México bajo los reflectores de la ONU. En ocasión de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en que rinde el informe anual de su oficina el comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, “denunció hoy a la treintena de países donde se cometen las más graves violaciones de los derechos fundamentales, que en Latinoamérica se concentran en México y Venezuela” (ONU: México y Venezuela, ejemplos de vulneración a los DH. EFE. El Universal. 10:15 Ginebra, jueves 05 de marzo de 2015).
Con respecto a México, dijo que es “un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas logradas con esfuerzo”. Recordó: “He expresado en repetidas ocasiones mi preocupación respecto a la violencia generalizada en partes de América Central y en México, y los vínculos con el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales”. Y refirió el connotado caso de Ayotzinapa, en que demanda: “La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a que tomen acciones decisivas para acabar con la impunidad y evitar estos crímenes en el futuro” (Ut supra, ibíd.).
El reconocimiento explícito del comisionado acerca de las ganancias democráticas que México ha logrado hace indubitable su conquista, pero al mismo tiempo enfatiza el semáforo de alerta sobre la amenaza del crimen organizado que cruelmente las pone en entredicho. Al mismo tiempo señala la criminal corresponsabilidad de aquellas autoridades de cualquier orden de gobierno que se coluden, abonando a la impunidad e favoreciendo su persistencia en el futuro.
Escuchado lo cual, es muy probable para los mexicanos -sobre todo aquellos que tuviesen conflictos de interés- caer en la tentación de desoír este llamado de la ONU, aludiendo una acción injerencista sobre nuestros asuntos internos. Y transgresión de nuestra libre determinación y soberanía nacional. Posición efectista en los medios, a lo mejor, pero falsa e indebida.
Nosotros como país miembro de la organización de Naciones Unidas estamos inextricablemente unidos a sus normas, acuerdos y pactos. No estamos en un mundo de lobos esteparios, sino en uno de pueblos asociados por intereses comunes que son vinculados por principios generales compartidos y enfáticamente asentidos. Uno de estos principios de más alta relevancia consiste en la norma pacta sunt servanda (‘los pactos deben ser observados -o sostenidos-).
Veamos cómo ha sido su establecimiento: “La Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 3 del preámbulo, señala como objetivo de la organización: …crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional (…). El derecho internacional ha visto la vigencia de este principio sobre convenciones asumidas en forma expresa o en forma tácita por un país frente a otros países, y a las declaraciones unilaterales de la voluntad de un país. Esto quiere decir que rige sobre el tratado, sobre la costumbre, vista como acuerdo tácito, y sobre las declaraciones unilaterales que producen efectos jurídicos” (Ricardo Méndez Silva, UNAM. Los Principios del Derecho de los Tratados, http://goo.gl/Y0hnmw).
Dentro del texto de la Carta, en el artículo 2, párrafo 2, como obligación y como principio vertebral de la organización la norma pacta sunt servanda aparece conceptuada en la siguiente forma: Los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta” (Ibidem).
El asentimiento de México otorgado, sea tácito o explícito, explica el que: “Este principio puede equipararse al enunciado del derecho interno de que los pactos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos. Se ha fijado esta norma como el postulado nutricio que alimenta no sólo el derecho internacional, sino a todo el sistema jurídico. Su esencia aparece contradictoria en las distintas posiciones doctrinales que la adoptan y desenvuelven: religiosa, consuetudinaria, abstracta. Hans Kelsen en su obra El tratado y el contrato, le da la categoría de consuetudinaria” (Id.).
El enfoque jurídico clásico de Kelsen, entonces, reafirma la obligatoriedad de todo pacto internacional, de manera análoga a la vigencia imperativa de los pactos contraídos bajo el derecho interno. Asentado lo cual estamos ante un apremio -no tan sólo de buena voluntad- o de un buen consejo proveniente de un órgano internacional, sino ante una demanda explícita al Estado mexicano de ejecutar las acciones legítimas que sean necesarias para restaurar el orden y respeto debido, en materia de observación y aplicación práctica de los Derechos Humanos de todos y cada uno de los ciudadanos.
A la luz de esta particular circunstancia, hay que observar la recelosa actitud de los partidos políticos que incluso se levantan de la mesa de acuerdos, específicamente del INE, aludiendo actitudes parciales de la presidencia o decisiones favorables a sus contrincantes; pero la cosa no para ahí, esta ola de choque se extiende al seno de los congresos, especialmente de la Unión, en cuyas cámaras se forcejea fuertemente en torno al análisis y aprobación en su caso de las iniciativas sobre corrupción y transparencia. Iniciativas sobre las que gravita precisamente la suerte del urgente cambio sociohistórico de México en materia de simulación, opacidad y corrupción a los más altos niveles del poder institucional y fáctico. Y más aún, el debate respecto de la propuesta presidencial para cubrir la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fallecimiento del ministro Sergio Valls, particularmente en la persona de Eduardo Medina Mora, se ve empantanada en un berenjenal de opiniones ríspidas y encontradas.
Asunto sobre el cual en nota periodística se informó ayer que: “Los priistas Omar Fayad y Enrique Burgos no quisieron discutir los argumentos de las perredistas Dolores Padierna y Angélica de la Peña, en el sentido de que en su actuación como funcionario público, Medina Mora violó ‘sistemáticamente’ los derechos humanos y actuó de manera ‘facciosa’, como se establece en resoluciones de la Suprema Corte y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La decisión se trasladó para la próxima semana, debido a que los senadores del PAN -cuyos votos requiere el PRI para conformar la necesaria mayoría calificada- no se han definido aún” (La Jornada, viernes, 6 de marzo de 2015. Política. Andrea Becerril y Víctor Ballinas).
Ojalá que el actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y la flamante procuradora general de la República, Arely Gómez González, nos pudieran dar luces sobre esta polémica nominación, ya que de otra manera quedará sumamente viscoso por su opacidad un nombramiento en curso de tan alta magnitud. Especialmente que concierne a este pacto internacional de México ante la ONU acerca de la exigibilidad de los Derechos Humanos en casa. Remember: pacta sunt servanda.
