- Peligrosa la naturalización de la violencia en jóvenes: Observatorio de Violencia Social y de Género
- En 50% de los feminicidios registrados por el Observatorio han participado menores de edad
La determinación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de condenar con agravante de feminicidio a los dos jóvenes menores de edad que asesinaron a una menor el pasado jueves 21 de mayo, constituye un precedente y un avance en la formulación de expedientes investigados con perspectiva de género.
La solicitud de las organizaciones civiles ha sido -durante años- tipificar el feminicidio como un delito autónomo y no sólo como una agravante del homicidio. A la fecha esto no se ha logrado.
El artículo 113 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, perteneciente al capítulo Figuras típicas dolosas define que existe feminicidio “cuando un hombre prive de la vida a una mujer por razones de género. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas a la privación de la vida; o III. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento”.
Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), calificó la determinación de la PGJE como una muestra de voluntad política: “La investigación e integración del proceso por parte del Ministerio Público como feminicidio es una muestra de voluntad política y una visibilización de la violación de los derechos humanos de las mujeres en Aguascalientes. Representa la oportunidad de evidenciar un contexto de discriminación y misoginia. No podemos decir que aplaudimos porque sabemos que así se debe trabajar, y creemos que el procurador está consciente de que así se tienen que hacer todas las investigaciones, es decir, cualquier muerte violenta de una mujer, que presuntamente pueda ser suicidio o cualquier hecho, tendría que investigarse bajo el artículo 113 del Código Penal y después determinarse si fue feminicidio”.
Agregó que la naturalización de la violencia en los jóvenes -producto del entorno social, familiar y los métodos difundidos en series y programas de televisión- constituye una de las principales preocupaciones. De los feminicidios registrados por el OVSG desde el 2006 -que son 190, pero según la PGJE son 257- en el 50 por ciento de los casos han participado menores de edad.
“El comportamiento de estos jóvenes no es un asunto personal, no es un asunto individual, no es el tema del enojo de un jovencito, es producto de todo un contexto, de todo lo que se ha generado, de cómo vivimos. Tampoco es producto de la descomposición social, yo diría que es producto de la construcción social, de cómo estamos relacionándonos. Tendríamos que cuestionarnos como sociedad si vamos a seguir sosteniendo estos niveles de violencia bajo el argumento de que es un tema que no nos toca, o de que se trata sólo del núcleo familiar”.
Ávila Montejano agregó que en el lapso de cuatro meses las organizaciones civiles especializadas en la defensa de los derechos humanos puedan presentar una propuesta del protocolo de actuación con perspectiva de género ante Óscar González Mendívil, titular interino de la PGJE.
“Recordemos que Aguascalientes no cuenta todavía con el protocolo, en la última plática que sostuvimos con González Mendívil eso nos dijo, sin embargo, están avanzando porque ya se tienen antecedentes a nivel nacional para hacer investigaciones con perspectiva de género. Esperamos que la puerta siga abierta en la PGJE, el actual encargado dio el plazo de un año para entregar la propuesta, pero esperamos hacerlo dentro de cuatro meses”.
En la agenda del OVSG sigue pendiente la firma del convenio entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –en Aguascalientes a través del Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM)– para que quede en el acuerdo la obligatoriedad de los protocolos con perspectiva de género, el aumento en el presupuesto para la defensa de las mujeres y la creación de políticas públicas eficientes en contra de la violencia de género.
“El tema de la violencia en Aguascalientes nos preocupa bastante, es un asunto grave, y no les tiene que dar miedo a las autoridades nombrarlo como lo que es, son feminicidios y entendiendo el feminicidio no únicamente como el asesinato de una mujer, sino como todas las conductas sociales que vulneran los derechos de las mujeres”.
