Esfera Pública: Impunidad

México, paraíso de la impunidad

Jesús Medina Olivares

 

La impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace propaganda:

Estimula al delincuente y contagia su ejemplo.

Eduardo Galeano

 

Esta puede ser una conclusión derivada del análisis del documento Índice Global de Impunidad 2015, en el que México, de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ocupa el segundo lugar de naciones con mayor impunidad, sólo antecedido por Filipinas.

El tránsito de la impunidad en nuestro país no ha sido circunstancial. En México, la impunidad ha sido y sigue siendo la regla, y la justicia la excepción.

La impunidad se encuentra tan arraigada en nuestro funcionamiento social que puede considerarse, prácticamente, patrimonio cultural. Un grado relativo de anomia, es decir, una conducta desviada de la norma que se caracteriza principalmente por transformar la visión real de sí mismo, por una visión errónea, que ha dejado profundas consecuencias.

Ha erosionado instituciones y estructuras; ha incidido profundamente en el mundo de la política y sectores sociales, ha debilitado, peligrosamente, el Estado Derecho y pulverizado una de sus columnas esenciales: la justicia.

Desde mi perspectiva, la corrupción y la impunidad en México no sólo son cuestión de carácter estructural, sino también cultural. Me explico.

Respecto al primero, los efectos más visibles se manifiestan en el ámbito jurídico y político, en particular con la negación del Estado de Derecho.

La impunidad, del vocablo latino impunitas, es un término que refiere a la falta de castigo. Se conoce como castigo, por otra parte, a la pena que se impone a aquel que ha cometido una falta o un delito.

La impunidad, por una parte, se deriva del incumplimiento de una de las obligaciones esenciales que tienen los estados; investigar, juzgar y condenar a los culpables por la comisión de una falta, delito o violaciones de los derechos humanos fundamentales.

Por otra, la impunidad anida en las estructuras por las prácticas y el ambiente institucional que la propician o la toleran.

Desde hace mucho tiempo, el Estado mexicano experimenta una profunda crisis de justicia en la que algunas de sus instancias decisorias han actuado con un alto nivel de encubrimiento, una especie de pacto de impunidad como una muralla infranqueable.

Existe desconexión de las instancias de procuración y administración de justicia con el ciudadano. Nuestro sistema penal es lento e ineficaz, donde el compromiso con la legalidad, el respeto a las libertades y los derechos humanos no es más que una aspiración. De cada cien delitos sólo se castigan dos.

Se tiene la percepción generalizada que su actuación responde fundamentalmente al servicio de los intereses políticos y económicos dominantes.

Estamos hablando de una serie de problemas estructurales que se han venido agravando con el paso del tiempo, hasta llegar a un grado importante de pérdida de confianza en nuestras instituciones.

Por otra parte, está el tema de la impunidad como cultura; como conjunto de hábitos, creencias y actitudes que perpetúan la impunidad, la corrupción, la comisión delitos y violaciones a los derechos humanos sin consecuencias ni jurídicas ni morales.

La impunidad también es una consecuencia de la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos. Actitud de que nada importa o da igual.

Qué es lo que sucede en una sociedad donde el Estado, al tiempo que es el responsable de procurar y administrar la justicia, es el que propicia los mecanismos de impunidad, y con ello niega abiertamente su razón de ser.

Qué es lo que sucede en una sociedad cuando se instala una impunidad selectiva de la justicia, donde la gente percibe que ésta no es igual para todos.

Qué es lo que sucede en una sociedad que permite y ve muy natural la ausencia de ética en la función pública, que se traduce en corrupción e impunidad.

Qué es lo que sucede en una sociedad donde se contrapone el discurso y el marco jurídico del respeto a la legalidad y a los derechos humanos, con los actos más graves de violencia de instituciones del mismo Estado en contra de ciudadanos.

Cómo explicarse que más de la mitad de nuestra población es pobre, que uno de cada cuatro mexicanos está en la pobreza extrema, que la desigualdad es una de las más grandes del mundo, que los mexicanos trabajamos y ganamos menos y, sin embargo, la mayoría se siente satisfecha, según un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La realidad nos está mostrando dramáticamente que necesitamos un cambio profundo, rediseñar el Estado.

Sin embargo, es inútil pensar que el cambio va a ocurrir por sí mismo, se requiere un salto decidido de la sociedad. Tiene que haber un sacudimiento para derrumbar las viejas estructuras sobre las que se ha construido nuestra moral pública y construir las nuevas y, para ello, necesitamos una sociedad civil fuerte.

Necesitamos trascender la impunidad porque genera impotencia, desesperanza y vulnera el tejido social. Este es su efecto más grave que debemos atender antes que sea demasiado tarde.

