Con tino decía el economista austriaco Ludwig von Mises que “la corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”.
La cita la retomo ante la grave crisis de credibilidad que hoy permea en la sociedad mexicana sobre su clase política y los interminables casos de corrupción que se ventilan desde los distintos ámbitos del poder público.
México transita por una era diferente donde tenemos una sociedad más exigente de transparencia en el proceder de sus gobiernos e inconforme por la conducción generalizada de sus autoridades.
El más reciente agravio para el pueblo provino del extitular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, quien se valió de su cargo para hacer uso del helicóptero oficial en un asunto meramente personal.
Habrá quien le busque los tintes políticos o le dé una interpretación fantasiosa a un hecho que no tiene otra realidad que la del desvío de recursos y la corrupción desde el gobierno.
El caso que se intentó dejar pasar para ver si quedaba en el olvido del pueblo, pero no sucedió y derivó en una supuesta renuncia del servidor público.
Grave también fue que en ese lapso, con información oficial falsa, se intentó justificar el hecho pero sólo se provocó una mayor indignación de los mexicanos.
Incluso la presión ejercida no dio a Korenfeld otra escapatoria que admitir públicamente haber cometido un error inexcusable al utilizar el helicóptero de Conagua para transportarse con su familia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El caso no deberá quedar sólo con su salida, puesto que tampoco hay documento oficial que compruebe que reintegró a la Tesorería de la Federación el gasto que hizo por el viaje en la aeronave, como él mismo lo aseguró.
Más aún, debe convertirse en el precedente para el orden en la administración pública de cualquier nivel; además para eficientar el uso de los recursos y prosperar en una ley que prevenga y castigue severamente a la corrupción.
Debo destacar que ante el desleal proceder de los servidores públicos surgió y se aprobó el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual será sometido a votación ante el pleno del Senado de la República esta misma semana.
Al respecto, he propuesto al interior de mi grupo parlamentario un mayor control interno en el sector público. Es decir, no sólo sancionar la corrupción sino también adoptar medidas para prevenirla. No podemos esperar a que se haga el mal para proceder. Hay que evitar que los deshonestos provoquen un daño que muchas veces no logra ser castigado o se vuelve una situación irreparable.
En otro caso y con un matiz diferente, tenemos la evidente compra de votos bajo el consentimiento del poder, que se da con mayor descaro en Tamaulipas, pero que sin duda es una práctica común en todas las entidades federativas. No es más que una práctica con desesperación por conducir los resultados electorales a un fin conveniente.
Por lo pronto, la bancada del PAN en el Senado ya interpuso una denuncia de hechos ante la autoridad competente en contra de Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, con el único fin de que sean los ciudadanos que de manera libre y responsable elijan a sus representantes y con ello participen en el diseño de una mejor democracia.
Indudablemente que hay personajes que tengan pecados más graves por su corrupción y falta de probidad, sólo que hasta hoy han corrido con mejor suerte por la falta de evidencias.
Quiérase o no, quienes hacen uso de los recursos públicos son más observados y mejor evaluados y no precisamente por entidades fiscalizadoras que al final se vuelven cómplices, sino por los mismos ciudadanos.
Es de resaltar que la sociedad dispone hoy de herramientas más efectivas para no quedarse callada y evidenciar algún mal uso de los recursos públicos.
Esas alternativas que tiene la sociedad para no dejar inadvertido cualquier acto de un mal gobierno son simples pero efectivas: las cámaras de sus teléfonos celulares y las redes sociales.
En el pasado, nadie imaginó que se volverían las armas contra el abuso del poder y para alinear el comportamiento de las figuras públicas. No entro a otros detalles y consecuencias sobre otras funciones de la nueva tecnología porque sería desviarme del tema.
En especial, las redes sociales se han vuelto la salida a los intentos de la opresión y de la censura a las ideas. Ante la falta de representación popular, muchos recurren a esos medios para hacerse entender y exigir un cambio en las políticas y en los comportamientos.
Los servidores públicos, y en general quienes tienen una responsabilidad en los gobiernos, deben entender que hoy la sociedad está mejor armada para reclamar la honestidad y denunciar a los desleales.
También me queda claro que ante el autoritarismo, control y manoseo de la información gubernamental, mayor alcance tendrán las redes sociales. Sobre todo, su impacto será más efectivo que cualquier inversión publicitaria.
De ahí mi defensa desde el Senado de la República a la libre expresión de ideas. Al mismo tiempo, que los mexicanos accedan al internet y que la transparencia en el servicio público sea una exigencia en todas las áreas gubernamentales.
Sigamos haciendo uso responsable de las redes sociales y de todas las alternativas de las que hoy disponemos para informarnos, exigir cuentas claras en el gasto público y dar seguimiento al trabajo que realizan quienes son nuestros representantes.
