Más allá de ideologías, de la intención de congraciarse con un sector específico, mucho más de una fecha en particular, la urgencia de contar con un marco legislativo acorde con la realidad social es asunto de todos, y en el tema de trata de personas y abuso resulta apremiante su atención frente a su crecimiento significativo en los años recientes.
El proceso legislativo que se gestó en 2013 en la Cámara de Senadores, por parte de mis compañeros de bancada Gabriela Curvas y Víctor Hermosillo para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las víctimas de esos delitos, propuso que en la ley se castigue el abuso sexual infantil y no sólo la explotación sexual con fines comerciales, pues muchas son las conductas que implican abuso de niños o niñas sin que necesariamente tenga un afán de lucro por parte del victimario.
Para octubre de 2013, la ya conformada Comisión contra la Trata de Personas en el Senado, entre otras modificaciones, propuso, entre otras modificaciones, la definición de esclavitud; la dispensa de medios probatorios en el caso de menores de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir este tipo de delitos, así como sanciones en casos previstos que conllevan conductas relacionadas.
Al recibir la minuta con las modificaciones del dictamen turnado por el Senado -aprobado por unanimidad- a la Cámara de Diputados, muchas fueron las voces de distintos partidos para manifestar lo que se consideró “ceguera política” por la modificación a artículos fundamentales, entre ellos el hecho de que se confunde el delito de trata de personas, lo que conlleva a no castigarlo, sino solamente aquel con carácter de explotación.
Al día de hoy, la minuta se encuentra pendiente de dictamen mientras es creciente la cantidad de víctimas de este fructífero y a la vez lacerante negocio, al igual que de abuso y maltrato sin el amparo de la ley.
No podemos permanecer inmóviles ante una realidad como ésta, por ello, insté, en un punto de acuerdo aprobado hace unos días, a que los congresos de todos los estados, incluida la Asamblea del Distrito Federal, cuenten con una comisión ordinaria para atender, prevenir y abordar con seriedad la Trata de Personas.
Durante el encuentro del pasado domingo con Organizaciones de la Sociedad Civil y activistas integrados al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, tuve la oportunidad de escuchar la necesidad de incluir las voces de quienes conviven a diario con estas problemáticas y se dedican con toda la convicción y entrega a atenderla de primera mano. Una de sus inquietudes fue que para poder actuar dos ingredientes son básicos: sensibilidad e información, permanente, confiable y satisfactoria a fin de establecer mecanismos, normas y campañas eficaces para que la sociedad cuide de sí misma, sea parte de las soluciones y empuje a la autoridad, así como a las instituciones a hacer su parte.
En concreto, en Aguascalientes, mantener comunicación constante y fundamental. cumplir con el compromiso de adecuar el marco jurídico, definir y tipificar la trata de personas, involucrando a todas las fuerzas políticas como muestra de la construcción de acuerdos que respondan a la demanda de bienestar y seguridad, como lo logramos en el Senado.
*Coordinador del GPPAN, senador de la República por Aguascalientes. Sus bases formativas son la Contaduría Pública y el Derecho, desde donde ha ejercido apasionadamente el servicio público, la política y la representación social como férreo militante de Acción Nacional.
Twitter: @FHErHerreraA y Facebook: Fernando Herrera y Fernando Herrera A (Comunidad)