Es necesario romper los patrones negativos de nuestra sociedad acostumbrada al lamento y al perdón, a la opacidad, al silencio y a la indiferencia.

Es imperativo el predominio del principio de la soberanía de la ley que permita un marco institucional que sea garante del respeto a los derechos fundamentales del ciudadano y la igualdad de trato ante la ley.

Un Estado donde su poder se encuentre limitado por el derecho y que toda acción de la sociedad esté sometida y sustentada por las normas jurídicas.

Se tiene que romper con el pacto de impunidad que lacera a la sociedad. Tiene que haber un rediseño donde existan limitaciones institucionales y la misma sociedad sea el contrapeso y no cómplice.

Que no quede sin consecuencia jurídica quien se aparte de la ley.

Como decía Bertolt Brecht: “¡Contra la injusticia y la impunidad! ni perdón ni olvido”.

 

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Impunidad, el fracaso de la justicia mexicana

Fernando Aguilera Lespron

 

Sin duda uno de los mayores problemas que percibe la sociedad mexicana es la impunidad, misma que parte desde la problemática que representa la inseguridad tanto física como la jurídica; la primera que afecta por igual a pobres y ricos y la segunda porque evidencia la inexistencia de un marco jurídico para procesar las diferencias sociales y las violaciones a las normas.

Así, los mexicanos acuden a la ley sólo en casos excepcionales, pues generalmente es sustituida por los mexicanos por soluciones como son renunciar a los derechos que la propia ley les otorga en los casos más simples, y en los más graves en la pérdida del patrimonio e incluso la vida.

Según Guillermo Zepeda, estudioso de la impunidad y la ineficacia del sistema penal en México, la probabilidad de que el presunto responsable de un delito comparezca ante la autoridad judicial (no quiere decir que sea condenado) es del 33% del total de delitos denunciados, lo que equivale a decir que quedan impunes el 96% de los casos.

En el ámbito internacional los países que menos impunidad presentaban a inicios de la década pasada son Azerbaiján (37.5%), Bielorrusia (60.6%), Grecia (74%) o Inglaterra (77.4%); en tanto que México aparece entre las naciones con mayor impunidad junto con Portugal (95%) o Argentina (98.7%).

Quienes infringieron la ley y están condenados fueron detenidos dentro de las primeras 24 horas de haber cometido el delito, después de ese tiempo es difícil que haya una detención por parte de la autoridad y menos una investigación que resulte en ello.

El cumplimento de las órdenes de aprehensión es un  fuerte de la policía mexicana, durante el año 2000 sólo se lograron ejecutar el 33% de esas órdenes. En ese año estaban pendientes 253 mil 539 órdenes de aprehensión.

La justicia penal procesa delincuentes novatos o de poca monta, pero deja ir a los expertos y que cometen delitos grandes. En el panorama del penal mexicano el castigo de delitos de “cuello blanco” es un caso muy difícil de encontrar, ejemplo de ello es el caso de la masacre por parte del Ejército Mexicano en Tlatlaya, la casa blanca de la primera dama, la exoneración de Raúl Salinas de Gortari; o en términos más locales de Aguascalientes, los ligados a la desaparición de tomógrafos “comprados” con recursos públicos o bien la autoventa de  terrenos municipales por parte de funcionarios públicos.

La impunidad eleva la percepción de inseguridad en la ciudadanía no sólo por la probabilidad de ser víctima, sino por la incapacidad del Estado de protegerla, lo que también abona a la percepción de ingobernabilidad.

Durante la gestión de Felipe Calderón de 2007 a 2012, los homicidios dolosos per cápita aumentaron en más de 65%, mientras que los secuestros se incrementaron en 250% y las extorsiones en 94%.

En México, por mandato de ley, los delitos que se denuncian, desde los más simples hasta los más graves, son procesados por el Ministerio Público de la misma manera.

Al no contar con una estrategia que dé prioridad a los distintos casos, los mismos recursos se utilizan para resolver un simple robo que un secuestro. En vez de inteligencia criminal, lo que se observa es un trámite burocrático que no logra articular la evidencia suficiente para probar la culpabilidad de un delincuente frente a un juez.

El resultado ha sido un sistema de justicia saturado que, ante un mayor número de delitos cometidos, su capacidad para resolverlos disminuye. Así, de cada cien delitos que se cometen en el país, sólo uno recibe castigo.

En 2014 el analista político Alfonso Zarate, parafraseando a un maestro universitario del cual fue alumno, renombró el Derecho Penal como el “Derecho de las tres p”, pues sólo se aplica a “los pobres, las prostitutas y los pendejos”.

Para la reflexión: ¿Cómo debe de reaccionar la sociedad ante la impunidad?

@aguileralespron

 

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