Habíamos comentado en la entrega anterior que en la construcción de un sistema anticorrupción, una definición básica es quiénes integren el comité coordinador. El PRD plantea que sea el auditor superior federal quien lo coordine junto con un comité ciudadano de 70 miembros elegidos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
El PAN plantea por su parte que quien lo encabece sea el presidente de la República junto con los representantes de los otros dos poderes y las entidades fiscalizadoras de los estados. Menciona la integración de un comité ciudadano compuesto de cinco miembros elegidos por la mayoría presente en el Senado de la República.
Transitar por un sendero que nunca ha explorado requiere de instituciones consolidadas que sirvan de contrapeso al poder y sus excesos. Por lo tanto la definición de estos contrapesos es fundamental para iniciar con éxito esta tarea.
Tanto el PRD como el PAN coinciden en la necesidad de fortalecer la Auditoría Superior de la Federación, ya que en la estructura actual su papel se limita a dar recomendaciones. Sólo en casos extremos da cuenta de ello al Ministerio Público pero no tiene facultades para actuar ni dar seguimiento a esas querellas.
El PRD propone ampliar la facultad de la Auditoría Superior de la Federación hacia los ingresos y egresos de los órganos autónomos. El PAN por su parte propone ampliar la facultad de este órgano para fiscalizar a los fideicomisos públicos y las concesiones y cesiones de bienes del dominio público.
El PRD incluye en esta parte ampliar la facultad de la entidad de fiscalización superior, auditar todos los recursos federales que se ejerzan en cualquier estado del país y que sean asignados a cualquier persona física o moral, pública o privada, incluyendo a los proyectos de inversión y coparticipación público-privada.
Tanto el PAN como el PRD coinciden en la necesidad del fortalecimiento del Poder Legislativo como poder de control del Ejecutivo y Judicial. El PAN plantea la necesidad de incorporar el marco jurídico tanto del Sistema Nacional Anticorrupción, como el de Fiscalización y del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ampliar las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para que además de revisar la cuenta pública, se evalúen la eficiencia y efectividad de las política públicas que se sostiene con recursos públicos y que nunca se le da seguimiento al impacto social de ese gasto.
En un estudio realizado por un organismo ciudadano junto con la Universidad Veracruzana, se estimó que de cada peso que se destina a programas sociales sólo llegan de manera real y efectiva 20 centavos a las personas. El resto, es decir 80 centavos, se va a la burocracia y corrupción.
Aunque hay discordancia en las fechas topes para la revisión de la cuenta pública y otros elementos de forma, coinciden en agregar como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, designar por mayoría calificada a los titulares de los órganos de control internos de los organismos constitucionales autónomos.
Hay coincidencia en incorporar al Título Cuarto de la Constitución, para que particulares y proveedores del gobierno sean también sujetos al control de prácticas de corrupción.
La corrupción no sólo es privativa de los funcionarios públicos, muchas de estas prácticas se dan en contubernio con particulares con los que hacen negocios aprovechándose de su puesto para beneficiar a particulares o utilizar información privilegiada para beneficio personal o de algún particular cercano.
Por lo tanto hay coincidencias en las dos iniciativas para definir con claridad las responsabilidades y competencias de las autoridades frente a las faltas graves que comentan funcionarios públicos (federales, estatales y municipales) y particulares.
Las entidades de los tres niveles tendrán órganos internos de control. Mi duda es que si el aparato de vigilancia de los tres niveles se convertirá en un monstruo burocrático que no vigile nada y, por el contrario, se convierta en un foco activo de corrupción además de la que ya existe. Mi correo: [email protected] Twiiter @normaglezz
