- La organización Article 19 presentó el Informe Estado de Censura 2014 en México, que documentó 326 agresiones a comunicadores
- En el gobierno de Enrique Peña Nieto sucede una agresión cada 26.7 horas, casi la mitad son de funcionarios públicos
- La Procuraduría del Estado no tiene datos de denuncias presentadas por periodistas
La organización Article 19 presentó este martes su Informe Estado de Censura 2014, en México en el cual destaca Aguascalientes como uno de los tres estados del país en donde no se documentaron agresiones contra periodistas en el año 2014, sin embargo esto no asegura que no se hayan dado, ya que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) declaró no tener datos de denuncias presentadas por periodistas en los últimos 20 años, por lo que no se podría tener un panorama claro de si hubo o no agresiones. A nivel nacional se registraron 326 ataques a comunicadores, en la administración de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, un periodista es agredido cada 26.7 horas.
El objetivo del documento es recoger las agresiones contra la prensa o comunicadores documentadas por Article 19, organización a favor de los derechos humanos cuya sede en México comenzó a operar en el año 2006, tan solo en el año pasado se contabilizaron 326 agresiones, cuatro menos que el año anterior, además el 82 por ciento de los asesinatos a periodistas ocurrieron en las últimas dos décadas.
Aguascalientes junto con Nayarit y Tlaxcala son los tres estados en donde no se registraron agresiones en el 2014, a diferencia del Distrito Federal, en donde se reportaron 85 casos, Quintana Roo con 42 y Veracruz con 41. La organización señala que las agresiones aumentaron en el D.F. en más de un 70 por ciento especialmente por los ataques efectuados durante actos de protesta social.
Sin embargo esto es sólo lo que ha logrado documentar Article 19, ya que las Procuradurías estatales han sido “ineficaces para atender la violencia contra la prensa”, porque la mayoría desconoce el número de denuncias penales presentadas en las últimas dos décadas por periodistas y medios de comunicación por agresiones o amenazas a su trabajo. En el caso de la organización, dijo haber solicitado a través de transparencia a las 32 procuradurías estatales datos de las agresiones a la prensa desde agosto del año pasado, en Aguascalientes la respuesta fue que esa información era inexistente.
Durante los primeros dos años del presidente de la República, diez periodistas han sido asesinados: Gregorio Jiménez en Veracruz, Nolberto Herrera en Zacatecas, Octavio Rojas en Oaxaca, Atilano Román y Antonio Gamboa en Sinaloa, además del reporte de cuatro personas desaparecidas en los últimos dos años, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se agredía a un periodista cada 48.1 horas, con Peña Nieto, la agresión sucede cada 26.7 horas.
Esto quiere decir que el promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió un 30 por ciento en lo que va del gobierno de Peña Nieto, en el sexenio anterior se documentaron mil 92 agresiones, un promedio anual de 182 ataques, en el gobierno actual se han registrado 656 (330 en 2013 y 326 en 2014), un promedio de 328 por año.
Las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro con el 43 por ciento del total de los casos, las intimidaciones registraron un 16 por ciento, las detenciones arbitrarias representaron un 14 por ciento y las amenazas un 13 por ciento; del total de los ataques registrados el año pasado, 116 fueron hacia periodistas, 60 al medio de comunicación, 42 a fotoperiodistas, 33 a directivos, 32 a documentalistas, nueve a columnistas, nueve a locutores, siete a camarógrafos, cinco a jefes de información, cinco a editores, tres a blogueros, dos a tuiteros, una a un conductor de tv, una a un caricaturista y una en contra de un hijo de periodista.
Casi la mitad de las agresiones -el 48 por ciento- contra periodistas son cometidas por un funcionario público, en su mayoría policías, lo que para Article 19 refleja que “el Estado no funciona. Quien debería brindar protección se convierte en el principal perpetrador de los ataques: eso crea el clima de miedo que se respira en cualquier redacción del país”, además el 47.8 por ciento de los periodistas trabajan en medios impresos, 20.8 en plataformas digitales, el 16 por ciento en radio y televisión y el 13.4 por ciento son periodistas independientes.
También señala que el “Internet ha proporcionado oxígeno a la diversidad de opiniones e ideas, ha impulsado en México ejercicios periodísticos de gran trascendencia”, aun así los ataques a la prensa digital han crecido, durante el 2014 se registraron 59 casos de hostigamiento o amenazas a través de redes sociales o plataformas, además de 12 ataques directos contra portales de información.
Las agresiones a comunicadoras aumentaron considerablemente, en el sexenio de Calderón Hinojosa, 192 sufrieron algún tipo de ataque, en promedio 32 al año. En este gobierno se han perpetrado 122 ataques, 29 en 2013 y 63 en 2014.
Una de las conclusiones que hace es que a pesar de que el Estado mexicano cuenta con todas las herramientas legales para garantizar la libertad de expresión, parece no tener la voluntad de lograr un cambio significativo para que México deje de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, a pesar de las diferencias entre los últimos dos sexenios algo que tienen en común es la impunidad, “ya que los órganos encargados de la procuración de justicia federal y local han permitido que estos ataques continúen”.
De todas las agresiones y ataques graves documentados ningún caso cuenta con personas sentenciadas penalmente, y en donde hay avances en las investigaciones, las líneas de seguimiento están desvinculadas del ejercicio profesional de las víctimas. La organización subraya que parece haber una simulación de justicia, mantenida por órganos estatales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Segob y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que son ineficientes y adornan el discurso oficial; el Informe hace una serie de recomendaciones a estos órganos para brindar de mayor protección a los comunicadores.
