- Los juicios orales dan transparencia al proceso de juicio, no al trato que se le da al sospechoso
- Inocentes encarcelados, ausencia de abogados defensores y testigos oculares manipulados son elementos del sistema penal mexicano
Roberto Hernández, abogado e investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y creador de la investigación filmada del caso de Antonio Zúñiga Presunto Culpable, ha dedicado sus estudios al análisis del sistema de impartición de justicia en México, convirtiéndose en un serio crítico de las políticas públicas y procuración de justicia en todo el país.
El abogado impartió una conferencia especial a los alumnos del CIDE región centro en esta ciudad, con la finalidad de mostrar algunos de los resultados de sus investigaciones empíricas a través de encuestas en los centros penitenciarios.
Tras la participación en el caso del joven Zúñiga, observó un ambiente muy precario para juzgar a las personas en México, por lo que diseñó una encuesta para preguntarle a los presos sentenciados cómo fueron tratados por la policía desde las etapas más tempranas de un juicio.
En el primero se les cuestionó si era inocente del delito por el cual lo sentenciaron, el resultado refirió que en el Estado de México un 66% dijo que sí y en el Distrito Federal un 55% durante el 2008, mientras que al regresar la encuesta en el 2012, una vez que se tuviera la vigencia de la reforma y la aparición de los Juicios Orales, resultó que el primero disminuyó al 43% pero en el segundo sube a 67%.
“Entre el 2008 y 2012 se implementa una política pública que se llaman Juicios Orales, empiezan a ser tribunales bonitos, de madera, donde ya se ve tribunal con micrófonos y espacio para un público, ya con una infraestructura adecuada para juzgar a la gente”, esto hizo que en conjunto con un equipo de investigadores ampliaran el cuestionario a más estados, encontrándose un decremento mínimo del 15% de los presos que dicen ser inocentes del delito por el cual se le sentenció.
De acuerdo a las investigaciones, existe una gran probabilidad de ser maltratado por elementos de la policía durante un interrogatorio; en la escala muestra un comparativo en el Estado de México antes y después de la reforma en materia de insultos, si los esposaron en una silla, los desnudaron, golpearon, amenazaron con golpear a un familiar, los amarraron, les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, sumergieron la cabeza en agua o les dieron choques eléctricos.
Los comentarios del especialista recayeron en que los maltratos más leves -como insultos- son los más frecuentes, pues la policía no se anima ya a torturar a un interrogado; el problema observado es que no hay mucho cambio antes o después de la aparición de los juicios orales.
“Con los juicios orales no vamos a arreglar la forma en la que los policías se comportan con el ciudadano cuando lo va a interrogar; con los juicios orales vamos a lograr que haya juicios con jueces reales, sentencias más claras y que haya menos inocentes en la cárcel. No vamos a lograr cambiar la relación antagónica que tenemos los ciudadanos con la policía con este asunto de los juicios orales”.
Otro ejemplo de lo que no está sucediendo con este nuevo sistema penal acusatorio es la presencia del abogado defensor durante los interrogatorios; en otra encuesta Roberto Hernández le preguntó a los presos sentenciados si su abogado defensor estuvo presente en el interrogatorio (destacándose que ésta es la protección elemental legal para el ciudadano en todo el mundo), los resultados mostraron que sólo el 6% respondieron positivo antes y después de la reforma.
“La política pública implementada no está cambiando la situación, había una expectativa de quien creó la reforma de juicios orales”, ésta consistía en que si el sistema de justicia penal hacía más transparente la etapa de juicio se iba a lograr que la policía -que no tiene mucho que ver en estos procesos- cambiaría su comportamiento con el ciudadano; lo cual no ha sucedido.
Una de las protecciones establecidas en la ley para evitar tortura es que el interrogatorio sea videograbado, sin embargo la realidad en todo el país es que en no más del 10% de los casos se aplica esta estrategia de protección. Mientras que en el resto sólo se registra la declaración e interrogatorio de forma escrita por personal administrativo.
