- A 21 años de la concesión a la iniciativa privada, Aguascalientes carece de un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado
- No se cumple con el derecho humano universal de acceso al vital líquido que marca la dotación de entre 50 y 100 litros por persona diariamente
Antes de que en el país impulsen la privatización del servicio del agua potable, los legisladores deben revisar el caso Aguascalientes para que se den cuenta que el capital privado en ese servicio no mejoró sustancialmente la dotación del vital líquido, aseguró Jesús Ramírez, dirigente de la CROM.
Indicó que la suspensión momentánea del dictamen que pretende modificar la legislación federal en la materia y permitir una mayor participación del capital privado en la operación de los sistemas de agua potable, “no es garantía de que habrá marcha atrás en la pretensión privatizadora del agua en México”.
Este año se están cumpliendo 21 de que, en un experimento salinista, concesionó los servicios del agua potable y alcantarillado en la ciudad de Aguascalientes, sin embargo los resultados no han sido del todo positivos ni mucho menos ejemplares.
Algunos de los saldos de esta privatización del servicio del agua potable es que hoy en la ciudad se pagan los precios más caros del país por un servicio que no es eficiente, que se caracteriza por múltiples fallas en la dotación en los hogares de agua y que, aun cuando no tengas el suministro del líquido, las facturas llegan puntual para ser liquidadas de lo contrario el servicio es suspendido.
En decenas de municipios de 15 entidades del país el suministro de agua potable está a cargo de empresas privadas total o parcialmente, o bien en esquemas mixtos; sin embargo, en entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas, la falta de pago ocasiona la suspensión del servicio.
En la mayoría de estas entidades, tal como sucede en Aguascalientes, el derecho humano al agua no es respetado ya que en cuanto detectan la omisión en el pago del servicio, Caasa suspende el 100 por ciento de la dotación de agua potable, violando uno de los derechos fundamentales más importantes como es el acceso al agua.
“En noviembre de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera satisfecho este derecho con el abasto de entre 50 y 100 litros diarios por persona, no obstante, Caasa con la complacencia de las autoridades reguladoras, sanitarias, con el amparo de derechos humanos y la omisión de ministerios públicos, suspende el suministro del vital líquido, pasando por alto tratados internacionales que aseguran el acceso a este servicio”, dijo Jesús Ramírez.
Por tanto, dijo, antes de aprobar las modificaciones a la ley, los legisladores federales deben conocer a fondo la realidad del caso de Aguascalientes para que se convenzan de que el esquema concesionado no necesariamente resuelve el problema de dotar de agua a la población.
