- Los legisladores añadieron un criticable transitorio de último minuto: Mauricio Merino
- Con las declaraciones patrimonial y de intereses “queremos que cualquier funcionario se exponga a lo público”
Pese a todo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, validada por el Senado durante la noche del 18 de marzo, se constituirá como un parteaguas para el país, sostuvo Mauricio Merino, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y uno de los consultores del documento.
La ley, ya en tránsito a la Cámara de Diputados, donde espera ratificación de las bancadas priista, panista y perredista “sin problemas y hasta sin cambios”, supone más de 50 nuevas obligaciones de transparencia, además de sanciones y la inclusión de sindicatos y fideicomisos como sujetos de toda obligación.
La Cámara Alta aceptó participar de estos procesos, aunque se añadirá en los próximos meses.
“En la Cámara de Senadores lo que hicieron fue demorar el cumplimiento de las obligaciones para ellos mismos, eso estuvo feo. Pero en mi lectura personal significa que va en serio. Si los mismos legisladores tan lo ven en serio que ellos mismos dijeron ‘vamos a darnos chance hasta el 30 de agosto para poner en orden todos los papeles’. Eso dice el transitorio décimo tercero que añadieron de último minuto, por cierto”.
En entrevista con este diario Merino indicó que ese apartado “no estaba en las deliberaciones ni en el diálogo público ni en nada, lo añadieron justo al final, el mero día de la votación. Claro que puede ser leído con un sentido crítico fuerte, no merece otra calificación, pero en mi opinión personalísima es un buen símbolo de que la cosa va en serio, si no los propios legisladores hubieran dicho ‘no importa’”.
–¿Qué significa estar satisfecho con esta ley?
–Significa que después de debates muy complicados, después de haber observado cómo en el Senado de la República se abrió un espacio inédito para colaborar en la redacción del proyecto tras una reforma constitucional que también fue muy abierta, después de haber debatido en público y en privado las objeciones que presentaron en el gobierno los órganos autónomos, el Banco de México, a través del consejero jurídico de la presidencia. Sí se logró modificar casi todas esa objeciones.
“Yo creo que la salida a medios fue muy importante porque, en muchos de los casos, la verdad había objeciones insostenibles y políticamente inconvenientes. No tenía sentido levantar objeciones ante una ley que había provocado el mayor de los consensos entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, legisladores”.
Admitió que “el resultado no es perfecto, no es un resultado que coincida plenamente con lo que uno hubiera soñado, pero se acerca bastante. Es buena noticia, incluso creo que para los medios de comunicación no sólo es buena, es extraordinaria, porque van a tener lo que nunca habían tenido”.
La declaración patrimonial del presidente de la República “sigue siendo motivo de controversia porque quedó planteada para otra ley. Hay que verlo técnicamente, despacito. El asunto de las declaraciones patrimoniales pertenece a la órbita jurídica de las responsabilidades administrativas. Esto está regulado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, de ahí viene toda esta idea. Yo creo que está usted hablando de otra cosa, que es la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción, es otra batalla, con actores muy parecidos y con el grupo que está representado a través de la Red por la Rendición de Cuentas”.
Manifestó que en la discusión de la Ley General de Transparencia las cosas se quedaron justo en este punto. Los funcionarios aún no están legalmente obligados a publicar su declaración de bienes.
“¿Cuál fue el argumento que se utilizó? Creo que es debatible, pero técnicamente válido: eso debe ser regulado no en la ley general, porque iría en contra de la legislación de los estados, del federalismo. Eso tiene que ser regulado en la ley federal, que habrá también. La general es para todo el país y de ella se descuelgan las leyes estatales con los mínimos establecidos”.
De tal modo, cuando toque turno al Sistema Nacional Anticorrupción se hablará en el Congreso de la Unión tanto de declaraciones patrimoniales como de declaraciones de conflicto de intereses entre funcionarios públicos y empresas o ciudadanos, como planteamiento constitucional a incorporar en el artículo 6.
“Nosotros esperamos, lo vamos a estar diciendo, pidiendo, vamos a seguir en la batalla un largo rato porque queremos que haya una Ley General de Responsabilidades que se derive de la reforma constitucional anticorrupción, en donde tendría que quedar explícitamente planteado que habrá una versión pública de la declaración patrimonial y una versión pública del conflicto de interés. Si no son públicas la cosa del conflicto de interés va a acabar siendo juzgada solamente por la Secretaría de la Función Pública, y nosotros no queremos eso, queremos que cualquier funcionario se exponga a lo público”.
–¿En el Congreso existe el ánimo de invitar a los académicos para dialogar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción?
–El Sistema Nacional Anticorrupción es el resultado del diálogo con los académicos y con la sociedad civil organizada, así está plasmado en la reforma constitucional que venturosamente fue votada por la Cámara de Diputados, fue un diseño cocreativo, fue el producto de un análisis cuidadoso de política pública (…) ahora estamos esperando que sea aprobado por la Cámara de Senadores, del mismo modo que estamos esperando que la Ley General de Transparencia sea aprobada por la Cámara de Diputados.
–¿Se podrá medir el éxito de las nuevas legislaciones?
–Claro. Lo vamos a medir con la apertura, se va a medir a través de la cantidad de documentos que se van a poner en las páginas de internet de manera proactiva. Hay más de 50 obligaciones generales para todos los gobiernos, para los órganos públicos, hasta para los sindicatos, los partidos, los fideicomisos.
Merino insistió en que “nunca habíamos tenido una apertura de esta magnitud, claro que estamos contentos, viene un listado de todo lo que se tiene que poner (en la página) sin necesidad de que el ciudadano lo pida, porque lo ordena la ley lo van a tener que subir: contratos, licitaciones, adjudicaciones, salarios, bonos, evaluaciones, es una lista larguísima. En un año más, porque esto se toma su tiempo, vamos a empezar a ver cuántos sujetos obligados están cumpliendo. De hecho ya hay metodología explorada para eso, el CIDE ha venido haciendo con frecuencia la Métrica de Transparencia”.
La Métrica de Transparencia 2014 fue publicada hace un par de semanas. En la materia se ha cumplido incluso con la “muy restrictiva” ley anterior.
–¿Todos los sujetos obligados son capaces de llenar los nuevos indicadores de transparencia?
–Es una verdadera revolución kantiana en el sentido de apertura de lo público, del imperativo categórico de Kant, según el cual todo lo que no se puede decir en público es porque esconde algo injusto. Si dicen que no, van a ser sancionados, la ley general dice explícitamente que el IFAI tiene facultades para tomar medidas de apremio, como si fuera un juez para obligar a la gente a cumplir. En caso de que no se cumpla tiene facultades para multar directamente y para iniciar procesos de sanción.
El doctor en Ciencia Política apuntó que si el Sistema Nacional Anticorrupción prospera en el Senado en los términos en que fue aprobado por la Cámara Baja, las sanciones serían llevadas ante el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.
