Mucho se ha escrito del efecto corrosivo que tiene en la sociedad la corrupción. Dimensionar su alcance e impacto debe considerarse un asunto mayor, ya que el robo del dinero ajeno afecta la vida de las personas, vulnera los ambientes en los que se desenvuelve el grupo social y termina por corroer las bases mismas del Estado, que en los casos más graves puede derivar en una crisis de legitimidad democrática.
¿Qué tan pública es la corrupción en nuestra sociedad?, porque a menudo caemos en la visión superficial de llegar a considerar a la corrupción como una práctica deleznable de la relación entre el ciudadano y el servidor público del Estado.
Incluso aquella expresión tan coloquial, “la corrupción somos todos”, que solíamos escuchar, no dejaba de tener ese resabio de práctica reprobable, que ubicaba a la corrupción en las cercanías del cajón del escritorio del empleado del gobierno.
Aceptar que corrupción debe ser entendida a partir de esta visión reduccionista de lo público es insuficiente, y de eso precisamente se trata esta reflexión: el dimensionar los alcances, los impactos de eso que solemos considerar como “lo público” tradicionalmente, en donde suele ocurrir la práctica corrupta.
Este enfoque, que algunos clasifican como “neoliberal”, y que suscribe la corrupción al ámbito gubernamental, es insuficiente para explicar las complejidades de este fenómeno. Porque entonces la solución para resolverlo sería relativamente fácil: reducir el tamaño del Estado. De ahí la expresión totalitaria de Gary Becker, Premio Nobel de Economía: “Aboliendo el Estado, abolimos la corrupción”. Pero la experiencia empírica nos ha demostrado justamente lo opuesto.
En países con una densa regulación a cargo del Estado, como ocurre en el caso de los países nórdicos, éstos han demostrado un mejor control del fenómeno de la corrupción que aquellos que cuentan con sistemas estatales “mínimos”, en cuanto a su tamaño y grado de intervencionismo. Inclusive ha sido en estos últimos en donde la evidencia empírica ha demostrado que si no se manejan con cuidado, los proyectos de reducción del Estado pueden desencadenar estímulos crecientes para la comisión de prácticas de corrupción.
Hace unos cuantos días fue aprobado por el Congreso de la Unión el Nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, que sumado a la nueva legislación nacional en materia de transparencia, constituyen la nueva apuesta del Estado mexicano para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
La propuesta es novedosa en muchos sentidos, pues si bien un número de sus instrumentos y mecanismos son importantes para acotar aún más el comportamiento de los servidores públicos, considero indispensable trabajar una nueva cultura del ciudadano para cambiar hábitos deleznables. Habrá que impulsar todo este proceso de cambio con decisión y valentía, y en mucho esta tarea estará en manos de los poderes públicos y los tres niveles de gobierno.
Será desde esas trincheras, además de la sociedad civil, donde deberá de emerger el nuevo patrón de cambio cultural y social que nos permita a todas y a todos por igual compartir en grado de convicción, proscribir los “moches”, la “mordida”, el “cochupo”, el “chayote”, la “comisión”, los “favores especiales”, y demás palabras contenidas en el Diccionario de la Real Academia de la Corrupción.
Todas y todos estamos obligados a perfilar una nueva cultura, una cultura de la honradez y la legalidad, sustentada en la transparencia, los valores morales y los principios éticos indispensables para hacer de México un país más próspero para sus habitantes.
Política de la Buena: El cielo de México sigue pintado de tricolor. La encuesta del periódico El Financiero (27/04/2015), aplicada por la empresa Parametría del 18 al 22 de este mes, informa que el PRI registra el 32 por ciento de la preferencia electoral nacional y el PAN 24 por ciento. De la última medición a ésta, el PRI aumentó su diferencia a ocho puntos con relación a los blanquiazules.
Estos números dejan en evidencia, una vez más, que el ciudadano detesta las campañas negras como la orquestada por el PAN al inicio de este proceso electoral, ante la falta de propuestas serias y profesionales, medibles y posibles.
