay mucho trabajo por hacer, resulta interesante y muy ilustrativo ver cómo en España se lograron sentar las bases políticas para una transformación económica importante.
Siendo sumamente importante el surgimiento y crecimiento de la alternativa política Podemos, aún no representa un porcentaje que pudiera parecer importante en la distribución del poder político español, pero se ha convertido en un propulsor del cambio y marca de tendencia que incide en la oferta política de todos los partidos. De allí la importancia de revisar aquí las partes de su propuesta económica que después del 24M marcarán el cambio en la faz sociopolítica de España.
En primer lugar, Podemos llevó a cabo un análisis realista de las cosas, sin andarse con rodeos ni con promesas banales de mejorar las cosas sin cambiar nada: “En el capitalismo se han alcanzado grandes hitos y un progreso nunca antes conseguidos en la historia de la humanidad pero la historia muestra diariamente que este sistema o no da, o da respuestas a los problemas de los seres humanos que son claramente insatisfactorias.” Establecen que la información que proporciona el gobierno no refleja que la situación económica es de emergencia. Además, que “la globalización neoliberal limita extraordinariamente la capacidad de maniobra de los gobiernos nacionales”, pero hay nuevas formas de resolver los problemas económicos. (Navarro, Vicenç y Torres López, Juan; “Un proyecto económico para la gente; una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española”, PODEMOS, Noviembre 2014, págs. 8 y 9)
La prioridad de Podemos, sobre la base de tener un gobierno democrático, es frenar el destrozo que producen las políticas que se vienen aplicando en los últimos años, lograr que cambie de tendencia la marcha de la economía y aliviar las condiciones de vida de la población. Se pone a la persona por encima de los clamores de utilidad económica y crecimiento a costa de todo de la economía preponderante.
Nada de eso será fácil de conseguir, reconocen, dado el deterioro que se ha producido ya la escasa capacidad de maniobra de la que gozará el gobierno por escasez de recursos con que va a encontrarse y la enorme influencia política de los grandes grupos de poder económico y financiero que han dominado desde hace decenios y que siempre tratan de debilitar o acabar con la democracia para conseguir que los gobiernos solo actúen conforme a sus intereses.
De esta manera, su objetivo estratégico consiste en frenar el deterioro que han provocado la crisis y las políticas que han aplicado primero el PSOE y luego más contundentemente el PP, mediante cuatro grandes estrategias: 1. Garantizar la disponibilidad financiera suficiente y a costos adecuados para empresas y familias. 2. Generar demanda efectiva, es decir, ingresos suficientes para que familias, inversores y gobierno puedan gastar recursos que permitan a las empresas crear empleo suficiente y decente; reactivar la economía interna. 3. Hacer sostenible la deuda pública, no exprimir a la economía con la excusa de pagar la deuda. 4. Rescatar a las personas que han perdido el ingreso, la vivienda y otros derechos sociales y laborales básicos expandiendo los derechos sociales, laborales, civiles y políticos a toda la población.
El logro de estos objetivos, se reconoce, estará acotado por tres condicionantes: A. La aceptación del pueblo español a la “apuesta ética” que justifica en última instancia las propuestas de Podemos. B. La experiencia histórica que enseña qué se puede conseguir y qué no, cuando la economía y las políticas públicas superan los límites de la naturaleza o de lo socialmente tolerable. C. El entorno exterior. Con esto como fundamento, la propuesta abarca la política social, la exterior, la de sustentabilidad ecológica y la democrática.
Si algo hay que aprender es que sin cambiar de fondo la economía, no hay promesa que valga.
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