Ya que Aguascalientes está apenas entrando en este sistema penal nuevo (comenzó en Pabellón de Arteaga y se aplicará en sus totalidad hasta el 2016), el investigador puso énfasis en que con el panorama observado en otras entidades se puede proyectar lo que va a suceder en el estado, “veremos un comportamiento en la etapa de juicio mejor, pero no un comportamiento sobresaliente de cómo la policía investiga y trata los casos.
Hipótesis de Roberto Hernández
Para conocer la razón del porqué esta estrategia penal no ha dado los resultados esperados, el especialista hizo un comparativo entre la ley mexicana y la ley inglesa (considerada una de las mejores en sistema penal acusatorio). Del conteo de palabras que la ley inglesa dedica a regular la entrevista del policía a la persona detenida y las usadas por el sistema mexicano se destaca el bajo interés que se tiene en México en transparencia y aplicación de la normativa de manera correcta.
En Inglaterra la autoridad dedica un total de cuatro mil 783 palabras para regular este encuentro, que es además el que más temen, pues el 64% de los mexicanos creen que la policía los torturaría en caso de ser detenidos; México dedica únicamente 69 palabras, de las cuales sólo manifiestan que se le respetarán todos los derechos humanos a la persona detenida mientras lo estén interrogando, pero no dice nada del abogado defensor ni la atención que debe tenerse al sospechoso o las tácticas aplicables para la declaración.
En otro comparativo hecho por la organización The World Justice Project se mide el Estado de Derecho en 97 países, es decir la eficacia del sistema penal y el Producto Interno Bruto. En este estudio se indica que los países más ricos tienen sistemas de justicia más eficaces (Noriega es el principal), mientras que los más pobres cuentan con una precaria impartición de justicia (Iberia como ejemplo).
En el caso de México se resalta como un país con mucho dinero y poca justicia, encontrándose por debajo de Uganda, Colombia, India, República Dominicana, Chile y Rusia. Se tiene un ingreso extremadamente alto pero el recurso público se está desempeñando en un sistema erróneo; “esto significa que hay mucha impunidad, que se resuelven pocos delitos y que el dinero destinado a la justicia penal se está implementado de mal manera”, perdiéndose todo en corrupción o en sistemas judiciales que no funcionan.
Eso se refleja en la composición de la población penitenciaria: hay personas pobres que no son capaces de pagar la famosa “mordida”, que son delincuentes de poca relevancia para la seguridad nacional, como aquellos internos que robaron un shampoo en el súper o una cerveza en la tienda, “si seguimos con esas condiciones nunca vamos a mejorar la seguridad en el país”.
Testigo ocular
Dentro del cuestionamiento de cómo se comporta la policía con la mayoría de los mexicanos, se encontró que una de las formas más comunes de interrogación para la obtención de una confesión, es la presencia de un testigo ocular, el cual señala al sospechoso como culpable del delito.
Entre el 50 y 60% de los casos es el testigo ocular quien dice “yo te vi que cometiste un delito”, lo cual desde la perspectiva del investigador resulta ser una prueba persuasiva convincente, pero por demás subjetiva, “por más que traté de convencer a los senadores en el proceso de aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales no me hicieron caso y no se atrevieron a reformar esta prueba adecuadamente”, la intención era eliminarla o regularla, puesto que se trata de una prueba muy manipulable.
La manera común de identificar a un culpable es colocar al sospechoso en la cámara de Gessell, en donde el supuesto testigo ocular lo identifica como culpable, “es como un examen de opción múltiple pero sin opciones, señalo yo al único que me ponen enfrente”, esta técnica es sumamente económica para las Procuradurías, ahora Fiscalías generales, pues evitan investigaciones y movimiento de personal; así fue como se dio el caso de la francesa Florence Cassez y de Antonio Zúñiga (protagonista del documental Presunto Culpable).
Roberto Hernández subraya que la ausencia de metodologías de investigación criminal adecuadas es el factor que más fragiliza al sistema de justicia penal mexicano, si bien la implementación de juicios públicos ha permitido ir poco a poco evaluando el trabajo de la autoridad encargada de la procuración de la justicia, ésta nunca podrá ser totalmente transparente y apegada a los derechos humanos sin la erradicación de la corrupción.
